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PARED Ahora que arrecia la persecución a la oposición venezolana se establece más claramente el vínculo de esta actitud represiva con el agudo desabastecimiento y la vertiginosa inflación del país. Hay que avivar la hoguera, poner a los rivales políticos contra la pared, para que el hambre y la penuria parezcan poca cosa. Además de fabricar cabezas de turco para complots y fantasmas golpistas. Y todo ello orquestado por un Nicolás Maduro que apenas registra un veintipoco por ciento de aprobación polular.

Lágrimas por Venezuela

El régimen prometió socialismo del siglo XXI, pero ha prescindido de los derechos humanos

Pese al consabido tópico de que la barrera entre la política exterior y la interior es casi inexistente en el mundo de hoy en día, la realidad es que la política exterior importa muy poco desde el punto de vista electoral. Tanto es así que en los modelos que los politólogos vienen usando desde hace décadas para analizar el comportamiento electoral se parte del supuesto de que los votantes sólo se interesan por la política exterior en ocasiones muy excepcionales y de forma retrospectiva, es decir, para penalizar a los gobernantes por grandes desastres o premiarles por grandes aciertos. Como ninguna de las dos cosas suele ser habitual, lo normal es que los asuntos internacionales estén fuera del radar del interés de la opinión pública.

Chavez en Cuba

Chavez en Cuba

Toda regla tiene, sin embargo, sus excepciones. En el caso de la política exterior, la excepción más común suele darse cuando las fuerzas políticas de un país se dividen en torno a un asunto internacional y, perdón por la redundancia, politizan la política exterior. Los casos en los que esto ocurre tienen en común que interpelan de forma conflictiva el sistema de valores que une a una comunidad política. En esos momentos, la política exterior deja de ser una política pública destinada a gestionar y maximizar las relaciones con nuestro entorno y se convierte en una interpelación sobre qué aspiramos a lograr y cómo queremos conseguirlo, con quién queremos hacerlo y cómo y por quién queremos ser reconocidos por ello. Por eso, cuando nos posicionamos sobre un tema de esta naturaleza, definimos nuestra identidad, ante nosotros y ante los demás, como individuos y como país.

De un tiempo a esta parte, Venezuela se ha convertido en un mar de lágrimas que ejerce ese tipo de interpelación. A un lado vemos las lágrimas de los que siguen llorando la desaparición de Hugo Chávez, al que admiran como mito y espada de la izquierda verdadera que, dicen, derrotó al neoliberalismo y a la injusticia social. Al otro lado vemos las lágrimas de una oposición acosada y hostigada más allá de lo admisible en ningún sistema que aspire a llamarse democrático. En medio, se nos aparece un régimen político que prometió un socialismo del siglo XXI pero que ha acabado exactamente en el mismo lugar que todos sus predecesores: prescindiendo de los derechos humanos, suprimiendo la división de poderes y destruyendo el sistema económico sobre el que se asienta. Cuando en 1959 los socialdemócratas alemanes, reunidos en Bad Godesberg, abandonaron el marxismo no lo hicieron porque les hubiera dejado de preocupar la desigualdad. Lo hicieron porque, mirando por encima del muro de Berlín, concluyeron que la aspiración por la igualdad, por noble que fuera, no justificaba la supresión de la libertad. Esa línea divisoria sigue estando presente hoy y sigue dividiendo a la izquierda en dos. No se crean pues las ambigüedades ni las equidistancias.

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El joven fue auxiliado por personas que estaban en las protestas, luego de ser herido durante la manifestación.

¿Hay un plan para suspender las elecciones en Venezuela?

Oposición dice que gobierno crea clima conflictivo para aplazar comicios, por temor a perderlos.

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Mitzy Capriles, esposa del alcalde Antonio Ledezma.

Foto: Efe    Mitzy Capriles, esposa del alcalde Antonio Ledezma.

