La Autoridad de los Puertos (AP) insistió en que espera por la investigación de la Oficina de Inspector General del Departamento de Transportación federal a través de Administración federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) sobre la manipulación del concreto que se debió utilizar en la pista del aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla.
EL VOCERO solicitó una reacción del secretario de la Gobernación y exdirector de la AP, Víctor Suárez, pero La Fortaleza refirió una contestación por escrito del director de comunicaciones de la AP.
“La Autoridad de los Puertos, refirió este asunto para investigación por recomendación de sus auditores internos a la Oficina de Inspector General del Departamento de Transportación Federal a través del Federal Aviation Administration (FAA). A esos efectos, y habiendo descargado nuestra responsabilidad, nuestra posición es esperar al resultado de dicha investigación federal”, sentenció Efraín Santiago, director de comunicaciones de la AP.
Ni el portavoz de la AP ni La Fortaleza contestaron por qué el Gobierno mantiene contratos millonarios con las empresas señaladas por supuestamente utilizar asfalto inadecuado para la pavimentación de la pista del aeropuerto de Aguadilla.
EL VOCERO publicó ayer que la subasta le fue adjudicada a la empresa Comas & Comas, que supuestamente suplió el asfalto líquido utilizado diferente al estipulado en la subasta.
Mientras, Robles Asphalt -con sede en Ponce- y cuyos dueños son Raúl Robles y Francisco Robles, fue la empresa que suplió el pavimento asfáltico y que, a su vez, adquirió el asfalto líquido de BTB Asphalt Corp., empresa importadora del producto, cuyo gerente general y socio capitalista es Juan Vázquez.
Esta última garantizó el mismo a sabiendas de que no era el material que requirió la subasta, ya que el mismo no se manufacturaba en la Isla y tampoco se podía importar.
Mientras la investigación sigue su curso, las empresas vinculadas con el alegado fraude mantienen su autorización como licitadores legales del Gobierno, a través de afiliadas, pese a que la ley provee la facultad para descalificar a empresas en condiciones similares.
Según reportó ayer este rotativo, recientemente se otorgó un contrato a F&R Asphalt- corporación afiliada a Robles Asphalt, y cuyos dueños son las mismas personas, según se desprende de sus estados financieros- por la suma de $9.7 millones en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y otro de $325 mil en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Esta empresa, conjuntamente con BTB y Super Asphalt, fueron las mismas que según el empresario Jorge L. Díaz, presidente y CEO de Betteroads Asphalt Corp./Betterecycling Corp., estuvieron vinculadas a un caso de soborno en la Autoridad de Carreteras y Transportación, y que culminó con el arresto del tesorero de la agencia, Silvino Cepeda Ortiz por parte de las autoridades federales.
Se alega que el esquema por el cual el funcionario pidió y aceptó soborno involucró a estas tres compañías que regularmente trabajan juntas y que son contratadas con frecuencia por la agencia, según el empresario.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
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