La banca hipotecaria está “saturada” de casos de alta morosidad como resultado de un aumento de un 8% en la tasa de delincuencia en el pago de préstamos hipotecarios en el país, afirmó este martes el presidente de la Mortgage Bankers Association de Puerto Rico (MBA), Agustín Rojo Montilla.

Al comparecer ante la Comisión de Vivienda y Comunidades Sostenibles del Senado, el portavoz de este sector bancario expresó que “es meritorio exponer que al presente las instituciones hipotecarias se encuentran saturadas con altos porcientos de morosidad en el pago de los préstamos hipotecarios”.

“El por ciento de morosidad (más de 90 días de atraso) asociado a préstamos hipotecarios ha aumentado en un ocho por ciento (8%), comparado con años anteriores. Esto, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera (OCIF)”, puntualizó.

Esta situación “ha llevado las instituciones a asignar esfuerzos adicionales en la atención de alternativas para el cliente y seguimientos de pagos, lo que sin duda alguna impacta los costos operacionales. Actualmente las instituciones hipotecarias trabajan arduamente para ofrecer alternativas viables a sus clientes, basado en su capacidad económica”, agregó Rojo Montilla.

La Comisión de Vivienda y Comunidades Sostenibles del Senado realiza una evaluación de la aplicación de la “Ley para la Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal” y de la cantidad de viviendas ejecutadas anualmente en la Isla.

Según el presidente de la MBA, al presente todo caso judicial para la ejecución de una hipoteca que grave la residencia principal de una persona natural, y en el cual se haya presentado una alegación responsiva, está siendo referido a un proceso de mediación.

Resaltó, sin embargo, que esta Ley de Mediación no es aplicada de forma uniforme en los Tribunales del país, lo que provoca dilaciones innecesarias que no son de beneficio para el consumidor que desea llegar a unos acuerdos de forma ágil y certera, ni para la industria hipotecaria, ya que requiere de mayor tiempo y utilización de personal en el proceso.

Rojo Montilla afirmó que el enfoque mayor en la aplicación de este estatuto debe mantenerse en aquellos clientes con voluntad genuina de trabajar alternativas que le permitan conservar su residencia principal.

Aseguró, por otra parte, que el consumidor puertorriqueño, bajo los diversos estatutos legales y procesos internos de las instituciones hipotecarias, posee diversos recursos y alternativas disponibles para trabajar su situación financiera con la entidad.

“La mediación compulsoria, reconocida bajo la Ley 184 no es la única alternativa que posee el consumidor, el sector hipotecario cuenta con múltiples procesos para ayudar al cliente en eventualidades de pérdida o disminución de ingresos, o en aquellos casos donde se le dificulta el asumir su responsabilidad de pago”, dijo.

Rojo Montilla presentó como ejemplos del manejo de esta ley la experiencia que le sometieron tres instituciones bancarias, las cuales se abstuvo de identificar.

La primera reportó que un total de 72 clientes se han beneficiado de la Ley. De ese grupo, 24 solicitaron mediación y 48 fueron referidos por el Tribunal, una vez entablada la acción judicial. Del total de clientes que se acogieron a la Mediación Compulsoria, el 97% han cumplido con los acuerdos concretados, que son en su mayoría modificaciones de deuda, reinstalaciones, dación en pago, “short sales” (ventas por debajo del monto de la deuda) y saldos con descuento.

La segunda institución informó que participó de 21 vistas de mediación en las que un 66% de los clientes cualificaron y recibieron alternativas y el restante 34% no cualificó o no cumplieron con los acuerdos.

La tercera entidad de este grupo reportó 403 casos que fueron a vistas de mediación, de los que 169 se acogieron a un plan de mitigación de perdidas, representando el 42%. El 58% restante no cualificó o no cumplieron con los acuerdos, se informó en la audiencia.

Rojo Montilla concluyó que los procesos operantes resultan en unas alternativas y protecciones razonables y adecuadas en beneficio del consumidor y en un balance de la estabilidad para la Industria.

Por su parte el secretario de la Vivienda, Alberto Lastra, afirmó que “las familias que han perdido sus residencias principales se han multiplicado y hoy en día la cifra del valor en propiedades sobrepasa los $2,000 millones”.

Indicó además, citando cifras de OCIF, que la tasa de morosidad o “delincuencia hipotecaria” aumentó de un 2.23% en el 2004 a cerca de un 22% en el 2011 y para el 2014 se estima en un 17%.

Según datos que ofreció la OCIF en la misma audiencia, durante el año natural 2013 se reportaron 4,207 viviendas ejecutadas y en el 2014 se reportaron otras 3,444.