 

Mientras transcurren las horas para despejar varias incógnitas por la sorpresiva captura e imputación de cargos por la fiscalía durante la audiencia de presentación del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma y se aclara la situación jurídica de los otros presos políticos detenidos por orden del Gobierno representado por su presidente, Nicolás Maduro, crece la tensión en la oposición, que en la mañana de este viernes se concentró brevemente en la zona de Chacaíto, en donde exigían la liberación del segundo funcionario de elección popular más importante del país.

Allí, la dirigente María Corina Machado dio un breve discurso, en el que le exigió al liderazgo latinoamericano pronunciarse contra la detención de Ledezma, la cual calificó como “el zarpazo brutal por parte de la dictadura (…) un acto desesperado que viola la Constitución”. Y por la tarde, el otro líder opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, dijo: “Este gobierno está derrotado, quiere embochinchar a este país porque no quiere medirse en elecciones”.

Y en referencia al mensaje del mediodía del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo: “No presidente Santos, no le garantizaron el debido proceso al alcalde Ledezma”. Y deslizó una crítica a que Santos haya pedido la liberación de Leopoldo López solo un año después: “Considero que no es correcto”.

Capriles también mencionó la más reciente encuesta de Datanálisis, que le da un 72,7 por ciento de valoración negativa a la gestión de Maduro.

En medio de la crisis de inflación y escasez que también azota al país, abundan los análisis sobre las motivaciones del Gobierno para emprender una acción tan simbólica contra la oposición, justo en este momento, prevaleciendo la opinión de que hay un giro autoritario del Gobierno, que busca disuadir protestas y neutralizarlas. “No estamos ante un trapo rojo, estamos enfrentando una agresión que busca ilegalizar a la oposición”, advirtió el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.

Se estima también que habría interés en lograr un clima tan conflictivo que le permita al Gobierno suspender las elecciones parlamentarias pautadas para este año, en las que el chavismo tiene grandes posibilidades de perder la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, una ventaja de la que goza desde hace 15 años.

A las ocho de la noche se escuchó un fuerte cacerolazo, convocado por la Mesa de Unidad Democrática, instancia que también anunció una escalada de manifestaciones de calle.

Medidas anunciadas

Horas antes, el presidente Maduro aseguró que el “golpismo” y los “intocables” “se acabaron” y que va a haber justicia “y punto”. “En Venezuela no hay intocables. ¿Oyeron? Los intocables se acabaron. Va a haber justicia, y va a haber justicia y punto. Se acabó pues el golpismo, se acabó, y el que quiera buscar el camino del atajo encontrará aquí el puño del pueblo, el puño de hierro”, afirmó.

El Gobierno venezolano anunció la semana pasada que había desactivado un supuesto plan de golpe de Estado con el nombre de ‘plan Jericó’, en el que, además de una serie de oficiales de aviación, algunos ya detenidos, estaban involucrados varios opositores.

Los señalados entonces por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el alcalde del municipio Libertador, el chavista Jorge Rodríguez, como “autores intelectuales” de esta supuesta intentona fueron el diputado opositor Julio Borges y el alcalde Ledezma, burgomaestre de las cinco entidades que integran la capital.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

La protesta estudiantil revive en Venezuela

Líderes universitarios anuncian movilizaciones callejeras tras la muerte de un joven manifestante por disparos de la policía

Maduro condena el fallecimiento

Los jóvenes venezolanos han reactivado las manifestaciones y protestas en todo el país tras conocerse la noticia de la muerte, el martes, del estudiante de 14 años Kluvier Roa, en la ciudad de San Cristóbal, en el Estado de Táchira. A Roa le disparó un policía de 23 años en la cabeza durante una protesta contra el gobernador. El adolescente falleció antes de llegar al hospital y el oficial fue detenido. La muerte de Roa se une a la de otros cinco jóvenes que han sido asesinados en las últimas semanas, también de disparos en la cabeza, en distintas zonas del país. En estos casos no está confirmado si existe o no un móvil político.

