El Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Carolina sigue bajo el escrutinio público, esta vez porque las instalaciones están ubicadas en una zona industrial y no se ha comunicado a los empleados y visitantes los protocolos a seguir en caso de una emergencia ambiental.
El Cesco de Carolina está ubicado a solo pasos de la farmacéutica Lilly del Caribe y un tanque que posiblemente almacena ácido hidroclórico.
Sin embargo, aunque el Cesco se mudó a este lugar en octubre del año pasado, al día de hoy no se ha orientado a los empleados ni hay información a la mano para los visitantes sobre cómo reaccionar en caso de un escape de este ácido o alguna sustancia química.
Ante la preocupación de los empleados del Cesco de Carolina, EL VOCERO solicitó una reacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) pero se notificó a este diario que el secretario Miguel Torres no emitiría comentarios.
Al mismo tiempo, se solicitó durante varios días una entrevista con el director de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA) con el fin de conocer qué tipo de orientación o adiestramiento deberían tener los empleados, pero el funcionario nunca contestó nuestra petición.
En tanto, la directora del Departamento de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Carolina, Ana Celia Canales, informó en una declaración escrita, que esta oficina participa de los simulacros de la farmacéutica y brinda adiestramientos de primeros auxilios al personal de la farmacéutica una vez al año.
No obstante, al día de hoy los empleados del Cesco-que pidieron mantenerse en el anonimato por miedo a represalias en su empleo- denunciaron que no han recibido ningún adiestramiento ni han participado de simulacro alguno.
Canales confirmó que la farmacéutica Lilly del Caribe envía al Departamento de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Carolina los planes de respuesta ante una emergencia, así como los informes de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) con la información de los químicos que trabajan. Sin embargo, la funcionaria no reveló los químicos que utiliza la farmacéutica y refirió las preguntas a Lilly del Caribe.
Por su parte, la portavoz de Lilly del Caribe, Cynthia Encarnación Benítez, se limitó a decir en una declaración por escrito a preguntas de EL VOCERO, que la farmacéutica participa “activamente en varios foros, incluyendo el Comité Local de Planificación de Respuesta a Emergencias Ambientales del Distrito de Carolina, junto a vecinos del Parque Industrial y representantes de agencias gubernamentales. Dicho Comité es presidido por la Junta de Calidad Ambiental”.
“Por los pasados 50 años, Lilly del Caribe, Inc. ha mantenido operaciones de manufactura farmacéutica en Puerto Rico. Operamos en una industria altamente regulada y mantenemos un récord de cumplimiento con agencias estatales y federales”, sentenció la portavoz.
Precisamente, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) multó en septiembre de 2003 a Lilly del Caribe por violar la Ley para Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés), estatuto que regula el manejo de residuos peligrosos.
La EPA determinó que Lilly del Caribe falló, durante al menos tres años, en calibrar apropiadamente los instrumentos para detectar escapes en las válvulas y bombas en un sistema de tuberías que lleva desperdicios peligrosos hasta las unidades de almacenamiento de estos residuos.
“Esto incrementó la posibilidad de que químicos tóxicos, como compuestos orgánicos volátiles pudieran esparcirse en el aire”, sostuvo la EPA. “Muchos compuestos tóxicos se evaporan en el aire muy fácilmente y puede agravar enfermedades respiratorias”, agregó.
Sobre los químicos que almacena en la actualidad la farmacéutica, la JCA aseguró que “las cantidades de estas sustancias están por debajo de los límites reglamentarios bajo la regla de Programa de Manejo de Riesgo (RMP) o ‘Risk Management Plan Rule’ bajo la sección 112(r) del ‘Clean Air Act’ o están fuera del alcance de la misma”.
La JCA informó que según el reporte Tier2, según establece la Sección 312 de la Ley de Planificación de Emergencias y del Derecho a Saber de la Comunidad (EPCRA, por sus siglas en inglés), Lilly del Caribe almacena ácido clorhídrico en contendores menores de 250 galones que “no generan emisiones reportables”. Además, la farmacéutica almacena diesel y keroseno líquido en tanques de 15 mil galones e hidróxido de sodio líquido en tanques de 250 galones.
Importante concentración de los químicos
Para Javier Salgado Trabal, profesor del Instituto de Educación Ambiental del Sistema Ana G. Méndez, un factor importante para determinar la peligrosidad de un químico es su concentración y ubicación.
EL VOCERO conversó con el experto en manejo de residuos sólidos y peligrosos para conocer las consecuencias de un escape de alguna sustancia peligrosa como la que se utiliza en las farmacéuticas.
“Desconozco específicamente qué concentración de ácidos utilizan para el proceso de manufactura o el proceso que sea en la farmacéutica, pero definitivamente es un material corrosivo, y en caso de una emanación hay dos peligros principales: está el peligro de contacto en la piel y si hay emanación del gas, y uno está cerca, pudiera haber un peligro de inhalación”, sentenció.
Salgado Trabal agregó que las farmacéuticas tienen programas de control de las sustancias químicas y adiestramientos de protección de materiales peligrosos.
“Las compañías se protegen por la cuestión pública y porque también representa un gasto para las compañías el que haya un escape de alguna de estas sustancias. Mi experiencia es que cuando se habla con las compañías están dispuestos a orientar a la comunidad circundante”, agregó el profesor universitario.
Defienden ubicación del Cesco
La mudanza del Cesco de Carolina al área industrial donde está ubicado en la actualidad ha sido cuestionada en los pasados meses por la relación que existe entre el Partido Popular Democrático (PPD) y el dueño del edificio, Agustín Crespo y su padre, Juan Crespo, este último un conocido como un importante recaudador de fondos del partido.
Tanto el gobernador Alejandro García Padilla como el titular DTOP han defendido el nuevo contrato de alquiler y negaron que se trate de beneficiar a un donante de la Pava.
Sobre la legalidad de que el Cesco se ubique en una zona industrial, la gerente de infraestructura del Municipio Autónomo de Carolina, Isami Ayala, sostuvo a preguntas de EL VOCERO, que el Departamento de Permisos Urbanísticos (DPU) evaluó la solicitud del permiso y la otorgación conforme con el Reglamento del Plan de Ordenación Territorial de Carolina.
“El edificio que actualmente ocupa Cesco se encuentra en una calificación I-1, lo que significa Industrial Liviano. El Reglamento establece el propósito de la calificación Industrial Liviano de la siguiente forma: este distrito se establece para clasificar áreas para el establecimiento de industrias livianas. Se persigue que los terrenos para industrias livianas se dediquen a tales fines, excluyendo en estos distritos el uso residencial e incluyendo ciertos usos comerciales”, sentenció la funcionaria.
“A la luz de lo anterior, el GMAC (el Municipio) a través de su oficina de permisos emitió correctamente el permiso de uso para las facilidades que actualmente ocupa Cesco”, concluyó.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
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