El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, deberá comparecer este viernes ante la jueza del Tribunal de San Juan, Aileen Navas, para presentar en un sobre sellado el informe de la firma KPMG, el cual ha sido negado a la prensa y a la ciudadanía por considerarlo un documento no público.
Navas emitió la resolución y orden esta tarde, amparándose en la jurisprudencia, que establece que cuando no existen estándares para determinar si un documento debe mantenerse confidencial, corresponde al tribunal hacer tal determinación mediante un examen de cámara para “determinar si, en efecto, los intereses que el estado busca proteger al negarse a proveer la información solicitada, superan o no el derecho constitucional del ciudadano que solicita el acceso a dicha información”.
La jurisprudencia también indica que el Estado no está en libertad de decidir cuáles documentos estarían fuera del escrutinio.
La demanda de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, su presidente Rafael Lenín López, así como la página web Sin Comillas y su 
presidenta Luisa García Pelatti, surgió el 4 de diciembre ante la negativa del Gobierno de divulgar el contenido del informe sobre la reforma contributiva.
Los demandantes se basan en que se trata de un documento público, pero según el Estado, no procede la divulgación del informe y la demanda debe ser desestimada “en virtud del privilegio ejecutivo para proteger el proceso deliberativo en la formulación de política pública”. El Gobierno también plantea que el informe es pre decisional.
La vista para evaluar el informe será este viernes a las 10:30 de la mañana en el Salón 907 del Tribunal de San Juan.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
IVA: patente nacional en esteroides
Si madura como pinta, el Impuesto al Valor Añadido (IVA) que la presente administración se propone adoptar como pieza central de la tan prometida reforma contributiva va a ser desastroso para la economía de Puerto Rico.
Si bien la patente nacional ha sido nefasta, el IVA va a ser peor. Recordemos que la odiada y fracasada patente—que ahora eliminarían—se implantó en lugar de la propuesta inicial de aplicarle el IVU de 7% a las transacciones entre negocios. El sector privado pegó el grito en el cielo, pero se dejó embaucar por la idea de una patente nacional que pronto empezó a ahogar a comercios de todo tamaño, llevando a muchos de ellos a la quiebra. Pues, ahora resulta que el IVA gravaría todas las transacciones entre negocios, sólo que no al 7% sino a más del doble de eso…un número de doble dígito—según el secretario de Hacienda—que expertos dicen pudiese estar entre el 16% y el 20%. En fin, una patente nacional en esteroides.
Y al consumidor también le van a sacar más de su bolsillo. Según uno de los escenarios que barajan los expertos, aun un contribuyente que gane menos de $30,000 y a quien le eximan totalmente de pagar contribución sobre ingresos, con cualquier IVA de más del 12% acabaría pagando más que ahora. Y ese es un escenario bien conservador.
La matemática para Juan del Pueblo es bien sencilla: el IVU es de 7% y el IVA pudiera ser de 16%; no importa cómo se lo pinten, le va a doler…y mucho.
Aunque los detalles del nuevo impuesto se mantienen aún en el cuarto oscuro en que llevan cocinando el resto de la reforma contributiva, no estamos haciendo un juicio prematuro. Por supuesto que todo dependerá del porciento que finalmente se establezca y sobre qué base se aplique. Pero sabemos ya lo suficiente de los escenarios que se están barajando como para concluir que la administración busca recaudar entre $5,000 y $7,000 millones por encima de lo que hoy recaudan en IVU.
Sin entrar en ninguna otra consideración, la economía de Puerto Rico sencillamente no aguanta que le saquen esa cantidad de dinero de los bolsillos de los ciudadanos y los negocios para entregárselos al gobierno para que lo malgaste.
Pero puede ser peor. El riesgo de implantación es tan grande que tanto el Ejecutivo como la Legislatura deberían repensar la idea. Dada la precaria situación en que se encuentran las finanzas del estado, si fallan en la ejecución—lo cual no sorprendería, pues han fallado en la ejecución de prácticamente todo lo demás—y no logran los recaudos que proyectan, vamos a caer en un abismo económico aún más grande.
Reiteramos nuestra preocupación de que se esté queriendo proyectar que la reforma contributiva traerá alivios a la gente cuando la verdadera intención es lo contrario: aumentar las contribuciones para tratar de cubrir la insuficiencia presupuestaria que aún arrastran por negarse a hacer los recortes necesarios en el gasto público. En ese sentido, aplaudimos la posición adoptada por la Cámara de Comercio de requerir que cualquier iniciativa de reforma contributiva debe empezar con el compromiso de reducir los gastos del gobierno en un 20% en un período de cinco años. En realidad el recorte tiene que ser aún más profundo, pero al menos el planteamiento va en la dirección correcta.