Contra la situación de inseguridad y la violencia que se vive en el país se movilizaron los jóvenes venezolanos a principios del año pasado, justamente en las ciudades andinas de San Cristóbal y Mérida. La ola de protestas se extendió a otros lugares y se prolongó durante dos meses y medio. El resultado fueron 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Muchos de los jóvenes que participaron en ese movimiento tienen hoy procesos pendientes con la justicia venezolana.

La represión que sufrieron y las consecuencias penales, además de divergencias entre los que son miembros activos de los partidos y los que son solo representantes estudiantiles de las distintas universidades, tanto públicas y privadas, hicieron mella en la capacidad organizativa y de movilización el año pasado. Recientemente hubo elecciones de líderes estudiantiles en las universidades, por lo que nuevas caras están asumiendo ahora la conducción del movimiento.

No vamos a decir ni de dónde sale ni para dónde va porque este Gobierno nos persigue

Hasler Iglesias, representante de la Universidad Central de Venezuela

Una de ellas es Hasler Iglesias, representante de la Universidad Central de Venezuela, la principal institución de educación superior del país. Iglesias anunció que desde este martes los estudiantes empezarían a movilizarse otra vez, pero que no darían esa información de manera anticipada ni públicamente. “No vamos a decir ni de dónde sale ni para dónde va porque este Gobierno nos persigue”, dijo Iglesias, que la noche anterior había escrito en su cuenta de Twitter: “#Caracas Mañana vamos a la calle, asistan todos a sus universidades desde temprano y estén atentos a los próximos anuncios!”.

Iglesias y otros compañeros se dirigieron el martes por la mañana en una marcha “sorpresa” hasta el Ministerio del Interior y Justicia a exigir que se derogue la resolución 8610 del Ministerio de Defensa, que entró en vigor hace unas semanas y permite el uso de fuerza mortal para controlar manifestaciones y reuniones públicas.

Sectores de la comunidad académica dieron su respaldo a los estudiantes. En un comunicado, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, exigió también acabar con la resolución. “Llama poderosamente la atención el resurgimiento de métodos de control militar de la población —que creíamos históricamente superados— inspirados seguramente en la doctrina de la otrora Seguridad Nacional, del tiempo de las dictaduras militares del Cono Sur que restringieron las libertades civiles para imponer un pensamiento autoritario”, reza el comunicado.

Mientras el grupo de estudiantes continuaba al medio día frente al Ministerio del Interior, otro grupo, en el que participó la líder juvenil Gaby Arellano, escudera del líder opositor encarcelado Leopoldo López, y militante del partido Voluntad Popular, invitaba a marchar junto a la esposa de López, Lilian Tintori, en una movilización de las madres de los estudiantes frente a la nunciatura católica en Caracas.

El propio Maduro se apresuró a condenar el martes la muerte del estudiante de Táchira y aseguró que “en Venezuela está prohibida la represión armada”

Otros representantes juveniles de los movimientos políticos que representan la diputada Maria Corina Machado, Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledezma, señalados por el Gobierno de planear un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, están recogiendo firmas entre la sociedad civil para apoyar el Acuerdo a la transición, documento que suscribieron los tres líderes políticos, y que para el Gobierno constituye una prueba de sus intenciones golpistas.

El propio Maduro se apresuró a condenar el martes la muerte del estudiante de Táchira y aseguró que “en Venezuela está prohibida la represión armada”. Los líderes estudiantiles invocan su derecho a protestar por la violencia que sufre el país y los asesinados de los que han sido víctimas los jóvenes. Venezuela es el segundo país más violento del mundo, después de Honduras. El Observatorio Venezolano de la Violencia calcula que el pasado año se produjeron 24.980 homicidios en Venezuela (30 millones de habitantes), 68 al día, con una tasa estimada de 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, salió al paso de los últimos sucesos y condenó la violencia “venga de donde venga”, informaSilvia Ayuso. Insulza instó a la necesidad de un diálogo entre Gobierno y oposición para calmar la situación en Venezuela. “Mientras no se den los pasos necesarios para iniciar un diálogo inclusivo que conduzca a la reconciliación de los venezolanos, otros ciudadanos inocentes pueden ser víctimas de esa violencia”, dijo a través de un comunicado. Insulza, tras las quejas por la falta de respuesta internacional, ya había instado a frenar la “polarización” en Venezuela tras la detención la semana pasada del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. 

