El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, perdió la confianza del liderato de la Cámara de Representantes y ayer, varios legisladores, le solicitaron al gobernador Alejandro García Padilla que le pida cuentas al funcionario por lo que ellos describieron un pobre desempeño.

El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Charlie Hernández López, el portavoz alterno Carlos Bianchi Angleró, el presidente de la Comisión de Hacienda Rafael? “Tatito” Hernández y los representantes Nelson Torres Yordán, Narden Jaime Espinosa, César Hernández Alfonzo, Luis R ‘Narmito’ Ortiz y José ‘Pito’ Torres cuestionaron ayer, cada uno por separado, la capacidad del secretario del DTOP para dirigir la agencia. También denunciaron la inaccesibilidad de Torres para atender los reclamos de sus distritos y de sus constituyentes por el pobre mantenimiento de las vías públicas del País.

Legisladores no confían en el jefe del DTOP

Varios funcionarios plantearon que el secretario de la agencia Miguel Torres ha llevado al gobernador a errar a la hora de tomar decisiones

“Los legisladores se han cansado de presentar unas quejas que él (Torres) no ha logrado escuchar. Comparto la decepción e inconformidad que tienen mis compañeros representantes con el secretario de DTOP por la falta de accesibilidad y de acción de este funcionario”, dijo Hernández López.

El portavoz de la mayoría de la Cámara de Representantes asimismo añadió que las limitaciones presupuestarias no pueden ser una excusa para que Torres incumpla con su deber ministerial de mantener las carreteras de Puerto Rico.

El fracaso de las fotomultas, a juicio del portavoz de la Cámara, siempre fue previsible y aunque los legisladores advirtieron a Torres para que rechazara este plan, el funcionario ignoró sus planteamientos.

“Ignoró nuestros planteamientos y ahora el problema es mayor porque hay que devolver las multas pagadas, hay que resolver en un caso con la compañía que se le canceló el contrato y todo esto se pudo haber evitado si hubiese escuchado lo que le sugerimos los legisladores”, dijo.

¿Usted le va a pedir al gobernador que le solicite a Miguel Torres su renuncia?, preguntó  El Nuevo Día.

“Prefiero dejarle eso al juicio del gobernador. Hay una molestia en la estructura política del país, en sus legisladores sobre el trabajo de este secretario y creo que el gobernador debe tomar las decisiones que tenga que tomar para resolver esto. Si (García Padilla) cree que las puede resolver con una amonestación o con un ajuste de la conducta del secretario, pues perfecto. Si cree que tiene que tomar otra decisión pues la sabremos”, respondió Hernández.

Pobre labor

En tanto, el portavoz alterno de la Cámara, Bianchi Angleró, señaló que el secretario del DTOP “no ha hecho bien su labor” de velar por la seguridad vial e ignora, desde hace dos años, los reclamos internos y públicos de los legisladores y alcaldes para repavimentar varias carreteras.

“Hace más de seis meses, en caucus, nos sentamos con Miguel Torres para que tomara acción con varias preocupaciones de los legisladores pero no ha hecho nada. El DTOP, como sombrilla, no ha sido efectivo en la forma de manejar los fondos y nos ha obligado a nosotros a aprobar un impuesto (el alza del arbitrio al petróleo) para resolver sus problemas. Creo que Miguel Torres ha inducido a error al gobernador con el tema de las fotomultas y hace algún tiempo que ya no cuenta con mi confianza”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda denunció la inacción de Torres para poner en operaciones la nueva Autoridad del Transporte Integrado (ATI), a pesar de que la Legislatura le asignó hace seis meses al secretario del DTOP $35 millones. Además criticó su silencio para defender el impuesto al petróleo, mejor conocido como la crudita.

“Torres es el autor intelectual y padre de la crudita pero el país no lo reconoce porque no ha defendido la medida ni al gobernador. Él no ha cumplido con su deber ministerial y como representante de distrito han pasado 24 meses y Miguel Torres no ha tenido un compromiso de justicia con Dorado, Vega Baja ni Vega Alta y los problemas que tenemos en las carreteras y de inundación”, dijo Hernández.

