El pueblo está claro que la mentira y el engaño son política pública del presente gobierno de la isla. Desde el gobernador, pasando por la alcaldesa de la capital, continuando por representantes y senadores de mayoría, la mentira, el engaño y la falta de transparencia han sido utilizados consistentemente como opción para enfrentar y comunicar los problemas que confrontamos. Funcionarios de la presente administración como los representantes Luis Raul Torres, Carlos Vargas y la alcaldesa Yulín, han acusado al gobernador de mentiroso y estos a su vez han recibido iguales señalamientos. La situación es tal que el compañero de papeleta del gobernador, Rafael Cox Alomar ha señalado que “no se le está hablando con la verdad al País”.
Desde la pasada campaña, los populares constantemente repiten la mentira de que en la administración del gobernador Luis Fortuño se despidieron 30,000 empleados cuando saben que no es cierto. La actual administración certificó que fueron 11,200. Desde el mismo inicio de la presente administración constantemente alegan haber recibido un gobierno en quiebra con una deuda de $2,200 millones. Para esto no han mostrado ninguna evidencia certificada por auditores externos de que eso es así, como lo hizo Luis Fortuño, quien recibió en el 2009 un gobierno con un déficit de $3,300 millones, un déficit en caja de más de $4,459 millones, más de $960 millones en cheques del gobierno emitidos sin fondos, un sistema de retiro del ELA en quiebra, la Universidad de Puerto Rico con un déficit de $200 millones y suplidores de servicios a los que por meses no se les había pagado.
Todo esto debidamente certificado por auditores externos. ¿Por qué no presentan los actuales administradores una certificación auditada oficial de lo que alegan es la deuda recibida por ellos? De no presentarla no se les puede creer. Pero más aún, Fortuño dejó la economía en un repunte positivo: el Índice de Actividad Económica en terreno positivo, el crédito sin constituirse en chatarra – obra exclusiva de esta administración- y con la advertencia de las casas acreditadoras a la administración entrante de que debían continuar con las sanas políticas económicas y fiscales de la administración Fortuño. ¡Prohibido olvidar!
Desde el inicio de la presente administración, las mentiras y engaños han llovido a cantaros: presupuestos supuestamente cuadrados, IVU a reducirse y eliminarse sin hacerlo, Banco Gubernamental de Fomento solvente cuando está descapitalizado, etcétera, etcétera. La lista es muy larga para este espacio. La última cantaleta de mentiras es porque por segunda ocasión en veintidós meses “tienen que subir” el impuesto al barril de petróleo (crudita) – de $9.25 a $15,50 habiéndolo subido anteriormente de $3.00 a $9.25 – habiendo prometido en el 2013que no se subiría más. Este nuevo aumento se alega es para inyectarle liquidez al BGF y nuevamente atender la solvencia o
peracional de la ACT para evitar irse a la quiebra. Esto lo pretenden justificar basándose en la mentira de que Fortuño aumentó la deuda de la ACT de $84 millones a $2,200 millones.
En reciente columna en este rotativo el gobernador Fortuño desmintió esto señalando: “Para realizar este análisis correctamente, debemos sumar la deuda total de Carreteras (en bonos emitidos, líneas de crédito con bancos privados y préstamos con el BGF). El dato que debemos utilizar es la deuda total de Carreteras, según se desprende de los Estados Financieros Auditados de dicha agencia gubernamental. Pues bien, la deuda total de Carreteras, según fuera auditada, era de $4,200 millones para el año 2000, $6,910 millones para el 2008 (un aumento de 57%), y $7,000 millones para el 2012 (un aumento de 1.3%, lo cual es muy por debajo de la tasa de inflación en esos 4 años).”
“Nadie puede considerarse líder, ni tiene derecho a que lo consideren líder de un pueblo, si no sabe decir lo mismo la verdad que agrada que la verdad que duele… Luis Muñoz Marín 15 de noviembre de 1942.
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