Táchira vuelve a ser el epicentro de las protestas

El Estado de Táchira, donde se han reactivado las protestas estudiantiles tras el asesinato del estudiante Kluvier Roa, es un lugar mayoritariamente opositor al Gobierno, incluso desde que el fallecido Hugo Chávez era presidente. También es una de las zonas más afectadas por las medidas restrictivas del Ejecutivo de Maduro, que ha visto menguado su escaso apoyo.

Entre las decisiones, se encuentra un chip que controla cuanta gasolina pueden echar a los automóviles para evitar el contrabando hacia Colombia. Desde que Maduro lanzó la ofensiva “guerra económica”, sus habitantes también han sufrido restricciones adicionales para comprar todo tipo de productos y frenar su floreciente contrabando hacia Colombia. La disparidad de precios y el diferencial cambiario hacen del contrabando una actividad muy lucrativa en esta región.

El malestar que hizo que los gochos tomaran las calles hace un año solo ha aumentad y el asesinato del estudiante Kluvier Roa impulsó a sus habitantes de nuevo a armar barricadas y a enfrentarse a la policía y guardia nacional hasta altas horas de la noche del martes. La ciudad amaneció sucia y con fuerte presencia de los cuerpos de seguridad que empezaron a retirar escombros y basura. En la localidad de San Cristóbal y en el Estado se decretaron tres días de luto por la muerte del joven.

Lejos quedan las declaraciones de hace un año del gobernador José Gregorio Vielma, contra quien iba dirigida la protesta que acabó con la muerte de Roa. “Si ocurre un solo disparo contra manifestantes pongo a la orden mi cargo de gobernador”, aseguró Vielma pocos días después de que empezaran las protestas contra el Gobierno en la ciudad de San Cristóbal. Dos meses después, en la capital tachirense se habían producido muertes y decenas de heridos, y la ciudad se encontraba prácticamente paralizada por barricadas en varias zonas. Los gochos, como llaman a los venezolanos de esta zona del país, cerca de la frontera con Colombia, se enfrentaban con morteros y cócteles molotov contra los cuerpos de seguridad del Estado.

El alcalde de la ciudad, Daniel Ceballos, militante del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido y se encuentra en la cárcel de Ramo Verde, junto con Leopoldo López.

Muere de un tiro un adolescente en una protesta opositora en Venezuela

El policía que disparó al chico, de 14 años, está detenido

  • La CIDH alerta de la situación que vive Venezuela
  • In English: Tensions rise in Venezuela after 14-year-old is shot dead at protest
  • La tensión en Venezuela se incrementó este martes con la muerte de un adolescente de 14 años, Kluiver Roa. El joven, estudiante de segundo año de bachillerato en el Liceo Agustín Codazzi, sufrió un impacto en la cabeza, no se ha confirmado aún si fue una herida de bala o perdigón, durante los violentos enfrentamientos entre manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad en San Cristóbal, en el Estado de Táchira. La ciudad fue el epicentro de las protestasen las que hace un año fallecieron 43 personas.El policía que disparó, Javier Mora Ortiz, de 23 años, se encuentra detenido y el Ministerio Público informó de que abrirá una investigación formal contra él. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. “Expreso mi condena pública al vil asesinato de Kluiver Roa, vilmente asesinado por presuntos funcionarios de PNB, quienes ya están presos”. El suceso se produce después de que el Gobierno autorizara por ley el uso de la fuerza letal para reprimir manifestaciones y reuniones públicas.
  • MÁS INFORMACIÓN

    Horas después del suceso, el presidente Nicolás Maduro habló en la cadena nacional. “Es muy doloroso que perdamos un muchacho, en un hecho inverosímil, de confusión”, dijo antes de añadir que su muerte era fruto de la influencia de los “grupos de ultraderecha envenenando a unos muchachos”.

