Eric Rojas / EL VOCERO

La demanda radicada ayer en el tribunal federal contra la Autoridad de Energía Eléctrica y sus suplidores por un alegado esquema de fraude en la compraventa de combustible bien pudiera ser el comienzo del fin de la corporación pública como la hemos conocido hasta ahora.

Según el alegado esquema—divulgado en una investigación de EL VOCERO en mayo del año pasado—un grupo de suplidores de combustible, laboratorios y empleados de la AEE, burlaron durante años los controles de compra y análisis de combustible para venderle a la Autoridad a precio de combustible caro, combustible más barato que no cumple con los estándares requeridos por las agencias reguladoras. En pocas palabras, gato por liebre.

Bajo el alegado esquema, funcionarios de la AEE recibían sobornos, los suplidores recibían millones en contratos de suplido y los desentendidos abonados pagaban por esta monumental estafa mediante el cargo de ajuste por combustible en su factura de la luz.

De ser ciertas las alegaciones, este sería sin duda el mayor escándalo en la historia de la corporación pública y posiblemente su sentencia de muerte.

La demanda fue presentada como una demanda de clase, que quiere decir, una demanda a nombre de todos los abonados que presuntamente nos afectamos por las prácticas denunciadas en la misma. Si prospera como una demanda de clase y se prueban las alegaciones, el resultado de esta demanda le partiría el espinazo a la financieramente atribulada corporación pública.

Independientemente de eso, si las alegaciones tienen mérito, va sin decir que aquí habría habido además violaciones criminales en varios niveles, por lo cual una investigación por parte de las autoridades federales es de esperarse.

Este escándalo se suma al ya complicado panorama de una corporación pública cuyos días bien pudieran estar contados. La AEE está en impago de sus obligaciones financieras desde septiembre del año pasado, que quiere decir que no tiene suficiente dinero para pagar los préstamos que ha cogido. Los bancos y los bonistas le han dado un período de gracia a cambio de que se reorganice. Ese proceso, dirigido por la señora Lisa Donahue, hasta ahora es un misterio del cual poco se sabe más allá de que la misma Donahue ha pedido que se extiendan las fechas que originalmente se habían establecido para cumplir con la encomienda.

Lo que sí se sabe es que la paciencia de bancos y bonistas no es eterna. Y si éstos decidieran ejercer—ahora sin Ley de Quiebra Criolla y aún sin Capítulo 9 del Código de Quiebra federal—las prerrogativas que tienen bajo la ley para hacer valer su derecho de recuperar lo que puedan de su inversión en la quebrada corporación pública, es posible que en un plazo de pocos meses veamos una intervención o sindicatura que será, de hecho, el equivalente de privatizar la Autoridad.

Y es posible que eso sea, después de todo, lo mejor que le pueda pasar a una corporación pública que hace tiempo dejó de servirle bien al Pueblo para convertirse en su Enemigo Público #1.