La administración tendrá una cargada agenda este año que recién comienza. Nos convendría a todos que tuviera éxito llevándola a cabo. He aquí una humilde recomendación: discútanla con transparencia e implántenla en ánimo de consenso.

La proximidad de las elecciones hace siempre más difícil la agenda legislativa en la segunda mitad del cuatrienio de cualquier administración. El ánimo de la oposición política y de la opinión pública de darle más dócilmente al Ejecutivo lo que pida a principios de su mandato, se torna menos cooperador, suspicaz y hasta adversario según va pasando el tiempo. Y en parte con buena razón, porque el ánimo del Ejecutivo también va cambiando y sus propuestas en la segunda mitad del cuatrienio a menudo vienen motivadas más por el cálculo político de cara a unas elecciones cada vez más próximas que por consideraciones legítimas de política pública.

Ante esa realidad, se cae de la mata que a todos nos hubiera convenido más que la administración actual, como lo hizo la anterior, hubiese articulado y aprobado su proyecto de reforma contributiva en la primera mitad del cuatrienio. No lo hizo. En vez, se distrajo improvisando medidas como la patente nacional—entre decenas de otros impuestos, arbitrios y recargos—sobre la cual no hace falta opinar mucho más.

Ahora se encuentra corriendo contra el reloj de su propia inacción para aprobar cuanto antes una reforma contributiva que no solo es indispensable si es que aún tiene la esperanza de revertir el funesto derrotero económico por el cual nos ha encaminado, sino que su propia mayoría legislativa le ha exigido a cambio de aprobar la nefasta crudita que la administración insiste hace falta para que no colapse el Banco Gubernamental de Fomento y, con él, las finanzas del estado.

El problema es que en esto de aprobar una nueva reforma contributiva, la prisa es mala consejera. Y la falta de transparencia, ave de mal agüero.

La reforma contributiva debe considerarse con tiempo, debatirse amplia y públicamente, y aprobarse por consenso. De lo contrario, estará abocada al fracaso. Esto no puede ser una repetición de la manera en que se consideró y aprobó la crudita, con sus amenazas, desplantes, promesas de barriles de tocino, embustes, amenazas de cierre del gobierno y otras repudiables maniobras.

Reiteramos nuestro llamado a que tanto la administración como la Legislatura sean transparentes en el propósito mismo de la reforma, porque por una lado nos están queriendo dar la impresión de que con ella se le va a aliviar la carga impositiva al Pueblo y por otro nos admiten que uno de los objetivos es aumentar los recaudos por $1,500 millones.

Dejarle más dinero en el bolsillo a la gente que se lo gana con el sudor de su frente es una buena política contributiva. Pero bajarles la contribución sobre ingreso por un lado y por el otro aumentarles la contribución sobre la propiedad y los impuestos al consumo—como sería subir el IVU del 7% al 15%, aunque le llamen IVA—sería un cruel acto de “injusticia contributiva” a un Pueblo que no aguanta ni un impuesto más.