    Las versiones sobre lo que ocurrió esa mañana, a escasas cuadras de la residencia del gobernador José Gregorio Vielma Mora, son contradictorias. Un testigo de la zona dijo que el niño había salido de clase y se acercó hasta un piquete donde había enfrentamientos entra la policía y un grupo de manifestantes, pero que él no estaba participando de la protesta. Según ese testigo, cuando la policía arremetió contra los jóvenes, la mayoría pudo resguardarse dentro de las casas, pero Roa no alcanzó y se metió debajo de un carro. Luego habría recibido un disparo a corta distancia en la cabeza.

    La declaración oficial ante los medios locales la dio el coronel Ramón Cabezas, Comisionado de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira. Según él, “una turba” de jóvenes encapuchados atacó a la policía con piedras y bombas molotov, y logró tumbar a los agentes de las motos, donde arremetieron contra ellos con patadas y golpes. Uno de los oficiales, aunque no precisó si era Mora Ortiz, disparó su escopeta de perdigones al piso para disipar la situación. Cabezas asegura que el muchacho cayó debajo del carro y que la policía intentó acercarse a socorrerlo pero que la “turba” no se lo permitió. Luego llamaron a una ambulancia que llevó a Roa hasta el Hospital Central de San Cristóbal, pero el joven murió en el camino.

    La muerte del liceísta creó mayor caos en la ciudad, que en los últimos días había sido nuevamente escenario de protestas y enfrentamientos entre jóvenes y los cuerpos de seguridad. Al confirmarse la muerte de Roa, la gente en San Cristóbal comenzó a cerrar las calles en el Barrio Obrero con guarimbas o barricadas, igual que como lo hicieron a partir de febrero del año pasado y durante dos meses en los que la ciudad estuvo paralizada.

    Varias unidades de transporte público dejaron de circular esta tarde, algunos comercios cerraron y la gente fue a resguardarse en las casas. Mientras tanto, algunos jóvenes fueron a la Plaza de los Mangos y quemaron un puesto que tiene en el lugar la Guardia Nacional Bolivariana. Los colegios y universidades anunciaron que cancelaban las clases.

    “Nosotros lamentamos este tipo de situación, porque son situaciones que han debido evitarse. No generamos la violencia que está siendo generada por este grupo de personas, que desconocemos cual es su identidad, a pesar de que ya hay un trabajo de inteligencia y hay algunos plenamente identificados”, dijo el coronel Cabezas, que confirmó que hay varios detenidos por las protestas de este martes.

    Temor entre la oposición

    En el resto del país se intensifica la zozobra por las acciones que el Gobierno venezolano pueda tomar contra la oposición, en medio de la crisis económica, política y social que afronta el país, y meses antes de las próximas elecciones parlamentarias. Mientras los partidos de oposición se encontraban este lunes en un acto de apoyo alencarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se encendieron las alarmas de que había un hostigamiento contra una de las sedes del partido socialcristiano COPEI en Caracas. Antonio Ecarri, presidente del partido en la capital, lanzó la alerta en Twitter. Dijo que un “grupo armado” había entrado a la sede social en Las Palmas, donde imparten clases para niños y ofrecen consultas médicas a la comunidad. Denunció que tenían secuestradas a las personas que se encontraban en el lugar.

    Luego el vicepresidente del partido en Caracas, Mario Acosta, precisó que se trataba de un grupo de “invasores” que había llegado de madrugada, roto el candado y forzado la reja para ocupar la sede. Señaló que eran un grupo de hombres y mujeres, algunos armados con armas cortas, que exigían un espacio para tener una vivienda digna. Según Ecarri, eran unas 15 o 20 personas, partidarios del Gobierno, pero que portaban pancartas para reclamar al Gobierno de Maduro que les diera una vivienda.

