Baja el telón, sube el telón y entra a escena el próximo acto de nuestra tragicomedia fiscal. No hacemos más que salir del sainete de la “crudita”, que dicho sea de paso mantuvo al País entero con los pelos de punta por la manera deshonesta y poco seria en que se condujo, para adentrarnos por la ciénaga pantanosa del IVA y de la tan mentada, y a la vez tan escondida, reforma contributiva.

No deja de sorprender que nuevamente se pongan en práctica los estilos fracasados de los últimos 24 meses. Asombra que al filo de hoy no haya ni siquiera un proyecto de reforma contributiva en blanco y negro, para que el pueblo sepa de verdad qué es lo que se le está proponiendo. A tal grado ha llegado el manto de misterio que La Fortaleza se ha enfrascado en un pleito innecesario con la prensa del País desconociendo el derecho fundamental del pueblo a la información pública.

Ni estuvo bien bajo la pasada Administración la intentona de coartar la libertad de prensa y el derecho a la información pública, ni tampoco está bien hacerlo bajo esta Administración.

Haría bien el Gobierno en hacer valer el principio enunciado por el Tribunal Supremo cuando al elevar el derecho a la información pública a rango constitucional resolvió que debía “de elevarse ese derecho a una posición de la más alta santidad si ha de constituir un baluarte contra un liderato insensible”. (Soto v. Giménez, 112 D.P.R. 477, 485 / 1982).

Esa misma insensibilidad fue la que castró la reforma legislativa que tanto prometimos durante la campaña y que después de las elecciones se hizo sal y agua, porque, al parecer de algunos, no había nada escrito en piedra, y por consiguiente poco importaba lo que pensara el País.

Lo mismo pasó con el proyecto que desembocó en la ley de reforma del sistema de retiro de maestros (luego declarada inconstitucional por el Supremo), que se mantuvo oculto hasta el último minuto para luego reventarle en la cara al Gobierno. Y lo mismo está pasando con respecto a la tan cacareada reforma del Instituto de Cultura, que no hay ni siquiera rastro de un proyecto de administración.

Y ni hablar de la prometida legislación local para atender el tema de status a través de un plebiscito, concepto éste contrario a los mejores intereses del País y destructor del compromiso que contrajimos con el pueblo de convocar la Asamblea de Status.

Para desdoro del País, en esta ocasión estamos presenciando lo mismo de siempre. Cada cual por su lado. La Cámara haciendo vistas públicas a lo loco, sin otro propósito que no sea politiquear. ¿A quién se le ocurre hacer vistas públicas (con lo que le cuestan al erario público) sobre un proyecto que no existe?

El Senado, por su parte, sacando pecho para luego echar hacia atrás como ya nos tiene acostumbrados. Y una Fortaleza sin credibilidad, sin iniciativa ideológica, dejándose llevar por la inercia, ambicionando una reelección sumamenteincierta que apuesta que se dará por carambola como rechazo al fantasma insepulto del “rossellato”.

Y para rematar, continúa la espiral de corrupción, deshonestidad e inmoralidad encarnada de forma hiriente para la ética del pueblo en ese pozo séptico de busconería que es el contrato del Cesco de Carolina, para, a todas luces, beneficiar a quienes luego aportarán al financiamiento de la campaña de reelección del propio gobernador.

Y el pueblo, cada día más endeudado, confundido, sin saber en quién creer, buscando desesperadamente brújula y compás.

La gente lo que quiere saber es: ¿qué es el IVA? ¿Cómo les afecta el bolsillo? ¿Se diferencia del IVU? ¿Por qué no volver al arbitrio, esta vez sin exenciones? ¿Cuál será su tasa? ¿Subirán los precios? ¿Cuánto costará administrarlo? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Traerá mayores recaudos? ¿Habrá exenciones? ¿Sobrevivirá el IVU municipal? ¿Y la planilla estatal?¿Vendrán tiempos mejores?

Sobran preguntas, lo que falta es liderato.