EL VOCERO/Archivo

Repasar los acontecimientos dolorosos en este último año, también es revisar las lecciones aprendidas para atajar el año venidero.  En el ámbito judicial la elite judicial de la oligarquía política, aparentemente no es inmune a los tentáculos de la corrupción por la avaricia del dinero.

Nuestra mirada en el espejo retrovisor primero enfoca en el acontecimiento que abrió las compuertas a la desconfianza en la Rama Judicial, meses antes de que el entonces Juez Presidente Federico Hernández Denton se retirase.  Por la deuda pública gigantesca, las Ramas Ejecutiva y Legislativa pusieron a correr su plan para recortar el gasto público en el lugar más vulnerable: el sistema de retiro.   Subió el telón del 2014 con la vista pública televisada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) dando cuenta del serio conflicto de interés de los jueces del más alto foro usando de escudo su independencia judicial (Brau vs ELA, et al, CT 2013-021).  Ante la mirada atónita del país,  se defendieron de ajustarles sus pensiones para atajar la crisis fiscal; distinto al trato que le dieron a la demanda incoada por empleados a nivel central el año anterior (Victor Trinidad, et. al. vs ELA, CT 2013-008-010, 24 junio 2013).   Tampoco revelaron las alegadas transferencias de fondos del fideicomiso del Sistema de Retiro de Empleados de Gobierno para cubrir el sobregiro en el Departamento de Hacienda para pagar pensiones de jueces por el déficit del Sistema de Retiro de la Judicatura (Informe de Auditoria RE-15-01, 3 septiembre de 2014).

Este es el telón de desconfianza en que la jueza asociada Liana Fiol Matta asume la presidencia del TSPR en junio de 2014.  Acto seguido la licenciada Maite Oronoz Rodríguez, hija de la ex jueza Dolores “Maggie” Oronoz lleno la vacante como jueza asociada. Su vista de confirmación en junio de 2014 fue la consagración del rito de pasaje como  heredera de la oligarquía política colonial.   Por otro lado, se puso en evidencia la falta de diligencia en la investigación de querellas radicadas contra jueces, costándole el puesto a la entonces directora de la Administración de Tribunales, Soñia Ivette Vélez. A pesar de las loas a su ejecutoria, su renuncia era inminente.  En entredicho quedó.

Por su parte, el juez asociado Luis Estrella catalizó la discusión en torno a la falta de transparencia en la adjudicación de contratos en función de que se hiciera público los integrantes de la junta de evaluación de propuestas para las subastas. Se revivió la discusión sobre el contrato para la construcción y alquiler de la Oficina de la Administración de Tribunales y el Tribunal Apelativo. Un negocio redondo para Cecort Properties and Services, celebrado hacía más de una década con su inauguración pomposa por la entonces gobernadora Sila María Calderón, y el entonces Presidente del TSPR,  José Andreu García, dejó la estela del despilfarro de fondos públicos en contratos leoninos. En entredicho también está el contrato para la construcción del Tribunal de Menores y Familia en Bayamón, inicialmente con Desarrollo Dos Hermanos, Inc, en que participaba como accionista la jueza Georgina Dávila Altieri, que con o sin dispensa, le resquebrajó la fragilidad de su integridad.

La pulcritud de la toga siguió desinflándose con la acusación a nivel Federal del juez de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández, gracias al cántico del acusado Lutgardo Acevedo quien admitió haberlo sobornado a cambio de su absolución de delitos ante su consideración. (USA vs Manuel Acevedo Hernández y Lutgardo Acevedo López, Caso Criminal #14-380, 28 mayo 2014). Previamente, Ramón Negrón Colón, exabogado de José ‘Junior Cápsula’ Figueroa Agosto, hizo alegación de culpa ante el Tribunal Federal, por haber recibido cerca de $600,000 para comprar funcionarios públicos para lograr anular la condena a su cliente, incluyendo la posibilidad de alegadamente pagarle al juez del caso.

Las autoridades federales en Puerto Rico cerraron con broche de oro el año 2014. El arresto del  desarrollador Juan Ramón Zalduondo Viera pone en entredicho cómo el cedazo de la Comisión de Evaluación Judicial, de la cual fue integrante,  a nivel del TSPR pudo haber estado en manos de quién interesaba proteger a traficantes de drogas. Queda al descubierto cómo el lavado de dinero producto del trasiego de drogas, también se va entrelazando alegadamente en las entrañas de las estructuras altas de la Rama Judicial.  Ya no es la compra de políticos a través de donativos de campaña, sino como se cuelan en las estructuras de ley y orden, para agilizar la impunidad.  Esto hay que frenarlo, antes de que sea muy tarde.  ¡Bienvenido el 2015 para limpiar casa!