Por lo que reiteramos nuestra vertical oposición a que se le imponga una sola carga contributiva adicional al Pueblo hasta que el gobierno no demuestre su voluntad de reducir el gasto. Está pasada la hora de que el gobierno se ajuste el cinto, como lo tiene que hacer la familia puertorriqueña.
Editorial, EL VOCERO
Negro cuadro fiscal para el 2017
La manera en que la presente administración está manejando la situación fiscal del gobierno da a entender que no anticipan estar a cargo en enero de 2017.
El gobierno sigue gastando más que lo que ingresa. Aunque han subido las contribuciones por las nubes, aún no les da. Pero siguen reacios a reducir gastos, y en particular a reducir la nómina—que es el gasto principal—por aquello de que “este no es el cuatrienio de los despidos”.
El banco del gobierno se está quedando sin dinero. La administración—que tantas veces criticó a sus predecesores por coger prestado para cuadrar la caja—ya ha cogido prestado $2,000 millones adicionales en 24 meses. Aun con eso, insiste en que tiene que coger todavía más prestado, $2,700 si pudiera, porque de lo contrario se queda sin dinero antes de que termine el cuatrienio. Para eso pasaron la tercera crudita, para poder coger más prestado contra ese impuesto adicional al petróleo, que en definitiva paga el Pueblo.
Ahora resulta que aun con la crudita no van a poder coger prestado la cantidad que dicen que necesitan. Entre otras cosas, los expertos de Wall Street, dicen que a los inversionistas cada día les interesa menos prestarle a Puerto Rico.
Por los pasados meses han estado vendiendo la idea de una reforma contributiva como solución a la crisis fiscal, pero con mensajes contradictorios. Han dado a entender que lo que viene son alivios contributivos, pero por otro lado han dicho que necesitan que la reforma les deje $1,500 millones adicionales en impuestos.
Pero en las últimas semanas ha aumentado el coro de voces que advierten que la reforma contributiva—que nadie ha visto todavía—no va a generar nuevos ingresos de inmediato y que los retos que representa su implantación, en efecto, pudiera crear un disloque que aumente aún más el déficit.
Cuando se suman todos los factores, el cuadro para enero de 2017 es el siguiente: un nivel de gastos muy por encima de los ingresos recurrentes, un Banco Gubernamental de Fomento sin un peso en la caja fuerte, una deuda de unos $75,000 millones, y cero capacidad de coger prestado ni un solo dólar adicional, no solamente porque el crédito es chatarra, sino porque no nos van a querer prestar a ningún precio.
En pocas palabras, la actitud parece ser: “el que venga atrás, que se las arregle”. Porque ninguna administración que tenga la intención de revalidar permitiría que los que manejan sus finanzas los dejen en esa situación al comienzo de un segundo cuatrienio.
Saque el lector sus propias conclusiones.
Temen que un IVA golpee en exceso a los universitarios
Presidente de la Universidad Interamericana pide exención para el sector estudiantil
Ponce – El presidente de la Universidad Interamericana, Antonio Fernós, anticipó hoy, miércoles, que la transición a un Impuesto del Valor Agregado (IVA) sería “devastadora, a menos que se conceda una exención al sector de la educación superior”.
“El proyecto debe incluir algún mecanismo para que a ese estudiante en desventaja económica de alguna manera se le reembolse el IVA que va a estar pagando”, planteó Fernós como alternativa, al testificar ante la Comisión Especial para el Estudio del Sistema Contributivo.
El académico argumentó que en la actualidad la mayoría de los alumnos que abandona sus estudios lo hace por razones económicas, debido a que al menos 57% de los subgraduados apenas puede cubrir su matrícula y subsistir con beca y préstamos.
Como ejemplo reciente, indicó que cuando se enmendó la ley en 2013 para incluir las instituciones educativas en la retención y pago del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), la Universidad Interamericana tuvo un alza de $1.5 millones en gastos operacionales, lo que obligó a aumentar en $8 el costo por crédito.
