Los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) dijeron ayer que los municipios más pequeños sí se verían afectados con el cambio en el sistema contributivo y afirmaron que, de aprobarse un Impuesto de Valor Añadido (IVA), acudirán al tribunal para tratar de revertir esta legislación.
“Saldrían más perjudicados los municipios pequeños y lo importante es que los pequeños recibirían por encima de un millón y los medianos recibieran por lo menos $800 mil. Esa fórmula se estableció basado en las necesidades del municipio y no por población”, dijo ayer el presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill.
Isabelo “Chabelo” Molina, alcalde de Vega Alta, dijo que el gobierno central no dice la verdad al argumentar que los municipios pequeños salen peor con la fórmula que les garantiza dinero del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
“El gobierno, encabezado por Melba Acosta, está tratando de inducir a error a los municipios pequeños para ponerlos en contra de los grandes. Ante la oposición de municipios grandes como San Juan y Caguas, Melba y el gobernador han tratado de decirle a los pequeños que los grandes van a salir beneficiados para tratar de usarlos como fuerza a favor de su posición del IVA”, dijo Molina.
El alcalde popular de Isabela, Carlos Delgado, coincidió con los alcaldes novoprogresistas en que el proyecto de reforma contributiva no beneficiaría a los municipios más pequeños. Delgado es uno de los alcaldes populares que se oponen a este proyecto.
“No es correcto lo que se está planteando por parte de algunos compañeros de que los municipios pequeños salen peor con el IVU, no es correcto. Hay una fórmula, que es por población y por presupuestos y otros elementos que están en esa fórmula que compensa a los municipios pequeños por el IVU que recaudan los grandes y esa fórmula a los medianos y pequeños nos reparten algo de dinero”, dijo Delgado. “Cuando vas al resultado de cuánto se divide entre grandes y pequeños, los medianos y pequeños se benefician”.
Varios alcaldes del PNP ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la sede de la Federación de Alcaldes en Puerta de Tierra para reiterar su rechazo a la reforma contributiva.
O’Neill, alcalde de Guaynabo, denunció además que no se les haya permitido comparecer a una vista de la Comisión cameral de Hacienda. Los alcaldes azules sí fueron al Senado para presentar su oposición al proyecto. O’Neill dijo que, luego de una reunión con el presidente cameral, Jaime Perelló, hubo un compromiso para que acudiera a una vista pública, pero que esto no se concretó. Criticó también que el gobernador, Alejandro García Padilla se reuniera con los alcaldes rojos en La Fortaleza y no así con los de la oposición.
Aseguró que, de aprobarse el proyecto, irán a los tribunales para tratar de paralizar la implementación de la reforma contributiva.
“La Federación va a ir al tribunal porque hay derechos adquiridos económicos que hay que defender”, indicó. O’Neill advirtió que la incertidumbre que rodea la aprobación de esta reforma afectará también la preparación de los presupuestos municipales.
“Debemos someter el presupuesto antes del 27 de mayor y nadie va a poder someter el presupuesto porque no sabemos cuánto va a ser el 1%. Si lo presupuestamos y no nos lo da Hacienda, habrá déficit presupuestario en todos los municipios”, dijo O’Neill.
El alcalde de Barranquitas, Francisco López, hizo un reclamo a los alcaldes populares para que no favorezcan este proyecto.
“Esperamos que los asociados tengan un compromiso. Este es el momento y no que esperemos seis meses cuando ya sea tarde. Hay que enfrentar esto con valentía y no hacerlo por capricho de un grupo de personas”, dijo. “Todavía estamos a tiempo”.
Angelo Cruz, alcalde penepé de Ceiba, recordó ayer que la Federación presentó varias alternativas para allegar fondos al gobierno. Entre las alternativas de los alcaldes azules está aumentar en un 2% el impuesto que pagan las industrias foráneas y recortar en $600 millones el presupuesto del gobierno.
“El gobierno tiene que comenzar a recortar su casa antes de recortar el bolsillo. Es hora de que considere al pueblo y no le meta más la mano al bolsillo”, dijo al indicar que el aumento a las foráneas dejaría mil millones.
El alcalde de Ceiba dijo estar preocupado por el efecto de esta reforma en el desarrollo de los terrenos de la antigua base Roosevelt Roads. Al igual que otros alcaldes, mencionó que la incertidumbre que hay con el proyecto ha afectado desarrollos pendientes en su pueblo.
“El gobierno ha estado vendiendo el desarrollo de Roosevelt Roads, pero no esperaban esta movida y nos preocupa esto tenga unos efectos negativos en los proyectos de desarrollo”, dijo. “Nos preocupa que con esto, se eche para atrás el desarrollo de estas tierras”.
Mientras tanto, el abogado y ex secretario de la Gobernación, Miguel Romero, sostuvo que “tanto la Federación de Municipios como los alcaldes de forma individual y en representación de sus municipios, están legitimados para demandar en los Tribunales en caso de que la reforma contributiva se apruebe y ellos entiendan que se afecta un interés gubernamental legítimo de sus municipios. No cabe duda que si una ley afecta obligaciones contractuales municipales puede ser impugnada, al igual que una ley que afecte los ingresos municipales o afecte ingresos que ya están comprometidos. En Puerto Rico la Ley de Municipios Autónomos estableció una autonomía municipal en asuntos fiscales y los Alcaldes tienen una obligación de proteger esa autonomía por el bien de sus ciudades. Además, la propia Ley de Municipios estableció que no se pueden aprobar medidas que afecten las arcas municipales con imposiciones sin identificar fondos para los municipios; ese es el principio que busca proteger la autonomía municipal y bajo ese principio están facultados los alcaldes para demandar e impugnar cualquier ley en las cortes de Puerto Rico”.
You must be logged in to post a comment Login