El Comité de lo Jurídico en la Cámara del Congreso estadounidense se apresta a discutir hoy desde las 10:30 am el destino de la deuda de las corporaciones públicas de Puerto Rico bajo elproyecto presentado por el comisionado residente Pedro Pierluisi, quien propuso enmendar el código federal de quiebras para tratar a Puerto Rico como estado bajo el capítulo 9 del Código de Quiebras.

Entre los ponentes estarán el comisionado residente Pedro Pierluisi y la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta.

Tres de los cuatro deponentes en la vista testificaron a favor del H.R. 870: el profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, John Pottow; el director general de Municipal Market Analytics, Robert Donohue; y el presidenta del BGF, Melba Acosta.

“En Puerto Rico, donde la unidad tiende a ser rara, el proyecto también ha recibido virtualmente apoyo unánime.  La administración del gobernador Alejandro García Padilla testificó a favor del proyecto, el presidente del Senado Eduardo Bhatia lo apoya, y el exgobernador Luis Fortuño ha escrito una carta a favor. La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron una resolución conjunta urgiendo la aprobación y nueve expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento, de ambos partidos, firmaron una carta en apoyo. Además, 13 asociaciones comerciales del sector privado en la Isla se unieron en un memorando de acuerdo en apoyo al proyecto.  El proyecto también cuenta con el apoyo del Banco Popular, el más grande en Puerto Rico”, dijo el Comisionado Residente en comunicado de prensa.

Además, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes federal ha recibido numerosas ponencias y cartas de académicos, abogados en la práctica y personas con interés en la comunidad financiera.

Según Pierluisi, el proyecto ha sido endosado por la Conferencia Nacional de Quiebras, compuesta por unos 60 estudiosos y abogados destacados en el campo de Derecho de Quiebras.  Además, algunos de los expertos en la materia más respetados en la nación han sometido escritos a la Comisión para expresar su apoyo al proyecto de Pierluisi.

“Igualmente, el proyecto es apoyado por la vasta mayoría de los acreedores de Puerto Rico, así como por otras partes con interés en la comunidad inversora. Por ejemplo, 32 fondos dueños de billones de dólares en bonos de Puerto Rico sometieron una carta a la Comisión endosando el proyecto. La semana pasada, el líder del grupo de bonos municipales del administrador de activos más grande del mundo expresó su apoyo al proyecto en una entrevista televisiva. Una respetada firma de inversiones encuestó a unas 24 instituciones financieras, firmas de asesoría en inversiones, fondos mutuos, hedge funds y otros participantes en los mercados y concluyó que ‘existe un acuerdo casi unánime de que la aplicación del Capítulo 9 a las agencias e instrumentalidades de Puerto Rico es un enfoque razonable que no obstaculizaría el funcionamiento normal del mercado’. Fitch Ratings emitió un comentario especial titulado ‘La extensión del Capítulo sería positivo para Puerto Rico’, en el que expresó que el H.R. 870 ‘sería un desarrollo positivo e importante para Puerto Rico y para los titulares de la deuda de sus utilidades e instrumentalidades públicas”, añádió.

Permitir que corporaciones endeudadas, como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) o la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se acojan al capítulo 9 no significa un rescate financiero. Más bien permite que el gobierno de Puerto Rico aplaque el servicio a la deuda que consume el 16% de su presupuesto mientras logra una estabilidad fiscal. Además, asegura que los bonistas más férreos obtengan su pago, según reseñara un editorial de Bloomberg.

Por su parte, Acosta Febo, afirmó el jueves que permitir a Puerto Rico acogerse a las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal es un “mejor mecanismo” para atender la situación fiscal de las corporaciones públicas, ya que es una alternativa conocida en los mercados, y coincidió con Bloomberg en que la oportunidad para que la Isla sea tratada como los estados no debe interpretarse como que EE.UU. está proveyendo un “rescate” parecido al de Detroit.

“Para los inversionistas es mejor tener algo que ellos conocen, que no tener nada o tener algo que ellos no conocen”, justificó Acosta Febo. Aún así, reafirmó su respaldo a la apelación del gobierno a la decisión del juez federal Francisco Besosa, quien declaró inconstitucional la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, mejor conocida como la Quiebra Criolla.