“La Beca Pell (federal) redujo el periodo máximo que puede cubrir a un estudiante, aunque tenga 4 puntos de promedio. Si reduce el número de créditos porque no tiene dinero para pagar la totalidad, va a llegar a alcanzar el máximo tiempo de la beca, sin haber completado su meta educativa”, argumentó al explicar por qué a su juicio no sería viable limitar la carga académica por semestre en la institución sin fines de lucro que preside.
“Con el IVU pagaron los que menos tienen y no pagaron los que tienen más. ¿Pasará lo mismo con el IVA?”, cuestionó durante la audiencia legislativa, efectuada en el recinto ponceño de la universidad que dirige.
“Tenemos que hilar fino y ver cómo podemos garantizar que esos costos (de educación universitaria) no se disparen, no solo por los costos educativos, sino por el costo de vida”, reaccionó, por su parte, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, quien encabeza la Comisión Especial para el Estudio del Sistema Contributivo.
Sin embargo, Perelló, que en el pasado laboró como educador, no se mostró a favor de que el sector académico pueda ser exonerado del IVA, por entender que “abrir puertas a muchas excepciones, crea un coladero”.
“Con lo que más tengo problema es con visualizar a la educación como un consumo. La educación es una inversión en el futuro de un país”, puntualizó, por su parte, Fernós.
Mientras, el presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez, José “Pepe” Méndez, felicitó a la Cámara por abrirse al diálogo incluso antes de que el Ejecutivo someta un proyecto de reforma contributiva.
“La transparencia en los procesos de este tipo es fundamental para un buen gobierno”, indicó.
Tras aseverar que el nuevo sistema tributario debe ser sencillo y fácil de fiscalizar, advirtió que “no se logrará mucho a amenos que se revierta la erosión de la base contributiva que ha ocurrido por la aprobación de incentivos y subsidios mal concebidos, con poco o ningún impacto económico y social”.
“Yo buscaría dónde existe el modelo que queremos emular de un Departamento de Hacienda moderno, (porque) el sistema como está no es efectivo”, recomendó Méndez.
“Urge que el cambio en el sistema contributivo sea sometido al más riguroso análisis de cómo lo propuesto impacta a nuestros ciudadanos, nuestras empresas, en particular las medianas y pequeñas, que son fundamentales en nuestro desarrollo”, subrayó.
Fernós y Méndez representaron al sector de educación universitaria privada y sin fines de lucro en las vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 1124.
Esa medida ordena a la Comisión Especial escuchar a los distintos sectores productivos y a los ciudadanos que deseen expresarse sobre qué debería contener una reforma contributiva.
“El informe que va a rendir esta Comisión se enviará no sólo a la Comisión de Hacienda, sino también al Ejecutivo, que está en vías de redactar el proyecto”, indicó Perelló sobre la finalidad de las audiencias públicas por distintos puntos del país.
Al tribunal periodistas y Hacienda
Asppro y “Sin Comillas” demandaron a la agencia
La jueza superior Aileen Navas Auger ordenó este miércoles la celebración de una vista para examinar el contenido del informe realizado por la firma KPMG sobre la Reforma Contributiva, que solicitó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y blog de noticias de negocios “Sin Comillas” al Departamento de Hacienda mediante una demanda.
La audiencia se efectuará el viernes, 30 de enero a las 10:30 a.m., en el salón 907.
Ese día tendrán que comparecer el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Rafael Lenín López; la presidenta de Sin Comillas, Luisa García Pelatti, y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.
La resolución ordena que Acosta deberá llevar el informe trabajado por KPMG en un sobre sellado.
“El mismo será analizado por el Tribunal en cámara y evaluado a tenor con los criterios dispuestos en Soto v. Secretario, supra, a los fines de determinar la adjudicación de este caso”, indica el documento judicial.
La Asppro y Sin Comillas demandaron a Hacienda el pasado 4 de diciembre para solicitar divulgue y entregue el citado documento “al amparo del derecho del ciudadano a la información pública”, luego de que se negara la entrega del informe a la publicación digital el 20 de noviembre.
Los demandantes señalan que el informe rendido por la firma de asesoría financiera y auditoría fue usado por Hacienda como parte “la documentación que da base al proyecto de Reforma Contributiva, con que se propone modificar el sistema tributario de Puerto Rico. Por tal razón, entienden que el mismo “constituye un documento público susceptible de divulgación”.
Por su parte, Hacienda justifica su negativa a entregar el informe en que este no es final, sino un documento de trabajo que no es público.
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