Eric Rojas/EL VOCERO

La compañía Downtown Development Corporation (DDC) presentó una demanda de desahucio contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por las facilidades donde ubica el Centro de Servicios al Conductor (CESCO), en el segundo piso de la Plaza Gautier Benítez.

La demanda radicada el 15 de enero de este año señala que el contrato de arrendamiento por cinco años a razón de $17,933.33 mensuales entre las partes había concluido en junio de 2014.

“Por siete meses el co demandado DTOP ha detentado y disfrutado de la propiedad a sabiendas de que no ha suscrito el nuevo contrato de arrendamiento del CESCO y no ha pagado merced alguna”, reza la demanda, que además señala que el balance adeudado para ese entonces era de $125,953.31 por los meses de julio de 2014 a enero de 2015.

La solicitud de desahucio de DDC es a los fines de que se desaloje la propiedad y que se restituya. Fernando Font Lee es el abogado de la parte demandante y Gina Jovet Matos representa al Estado.

Posterior a la radicación de la demanda, han ocurrido dos vistas en las fechas del 10 y 26 de febrero. En la última de estas, de acuerdo a la minuta, las partes están en negociación para establecer un contrato y “si se logra un acuerdo, se informe para dejar sin efecto el señalamiento”. Entre los asuntos que aún quedan pendientes para la renovación del contrato está la certificación de la Autoridad de Edificios Público y el referido del contrato de la Oficina del Contralor.

“La Administración de Edificios Públicos cedió y va a aprobar el mismo, pero se vencieron unas certificaciones y lo que queda pendiente es una certificación de bomberos que ya se está tramitando.  En cuanto al término de la certificación de bomberos aclara que la misma llegará de 4 a 5 días pero en lo que se consigue el visto bueno de Edificios Públicos estaría solicitando un término adicional”, reza la minuta. Una vista de seguimiento fue pautada para el 30 de marzo.

Sin embargo,  este es solo el último episodio de problemas entre ambas partes. Según consta en documentos a los que EL VOCERPO tuvo acceso, las facilidades del CESCO de Caguas están en un avanzado estado de deterioro desde al menos el año 2001, cuando comenzaron las comunicaciones del DTOP a la compañía.

Las fallas estructurales, que provocan filtraciones en los techos, así como la falta de mantenimiento del local han sido documentadas por al menos 13 años. Asimismo, los empleados y los visitantes han sometido un sinnúmero de quejas al DTOP y otras agencias concernientes.

Entre las quejas documentadas desde el 2001 están problemas con los elevadores y con el cuarto piso del estacionamiento.

En una carta fechada el 31 de enero de 2005,  la entonces directora ejecutiva interina del CESCO de Caguas, Lourdes Díaz Miranda, le señaló al vicepresidente de DDC, León Winer,   “problemas de filtraciones en el techo que han ocasionado humedad en las paredes y plafones acústicos de varias áreas internas”.

“El deterioro en el material de plafón denota abandono y falta de limpieza. El investigador señala en su informe que el hongo y las bacterias que crea la humedad son factores que representan un riesgo a la salud de los empleados”, cita la comunicación.

Posteriormente, el director ejecutivo del CESCO de Caguas, Samuel Ayala Sáez, le reiteró a Israel Kopel, de DDC, los señalamientos sobre las “dificultades debido a las filtraciones en los techos” y el “deterioro en las facilidades, pérdida de materiales y documentos que representan un riesgo a la salud y al personal y los visitantes”. En esa misma carta, el funcionario del DTOP le señala que los problemas no están relacionados a los acondicionadores de aire, como el arrendatario había planteado.

Incluso, el 3 de abril de 2007 se reportó la suspensión de los servicios en una de las oficinas debido al deterioro de la planta física.

“El edificio tiene unos serios vicios de construcción. Los mismos afectan la salud como el funcionamiento de los empleados. El mismo carece de un mantenimiento por parte del arrendatario”, indica otra comunicación fechada el 2 de julio de 2012.

Otro señalamiento que se realizó fue la mala distribución de contadores públicos, que ocasionaba alzas en el servicio de energía eléctrica.

Del mismo modo, en una comunicación del 22 de agosto de 2012 el director ejecutivo del CESCO de Caguas,  Moisés Deida García, radicó una “resolución de emergencia” por el avanzado estado de deterioro del edificio y la inacción de la compañía en atender sus reclamos.

Ante este panorama, el DTOP había firmado un contrato con la compañía Del Mar Investment para el arrendamiento de otro local en Bairoa Industrial Park. Sin embargo, el contrato fue anulado, luego de que el local fuera habilitado para esas facilidades, con la rotulación y remodelación con una inversión de sobre $2 millones, por lo que se alega es falta de información en el expediente, dijo una fuente ligada a este caso.

Dicho contrato por $2,475,000 por 60 meses a razón de $41,250 con Del Mar Investment incluía el arrendamiento del espacio físico para las facilidades del CESCO de Caguas y el almacén de suministros del DTOP, y fue firmado el 5 de octubre de 2012. Posteriormente fue anulado en diciembre 2013. Del Mar Investment es propiedad de Leslie Dereck Fleming Negrón.

“Ese acuerdo fue cancelado ya que se otorgó sin cumplir con todos los requisitos reglamentarios. Las partes han estado negociando un acuerdo que cumpla con las disposiciones  reglamentarias, así como los requisitos de ahorro de la Ley 66-2014. El mismo está sometido para la consideración de la OGP”, indicó la licenciada Yasmin Santiago, asesora legal del DTOP.

Ante cuestionamientos de EL VOCERO, sobre qué ocurrirá con la mudanza del edificio y si contemplan moverse al edificio que ya está listo, Santiago respondió: “En este momento, ninguna posibilidad se ha descartado. No obstante, estamos concentrando nuestros esfuerzos en lograr la contratación”.

“Las condiciones del local y sus alrededores siguen siendo la preocupación de la Agencia”, aseguró a través de declaraciones escritas enviadas a este medio a preguntas sobre los pormenores del contrato y las condiciones estructurales y físicas del local.  No obstante, no ofreció información sobre el desahucio.

De otra parte, Santiago aseguró que DTOP no tiene multas por la división de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Salud ni la Junta de Calidad Ambiental relacionadas a la planta física del CESCO de Caguas.

“Han habido múltiples señalamientos de las agencias concernidas que, en la medida que se han tomado medidas temporeras y planteado una mudanza, no han emitido multas”, detalló  la licenciada.

El DTOP no ha dejado de brindar servicios en este CESCO. Sin embargo, el Departamento de Hacienda retiró las facilidades de la colecturía del establecimiento porque no cumplía con los requisitos mínimos para su establecimiento.
El 13 de septiembre de 2012 el entonces secretario de Hacienda, Jesús Méndez,  indicó que la colecturía sería cerrada “debido a que el contrato disponía que el arrendador queda obligado todo el tiempo a efectuar los arreglos y reparaciones para conservar el inmueble en condiciones utilizables”.

La situación que ocurre con el CESCO de Caguas contrasta con el proceso acelerado que dio paso al arrendamiento del CESCO de Carolina a la empresa de un donante del Partido Popular Democrático. La empresa Educon Management es del popular Agustín Crespo Rivera, quien es hijo del conocido recaudador de fondos para campañas populares Johnny Crespo.