Perdió la confianza.  El presidente de la Comisión de Hacienda resaltó que Torres ya no cuenta con su confianza y “no ve práctico” que el funcionario acuda a la Legislatura para pedir fondos. “Está claro que no creo que sea práctico que un funcionario atienda a una agencia tan importante, con problemas tan importantes, y no tenga la deferencia de trabajar con nuestras preocupaciones. Es momento de ejecutar y el DTOP necesita a una persona que tenga la sensibilidad, el compromiso y la capacidad de actuar”, destacó Hernández.

Ayer mismo, en su oficina en el Capitolio, el representante César Hernández Alfonso  destacó que su malestar con el secretario del DTOP es por la falta de accesibilidad del funcionario y por su “pobre administración” de la agencia.

Mientras, Nelson Torres Yordán instó al secretario del DTOP a evaluar sus ejecutorias al mando de la agencia y a reconocer las áreas en las que ha fracasado como administrador.

El representante por el distrito de Humacao, Naguabo y Las Piedras, Narden Jaime Espinosa, clamó por la acción de Torres con los problemas en las vías de su distrito. “Quiero la acción del secretario y más supervisión del Ejecutivo sobre su labor”, indicó.

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• Departamento de Transportación y Obras Públicas
• 14 de enero de 2015

  Loiceños desesperados por inacción del DTOP

  Maleza, pestilencia y deslizamientos afectan la zona de la PR-951, cerrada desde hace casi un año

  Por Ivelisse Rivera Quiñones / ivelisse.rivera@gfrmedia.com

  

  Las personas en el desespero han removido las vallas. (ivelisse.rivera@gfrmedia.com)

  Loíza.- El alcalde de Loíza,Eddie Manso, exigió al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, que asuma su responsabilidad y arregle la PR-951, carretera que se ha mantenido cerrada por 10 meses.

  Manso denunció hoy a los medios de comunicación que a pesar de sus múltiples gestiones, las que incluyen reuniones con personal del DTOP y de la Autoridad de Carreteras, hasta vistas oculares en el área, 10 meses después de que la vía fuera cerrada al tránsito, todavía no se ha resuelto la situación.

  La carretera, que une a los pueblos de Loíza y Canóvanas, discurre a lo largo del río Grande de Loíza, y fue cerrada debido a deslizamientos de terreno que han afectado la ruta, lo cual ha puesto en peligro a los que por allí transitan.

  Y es que a pesar de que fueron colocadas vallas de hormigón al inicio de la vía, supuestamente los vecinos desesperados las han removido para poder usar la ruta.

  «Queremos que el DTOP tome cartas en el asunto. Esto atenta contra la seguridad de los loiceños y ellos se han hecho de oídos sordos», reclamó Manso en una conferencia de prensa realizada en la vía.

  «Las personas en el desespero han removido las vallas. Esto es un peligro y una irresponsabilidad de la Autoridad de Carreteras. Ya no encuentro qué más hacer», continuó el alcalde.

  Según Manso, ya existe un estimado de lo que costaría arreglar la vía, $1.3 millones. Reclama que es responsabilidad del gobierno central solucionar la situación, ya que la carretera es estatal y añadió que -aunque quisiera tomar acción- no puede ya que tampoco cuenta con el dinero para hacer la reparación.

  «Yo no tengo potestad porque la carretera es estatal. Además, para mí sería imposible; nosotros no teníamos el dinero ni para pagar la primera nómina de enero», manifestó.

  Mientras la carretera, transitada frecuentemente, se ha convertido en un vertedero clandestino donde han depositado muebles, enseres eléctricos, escombros y hasta carros quemados. Todo esto provoca gran pestilencia en el área.

  «Esta es una carretera compartida que une a Loíza con Canóvanas. En varias ocasiones he limpiado el área de buena fe, pero ya no lo voy a hacer. Eso les corresponde a ellos», enfatizó.

  Otro peligro es que la maleza ha ido reclamando espacio y en gran parte de la ruta lo que queda de terreno asfaltado es menos de un carril.

  Manso no dio información exacta de cuál será su próximo paso, aunque sí mantuvo abierta la posibilidad de acudir al tribunal.

  Entretanto, Carmelo Nieves, un residente de la comunidad Las Cuevas en Loíza, que llegó hasta el lugar mientras se dirigía a su hogar, señaló que sigue usando la peligrosa vía porque es la que le permite más rápido acceso a salir de la comunidad.

