El Colegio de Médicos Cirujanos aseguró ayer que la imposición de un IVA, más allá de encarecer los servicios de salud para la población local -haciéndola casi prohibitiva para muchos de ellos-, tiene el impacto de tornar el turismo médico en una meta inalcanzable. Asimismo, aseguró que el nuevo impuesto propicia el éxodo de médicos, que ya alcanza unos 361 doctores anuales.
En ese sentido, Víctor Ramos, presidente de la organización, explicó que el turismo médico está predicado sobre las bases de que la Isla pueda ofrecer servicios de calidad estadounidense a precios caribeños, pretendiendo traer pacientes tanto de los estados como de países extranjeros.
“Se trata de que ya conocemos de escuelas de medicina privadas que aprovechando los incentivos que ofrecen las leyes 20 y 22, piensan convertirse en eje de enormes complejos de investigación, educación, diagnóstico y tratamiento, generando cientos de empleos bien remunerados, no solo para operar a pacientes de las islitas del Caribe, sino para que las aseguradoras del continente envíen a sus pacientes a operarse más económicamente aquí. Ya hay fondos de inversión de Wall Street que han invertido millones de dólares aquí para impulsar esos nuevos centros médicos. Asimismo hay inversionistas en el campo de la salud mudándose a Puerto Rico para iniciar esos proyectos. Todo eso se ha gestionado antes de hablarse de un IVA y mucho menos un IVA a la salud, lo que cambia todo”, dijo Ramos durante vista pública ayer.
De igual manera, entiende que de aprobarse un IVA el éxodo de médicos se duplicará o triplicará, poniendo a la Isla en una peligrosa posición de perder a especialistas, lo que los obligaría a buscar tratamiento fuera del país. “El IVA definitivamente reduce el acceso a la salud, propicia el éxodo de profesionales de la salud, destruye el turismo médico y acorta los servicios que ayudan alargar vidas”.
Por otro lado, las organizaciones sindicales sugirieron que se aumente la responsabilidad contributiva de las empresas incentivadas, “en lugar de continuar gravando a la clase trabajadora del país”.
En vista pública en el Senado, Annette González, presidenta de SPUPR, Concilio 95/AFSCME, afiliada a la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, AFL/CIO, expuso que los mayores evasores son las grandes corporaciones que operan en el País. “La verdadera causa de nuestra precariedad fiscal radica en la poca aportación efectiva al fisco por parte de estas empresas. Por eso recomendamos auditar las megatiendas para identificar transferencias internas de precios que le permiten evadir el pago de la contribución sobre ingresos en Puerto Rico y establecer reglamentación que lo evite y realizar estudios de costo-beneficio de todos los decretos de exención vigentes y revocar aquellos que no son beneficiosos”.
Enfatizó que el único sector que no ha sido tocado en la crisis fiscal es el de las empresas incentivadas que disfrutan de exenciones y amplios beneficios contributivos. Estas empresas, acogidas a la Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008, están sujetas a bajísimas tasas de contribución sobre ingresos, disfrutan de 90% de exención en la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble y de 60% en patentes municipales. Además, ninguna de ellas está sujeta al pago de la Imposición de contribución adicional sobre ingreso bruto (patente nacional). Bajo estas disposiciones se encuentran prácticamente la totalidad de las firmas de manufactura (y otros sectores) de propiedad de no residentes y algunas firmas locales.
“La tasa contributiva efectiva que pagan estas empresas incentivadas es ridículamente baja. Un pequeño grupo de estas empresas realizan transacciones con subsidiarias en EEUU y están sujetas al pago del arbitrio de la Ley 154 y se les cobra el arbitrio del 4% del valor de las exportaciones que realizan con sus afiliadas. No obstante, esta contribución la pueden reclamar como un crédito contra su responsabilidad contributiva federal, por lo que en la práctica no representa una erogación de fondos adicionales. Es importante señalar que el grueso de las empresas incentivadas no están sujetas al pago del arbitrio establecido en la Ley 154. Estas están cubiertas por decretos de exención y van a alegar que es un contrato entre las partes que no puede ser violentado. Sin embargo, en el caso de los despidos de la Ley 7 y de los recortes a los sistemas de Retiro, los contratos y derechos adquiridos por los trabajadores si han sido violentados. La estrategia para aumentar la responsabilidad contributiva de este sector puede instrumentarse a través de un “toll gate tax” a las ganancias repatriadas, según presentado por el representante Natal en el P de la C 2032, o mediante enmiendas a la Ley 73 y la renegociación de las condiciones tributarias de los decretos otorgados por PRIDCO”.
De igual manera, presentó como otra opción sustituir la patente nacional por un impuesto especial a las megatiendas, sector que entiende es el que en mayor medida se ha beneficiado con la eliminación de la patente nacional. “Recomendamos se considere sustituir la patente nacional por un impuesto especial a las operaciones de los negocios comerciales de gran tamaño. Los recaudos de este impuesto podrían destinarse a programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, así como a promover el surgimiento de nuevos emprendimientos económicos e iniciativas de desarrollo local comunitario”.
Explicó que este impuesto se podría configurar a base de una combinación de modalidades. Entre ellas, un impuesto de 4% del valor de las compras de propiedad mueble de una persona relacionada, lo que entiende va dirigido a atacar el mecanismo de transferencia de precios entre filiales de las megatiendas en las que compran por debajo del valor real de los productos y evitan el pago de contribución sobre ingresos en Puerto Rico. Mencionó, además, la opción de un impuesto al flujo de dinero que depositan las megatiendas en bancos fuera de Puerto Rico.
De igual manera, mencionó que es imprescindible limitar la concesión de créditos por la generación de empleos y la otorgación de otros incentivos contributivos a pequeñas y medianas empresas de capital local que no disfrutan de exenciones contributivas. A ello sumó limitar las facultades del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para otorgar decretos de exención contributiva.
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