Durante la teleconferencia con los periodistas tras su participación en la vista del Subcomité de Reformas Regulatorias, Derecho Comercial y Antimonopolios, la funcionaria recordó que la enmienda a la Ley de Quiebra Federal dejó fuera a Puerto Rico en la definición de estado, lo que ha hecho que el país no pueda acogerse al Capítulo 9 pero sí aplicar a los Capítulos 7 y 11. Según, la exsecretaria del Departamento de Hacienda, con el Proyecto 870 de la Cámara Federal, se buscar corregir lo que entiende es un “error técnico” y otorgar paridad a Puerto Rico con el resto de los estados.

Además, Acosta Febo aclaró que la posibilidad de reorganizar la deuda, como dispone el Capítulo 9, solo le aplicaría a las corporaciones públicas y no así a la deuda emitida por el Estado Libre Asociado.

Asimismo, indicó que si se aprueba la enmienda por el Congreso de Estados Unidos no sería automático que las corporaciones públicas se puedan acoger al Capítulo 9, pues la Legislatura de Puerto Rico tendría que aprobar una medida que especifique las entidades gubernamentales que se podrían beneficiar de dicho mecanismo.

De acuerdo a la funcionaria, la mayoría de los deponentes se expresaron a favor de la enmienda al Capítulo 9. El único opuesto fue el licenciado Thomas Moers Mayer, quien fue en representación de los manejadores de fondo Franklin Municipal Bond Group y OppenheimerFunds, Inc.

Acosta Febo ripostó las alegaciones de Moers Mayer porque entiende que el que haya un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no es la solución a los problemas que afronta la corporación pública, pues las funciones del síndico son limitadas. De la AEE no poder pagar su deuda y no existir la opción del Capítulo 9, no solo podría haber aumento de tarifas sino que se presta para litigios y hasta un disloque en las operaciones ante la falta de suministros por parte de los suplidores. Agregó que el hecho de que la AEE esté en proceso de mejorar sus operaciones no le impide beneficiarse del Cápitulo 9.

Agregó que durante la vista se discutió el efecto retroactivo que pueda traer la legislación federal, a lo que Acosta Febo destacó que el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, John Pottow, aseveró que  según la Ley de Quiebra la posibilidad de reorganización le  aplicaría a toda la deuda emitida.
La crisis fiscal de Puerto Rico viene cocinándose desde 2006, de la mano de un 13.7% de desempleo y un nivel de pobreza que duplica al estado más pobre de EE.UU., Mississippi. Desde el 2000 la deuda pública creció de un 60% de su producto interno bruto hasta superar el 100%.

Aunque el gobierno intentó buscar una solución para las corporaciones públicas a través de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, mejor conocida como la quiebra criolla, el tribunal federal anuló la misma. Consecuentemente, las casas acreditadoras Standard and Poor’s y Moody’s degradaron aun más el crédito de Puerto Rico dentro del nivel de chatarra, colocando más trabas al gobierno para salir al mercado de bonos a tratar de seguir financiando su deuda pública de $73,000 millones.

La seguridad de Puerto Rico para eximir a bonistas de impuestos federales de la mano de mayores rendimientos de fondos de alto riesgo, o buitres, ha doblegado al gobierno hasta prometer aumentar los impuestos a nivel local para pagar la deuda.

Como territorio no incorporado, Puerto Rico es incapaz de acogerse a las provisiones de la quiebra federal que permitió a Detroit, por ejemplo, reestructurar su deuda. Pero dejarle la mesa servida a los bonistas tampoco resulta alentador.

Otras disposiciones, que según Bloomberg dificultan un camino más rápido a la recuperación económica, son el hecho de que como territorio deben ofrecer un salario mínimo frente a otros países caribeños con mano de obra más barata. Además, por disposiciones de la Ley Jones, la isla tiene la obligación de transportar sus bienes en la costosa flota estadounidense. De alguna manera, todos estos detalles especiales obligarán a Puerto Rico a definir su futuro político frente a una aguda crisis económica que requiere acción de una vez.

En circunstancias ideales, Puerto Rico se acogería a la quiebra, pero sigue deslizándose a situaciones más escabrosas. Para Bloomberg, el gobierno debería poder solicitar algún remedio fiscal de pie, pero al presente se encuentra de rodillas, y concluye que resulta necesario una intervención del presidente Obama y el Congreso. Veremos.

*Esta nota fue publicada originalmente el 25 de febrero a las 4:31 p.m.*