  • La CIDH alerta sobre Venezuela

    SILVIA AYUSO

    “Las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha roto el silencio mantenido durante un año sobre Venezuela para manifestar su “profunda preocupación” por la situación del Estado de Derecho en general en el país sudamericano y la de la oposición, cuyos principales líderes están encarcelados o imputados, en particular.

    Hace un año, el 21 de febrero de 2014, en plenas protestas sociales en Venezuela, la CIDH se decía “profundamente preocupada” por las “supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión. Además, mencionaba el —entonces reciente— encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y alertaba en contra de “perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos”.

    Doce meses más tarde, no solo sigue en prisión —preventiva— Leopoldo López. A él se han unido varios opositores más, el último el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, mientras que otra de las líderes de las protestas de 2014, María Corina Machado, ha sido destituida de su cargo como diputada y se encuentra imputada.

    Ante esta situación, la CIDH ha recordado que la detención preventiva es una figura a utilizar de forma “excepcional” y de acuerdo con criterios de “necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable”. Algo que considera no sucede en Venezuela, puesto que ha “urgido” al Gobierno de Nicolás Maduro a “liberar a estas personas mientras están siendo procesadas”. Es más, se ha declarado “profundamente preocupada” también por la “presunta ausencia de garantías para asegurar un debido proceso en las investigaciones y juicios seguidos” contra estas figuras políticas.

    “La Comisión urge al Estado a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y a garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los derechos humanos de quienes se identifican con la oposición al gobierno”, ha instado la CIDH, que también pide “buscar soluciones pacíficas” y “generar un diálogo con la oposición dentro del marco de la democracia, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”.

    Hacia mediodía, la Guardia Nacional Bolivariana y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) entraron al lugar pero no desalojaron a los ocupantes ni mostraron una orden de allanamiento o de operación. “No cruzaron palabras con nosotros, con ninguno de los dirigentes del partido que estábamos allí. Es un evidente atropello, lo que primero terminó siendo secuestro, pasó a invasión y luego pasó a un allanamiento ilegal”, dijo Ecarri. Los funcionarios del Sebín se llevaron material de propaganda política de anteriores elecciones que se encontraba en el lugar. El martes la sede continuaba ocupada. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, dijo también que otras sedes del partido en distintas ciudades del país también habían sido amenazadas pero no se informó de ningún incidente.

    Mientras, un grupo de diputados oficialistas fueron a la Fiscalía a solicitar la apertura de una investigación formal al diputado de oposición, Julio Borges, señalado por Maduro de estar presuntamente involucrado en el supuesto plan golpista contra Maduro. Unas horas después, convocaron para el día martes a una sesión en la Asamblea en la que se iba a debatir la presunta participación de Borges en esos planes. “Nos toca dar la cara y resistir”, dijo Borges en una radio, antes de que comenzara la sesión parlamentaria.

    Según una columna de Luis Vicente León, presidente de la firma encuestadora Datanálisis, la represión y la intimidación buscan generar mayor abstención entre la población en las próximas elecciones, factor que siempre ha favorecido al Gobierno que cuenta con una maquinaria efectiva, pero también podría resultar contraproducente, “enjuiciar a líderes opositores clave podría generar una dinámica al revés de la perseguida por el Gobierno”, afirma; “unificaría a la oposición alrededor de una estrategia electoral para enfilarse hacia los comicios legislativos por venir”.

    Uno de los líderes opositores, Henrique Capriles, se ha referido este martes a los datos de la principal encuestadora del país, para volver a cargar, a través de Twitter, contra el presidente Maduro. Según Datanálisis, el 85,6% de los venezolanos considera la situación del país negativa; el 79% cree que Maduro no está preparado para enfrentar la crisis económica y el 52,5% considera que el principal responsable del desabastecimiento es el presidente.

  • Imputarán a policía por matar de un tiro a adolescente en Venezuela

    El crimen ocurrió cerca de una universidad donde se enfrentaban estudiantes y fuerzas de seguridad.

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    El joven fue auxiliado por personas que estaban en las protestas, luego de ser herido durante la manifestación.

