El comisionado residente, Pedro Pierluisi, presentará nuevamente esta semana un proyecto de ley ante el Congreso para que se le otorgue a Puerto Rico la facultad de reestructurar el pago de sus deudas al amparo del Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos.
Pierluisi pidió al gobernador Alejandro García Padilla que se una en el esfuerzo para que se logre esta vez la aprobación de esta medida.
Bajo el Código de Quiebras de Estados Unidos las asambleas legislativas de los estados pueden autorizar a sus subdivisiones políticas o instrumentalidades públicas a reestructurar el pago de sus deudas conforme a las disposiciones de este capítulo. Sin embargo, la ley federal de quiebras excluye expresamente a Puerto Rico de la definición de estado para esos propósitos.
Luego que el juez federal Francisco Besosa determinó el viernes que la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (Ley 71-2014)-mejor conocida como Ley de Quiebra Criolla-es inconstitucional, Pierluisi recordó que había advertido que “la restructuración del pago de deuda es un asunto federal que sólo puede atenderse de acuerdo a la Constitución y las leyes de Estados Unidos”.
“El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, declaró que la Ley de Quiebra Criolla es campo ocupado por el Código de Quiebras federal y por tanto, es inconstitucional al amparo de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Ante esta decisión, está más claro aún que la forma más adecuada de proceder es la que he propuesto, que las corporaciones públicas puedan acogerse a la protección de las disposiciones del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal”, sentenció Pierluisi en declaraciones escritas.
“Con ello, el Gobierno de Puerto Rico tendría la misma facultad que tienen todos los estados para autorizar a una corporación pública insolvente a que ajuste sus deudas en procedimientos sancionados federalmente. Volveré a presentar el Proyecto de Ley en el Congreso y espero que la administración de García Padilla apoye mis esfuerzos para asegurar su aprobación”, concluyó.
Por su parte, el virtual candidato a la Gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo (Ricky) Rosselló Nevares, opinó que la decisión del juez federal Besosa confirma que la administración García Padilla trabaja de manera improvisada.
Rosselló Nevares dijo que el fracaso de la Ley de Quiebra Criolla se suma a la inconstitucionalidad de la reforma del Retiro de Maestros, la implementación de la Patente Nacional, el proyecto Empleos Ahora, el aumento en tasas impositivas para aumentar el gasto operacional del Gobierno, la visión del Gobierno de restarle importancia a las casas acreditadoras, la promesa fallida de un IVU de 6.5 por ciento, la confirmación del superintendente James Tuller, la crudita, y sus enmiendas subsiguientes, entre otras.
“En todas estas instancias, el Gobierno intento esconder algo, hacer un proceso rápido y sin transparencia, y todos han culminado en desastres para Puerto Rico. Ante la abundante evidencia de dicha tendencia, pido a este gobernador y a este Gobierno que no cometan el mismo error con el IVA, sean transparentes y permitan la discusión. De otra forma, el resultado será igual a sus ejecutorias anteriores: un cantazo para el puertorriqueño de manera acelerada y atropellada, sin resultados positivos, y – que tarde o temprano – colapsara o se eliminará”, sostuvo el profesor universitario en un comunicado de prensa.
Silencio en Fortaleza
Al cierre de esta edición, ningún portavoz de La Fortaleza había emitido declaraciones sobre las implicaciones de la decisión judicial que declaró inconstitucional la Ley de Quiebra Criolla y si la administración de Alejandro García Padilla solicitaría algún remedio post sentencia o recurriría ante el Circuito de Apelaciones de Boston.
La Ley de Quiebra Criolla fue aprobada el año pasado, pocas semanas antes de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tuviera que pagar $700 millones a un grupo de acreedores. El estatuto fue aprobado pero poco después inició un proceso de reestructuración,que al día de hoy sigue vigente en la corporación pública, liderado por la oficial de reestructuración Lisa Donahue.
El director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, se limitó a decir ayer que “el Departamento de Justicia evaluará todos los parámetros de la decisión emitida por el juez Francisco Besosa y luego de los exámenes de rigor, se determinará el curso de acción a seguir” tras la decisión judicial.
“En la Autoridad de Energía Eléctrica, continuamos comprometidos con la búsqueda de soluciones, en consenso con nuestros acreedores y con todas las partes interesadas, a la vez que continuamos trabajando para mejorar nuestras operaciones y situación financiera”, concluyó en una declaración escrita a pedido de EL VOCERO.
You must be logged in to post a comment Login