  «Este es mi medio de transporte. Por allá (ruta alterna) lo que se forma es tremendo tapón», dijo el loiceño.

  Por su parte, el ingeniero Javier Arroyo, de la Autoridad de Carreteras, reconoció que el estado actual de la PR-951 es un problema para los vecinos del área, mas, aseguró que no cuentan con los fondos para resolver el problema.

  “Entendemos que es una emergencia para los residentes del área pero tenemos que esperar tener dinero para atender la situación. Nosotros estamos tratando de buscar fondos, tan pronto la crudita (proyecto de ley de arbitrio al petróleo) se autorice con las enmiendas que se están evaluando nosotros estaremos en disposición de atender la situación”, dijo Arroyo.

  Arroyo manifestó que para atender la peligrosidad inmediata de que la vía siga siendo utilizada por los conductores, se comunicaría con el ingeniero Germán Irrizary, director ejecutivo de la directoría de Obras Públicas, para que envíe a su personal para que vuelvan a colocar las vallas de seguridad para cerrar el paso y a que remuevan los escombros del área.

  Legisladores del PNP la emprenden contra gobierno por fotomultas

  Por Primerahora.com01/15/2015 |07:52 a.m.

  

  “Pretenden borrar, con la cancelación de ese contrato, la improvisación y el daño que han provocado con un sistema torpe», apuntó la senadora Margarita Nolasco.

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  La senadora por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP) Margarita Nolasco Santiago insistió hoy en la renuncia del Secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres, al tiempo que advirtió que procurará la investigación del dinero desembolsado para implementar el proyecto de las fotomultas, cuyo contrato fue cancelado anoche.

  “Pretenden borrar, con la cancelación de ese contrato, la improvisación y el daño que han provocado con un sistema torpe, diseñado para que fuese casi imposible evitar la multa, y mucho menos apelarla”, apuntó la senadora.

  “Lo peor de todo es que nunca aceptan culpas y hasta dejan la puerta abierta a reimplantar el sistema de fotomultas, cuando enfatizan en que la empresa no cumplió con los requerimientos del DTOP”, agregó.

  Nolasco cuestinó, que el Sistema de Monitoreo Electrónico en Intersecciones y Tránsito (Simone) se tratara de un proyecto piloto, según había dicho Torres, pues el contrato con la empresa International Traffic System (ITS) contenía una cláusula que ahora, según ha trascendido, se tendrán que pagar $6,000,000 de penalidad por la cancelación.

  Mientras, el representante Ricardo Llerandi Cruz, reclamó a Torres que informe la cantidad exacta que se pagará a la empresa por la cancelación del contrato y que diga de dónde saldrá el dinero.

  El legislador se unió a la exigencia del también representante Jorge Navarro Suárez para que se devuelva el dinero que ya los multados habían pagado.

  “Esos dineros tienen que ser devueltos ya. Si no lo hacen por su propia voluntad, entonces la Asamblea Legislativa tiene la obligación de forzar el reembolso”, expuso el representante en comunicado de prensa.

  Se estima que entre el 1 de octubre de 2014 y el 5 de enero de 2015 se expidieron unos 11,108 boletos, de los que 10,513 fueron por exceso de velocidad y exceso de velocidad en zona escolar, y 595 por rebasar una luz roja.

  DTOP cancela contrato de fotomultas

  Por Primerahora.com01/14/2015 |09:07 p.m.

  

  El secretario de la agencia informó que se reunió esta tarde con los ejecutivos de la empresa, y tras evaluar el programa y su ejecución, concluyó que la empresa no ha cumplido con los requerimientos del DTOP.

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  El contrato de las polémicas fotomultas ha sido cancelado, informó esta noche el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

  El secretario del DTOP, Miguel A. Torres Díaz, anunció que se reunió esta tarde con los ejecutivos de la empresa International Traffic Systems, LLC, y tras evaluar el programa y su ejecución, concluyó que la empresa no ha cumplido con los requerimientos de su agencia.

  “Entendíamos que el sistema para recibir orientación sobre el proceso de revisión ya se había atemperado a las necesidades y la realidad de Puerto Rico, según se nos había informado, pero al no ser así, llamé a los representantes de la empresa esta tarde y les hice saber de nuestro malestar con el proceso de implantación del sistema, el cual tiene como único propósito contribuir a garantizar la seguridad en nuestras vías públicas”, sostuvo Torres Díaz en un escueto comunicado de prensa.