    Foto: EFE

    El joven fue auxiliado por personas que estaban en las protestas, luego de ser herido durante la manifestación.

     

    La Fiscalía venezolana imputará a un policía “por su presunta vinculación” con la muerte este martes de un adolescente en la ciudad de San Cristóbal, cerca de una universidad donde se enfrentaban estudiantes y fuerzas de seguridad en una protesta antigubernamental. “El Ministerio Público imputará en las próximas horas al oficial de la Policía Nacional Bolivariana Javier Mora Ortiz (23), por su presunta vinculación con la muerte de un adolescente de 14 años de edad, ocurrida este martes 24 de febrero durante una manifestación en San Cristóbal”, informó la Fiscalía en un comunicado.

    El liceísta Kluiverth Roa recibió un proyectil en su cabeza y fue trasladado al hospital Central, donde se comprobó su fallecimiento.

    En su programa televisivo nocturno de los martes, el presidente Nicolás Maduro condenó la muerte del estudiante, “que se suscitó en el momento en que un grupo de muchachos con capuchas estaban en actividades de protestas y de generación de violencia”. “En ese momento, se produjo un hecho inverosímil. Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías que fueron rodeados, golpeados y atacados con piedras, y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho”, explicó.

    El mandatario, que denuncia desde hace más de un año que las protestas en su contra son parte de un “golpe de estado continuado”, aseguró que en Venezuela hay “grupos de ultraderecha envenenando a nuestros muchachos” e instó a los jóvenes a no participar en manifestaciones violentas.

    La ministra de Interior y Justicia, la almirante Carmen Meléndez, explicó que, tras su detención, el policía “declaró haber efectuado un disparo al estudiante con una escopeta con municiones de goma”.

    El ministerio público, que no detalló si el joven participaba o no en la protesta, designó a dos fiscales para que investiguen el caso. Esta muerte ocurre semanas después de que el gobierno autorizara a los cuerpos de seguridad al uso de “fuerza mortal” para controlar el orden público.

    La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) expresó a través de un comunicado que “lamenta” la muerte del liceísta fallecido. La Unasur, cuya secretaría general está en Quito, añadió que reitera la disposición para “encontrar salidas democráticas y pacíficas a la situación de tensión que vive” Venezuela.

    El viernes, el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, dijo que una comisión del organismo, integrada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, prepara una visita a Venezuela con miras a una próxima reunión extraordinaria sobre la situación de ese país.

    Pequeños disturbios

    Durante la mañana de este martes, unos doscientos manifestantes que protestaban contra la crisis económica se enfrentaron con la policía en inmediaciones de la Universidad Católica de Táchira, constató un fotógrafo de la AFP. Según la ONG Foro Penal, los enfrentamientos dejaron 17 detenidos.

    Y según testigos de la AFP, se registraron dos heridos, uno de ellos por perdigón. La prensa local también reportó pequeños disturbios durante manifestaciones antigubernamentales en otras ciudades del oeste, como Mérida y Maracaibo, sin que por ahora se haya informado de incidentes de gravedad.

    San Cristóbal fue cuna de las protestas estudiantiles de febrero de 2014, que luego se extendieron a unas 20 ciudades. De febrero a mayo de 2014 varias ciudades venezolanas fueron escenario de protestas contra la inseguridad, la inflación (56,2% en 2013 y 68,5% en 2014) y la escasez de alimentos y productos básicos, que dejaron 43 muertos, y centenares de heridos y de detenidos.

    Pero un año después, las masivas convocatorias de opositores al gobierno del presidente Maduro han quedado reducidas a pequeñas concentraciones, a pesar de que la situación económica ha empeorado, en gran parte debido a la caída de los ingresos petroleros.

    El nivel de violencia registrado el año pasado, con bloqueos de calles y disturbios casi diarios con gas lacrimógeno y perdigones, ha dejado paso en los últimos meses a esporádicos altercados protagonizados por decenas de jóvenes.