En enero del 2009 Luis Fortuño tomó las riendas de un gobierno con un déficit auditado de $3,300 millones, un déficit en caja de más de $4,459 millones, más de $960 millones en cheques del gobierno emitidos sin fondos, un sistema de retiro del ELA en quiebra, la Universidad de Puerto Rico con un déficit de $200 millones y suplidores de servicios a los que por meses no se les había pagado. Todo esto debidamente certificado por auditores externos. En enero de 2013 le entregó a Alejandro Garcia Padilla un gobierno con un leve crecimiento económico reflejado por un Índice de Actividad Económica en positivo, con calificaciones positivas de las agencias calificadoras de deuda y con la advertencia de estas al entrante gobierno de que se debían seguir las sanas políticas económicas y fiscales de la saliente administración de Fortuño.
Esas recomendaciones cayeron en oídos sordos y lo primero que AGP hizo fue insultar a las casas calificadoras de crédito señalando que él era quien correría el gobierno, que si ellas querían hacerlo que se inscribieran como partido político y fueran a elecciones. Señaló además “me vale” lo que estas digan. Desde ese día el crédito de todo el gobierno ha bajado en tres ocasiones a niveles de chatarra cada vez más profundos y el Índice de Actividad económica ha caído a negativo por 25 meses consecutivos.
Ante el desplome del modelo económico de un ELA colonial impotente; ante la renuencia del PPD legislar para llevar a cabo un plebiscito que resuelva de una vez por todas el problema de un territorio no incorporado responsable por la incertidumbre que impide invertir para un desarrollo económico que nos permita salir de una depresión estructural cada vez más profunda; un Gobernador incompetente se ha empeñado en atosigarnos una improvisada reforma contributiva con un IVA de 16 % que el pueblo unánimemente rechaza.
Ante este rechazo contundente, la legislatura inició un proceso de enmendar el proyecto sometido por el Gobernador. Las enmiendas y exenciones hechas hasta el presente han producido un proyecto tan disparatado, totalmente distinto a lo que sometió el ejecutivo a tal grado que un gran número de legisladores populares se oponen al mismo y consideran que sería mejor eliminarlo y someter uno sustitutivo. De igual modo cinco influyentes alcaldes soberanistas del PPD se oponen con vehemencia a este engendro por considerar que es una medida mala para el pueblo (y mala políticamente para sus respectivas aspiraciones reeleccionarias) que habrá de encarecer más el costo de vida y profundizar la actual depresión. Ante la firmeza de estos alcaldes manifestada en vistas públicas en la Comisión de Hacienda del Senado, el Gobernador les cursó una invitación para reunirse a dialogar en La Fortaleza pero estos no respondieron a la invitación.
Ante esta situación el Gobernador convocó a todos los alcaldes Populares a reunirse en La Fortaleza el pasado martes. A esta reunión asistieron 37 de los 48 alcaldes Populares. La mayoría de estos entendían que ante la oposición unánime a la propuesta, el Gobernador estaría en disposición de aceptar enmiendas al proyecto para hacerlo menos nocivo para el pueblo y más aceptable políticamente. Ocurrió lo contrario, el Gobernador obstinadamente se reafirmó en el proyecto sometido con un impuesto de 16 % al IVA. De allí salieron 17 alcaldes opuestos al proyecto sin convencerse. La reunión fue una total pérdida de tiempo.
Simultáneamente tres legisladores soberanistas (independentistas) Natal, Vega Ramos y Luis Raul Torres han propuesto enmendar la constitución para reestructurar la deuda del gobierno e imponerle a las “megatiendas” una contribución de alrededor de 4-6 %. Otro legislador disparatero, Aponte Dalmau, pretende legislar para imponerles a los bonistas una contribución de hasta 50% por ingresos por concepto de los bonos. Todas estas disparatadas medidas, además de tener un fuerte componente ideológico separatista atentan con crear un clima de mayor incertidumbre que aleje totalmente la inversión y propicie un caos económico del cual no haya recuperación posible.
Está claro que estamos ante un gobernante inepto que ha perdido toda credibilidad, respeto y sin poder de convocatoria…pero ¿será posible que estemos ante una administración en la que todos sean ineptos o es que estamos ante una estrategia malsana de un gobierno soberanista para llevarnos al caos fiscal y así alejar las posibilidades de la estadidad. Juzgue usted amigo lector.
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