  “En vista de que se trata de un proyecto piloto, que como dije siempre, estaba sujeto a continua evaluación y, tomando en cuenta la experiencia de estos meses, y siguiendo la directriz del gobernador, quien nos solicitó evaluar el cumplimiento de este contrato sin dilación, determinaos cancelar el contrato con esta compañía e iniciar un proceso de forma expedita, que atienda las preocupaciones de los conductores y que cumpla con nuestros requerimientos y expectativas de lograr carreteras más seguras”, agregó el funcionario.

  El titular del DTOP, sin embargo, defendió el concepto del Sistema de Seguridad Vial, el cual, según aseguró, ha contribuido a cambiar la conducta de personas que violan las leyes de tránsito, y contribuirá a tener vías más seguras.

  Aunque, de inmediato no indicó categóricamente si la agencia tiene previsto llegar a un acuerdo con alguna otra empresa que opere un sistema similar, trascendió que ese asunto se discutirá mañana, jueves, en una reunión con la junta directiva del DTOP.

  Ángel Raúl Matos, portavoz del DTOP, dijo a este medio que Torres Díaz no emitiría esta noche más declaraciones sobre este tema, pero mañana, jueves, después de una reunión con la junta hablaría con los medios.

  La cancelación del contrato con International Traffic Systems, LLC, tendría un impacto de $6 millones. Esa sería la cantidad que tendría que pagarse a esa empresa.

  Unos 20 minutos después del anuncio del DTOP, el gobernador Alejandro García Padilla se pronunció sobre las fotomultas. “Las leyes de tránsito tienen que respetarse para garantizar la seguridad de nuestra gente en las carreteras. Sin embargo, los mecanismos para lograr esto, tienen que ser implementados correctamente”, sostuvo García Padilla en dos mensajes por su cuenta de Twitter.

  El anuncio del DTOP surge a pocos días de una protesta de ciudadanos que alegó operaciones inadecuadas de las máquinas que de forma automática emitieron multas a miles de conductores. Ese grupo reclamó al Departamento de Asuntos del Consumidor que inspeccionara las máquinas por entender que existían fallos en su calibración u operación.

  Esta semana, además, se sometió un proyecto para encaminar una pesquisa legislativa sobre las operaciones de las fotomultas, un sistema que recibió una ola creciente de críticas desde el inicio del programa piloto el pasado 1 de octubre en cuatro intersecciones de transitadas vías capitalinas.

  Las críticas al sistema incluyeron desde indebida rotulación con avisos pequeños para los conductores hasta marcado incorrecto de penalidades que irritaron a muchos automovilistas que recibieron por correo las multas.

  Sin embargo, recientemente la molestia mayor expresada por los ciudadanos se relacionó con un proceso terrible para impugnar las multas.

  En la Legislatura, senadores y representantes de mayoría estuvieron receptivos a las quejas de muchos conductores que recalcaron su compromiso de cumplir con la Ley de Tránsito, pero se mostraron molestos por recibir multas indebidas y, para colmo, se enfrentaron a un sistema impenetrable para impugnar las penalidades.

  Durante los primeros días de operaciones incluso uno de los equipos de las Fotomultas, ubicado en la avenida Piñero fue vandalizado, justo mientras se cuestionaba el proceso para poner en vigor el programa piloto, sin llevar a cabo subastas, ni una discusión abierta sobre la iniciativa de impacto directo a los ciudadanos.

  En días recientes se indicó que en los primeros meses de operaciones en 2014, se llegaron a recaudar hasta $70,000 por concepto de multas.

  El anuncio formal sobre el programa de fotomultas se hizo el 17 de septiembre por el gobernador García Padilla, quien reclamó este miércoles la suspensión del mismo. Al defender entonces el sistema electrónico de vigilancia para hacer cumplir las leyes de tránsito, precisó que operaría inicialmente en la intersección entre la avenida Piñero (PR-17), el expreso de Trujillo Alto (PR-181), el Ramal 8 y el Puente Teodoro Moscoso.

  El gobierno tenía previsto instalar esos equipos en más intersecciones, pero por el momento la proyección queda en suspenso.