Diversos economistas del país coincidieron en que el impago de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a los bonistas no es una opción para el país, ya que representaría la pérdida de credibilidad y acceso a los mercados.
La economista Heidi Calero enfatizó que Puerto Rico tiene que hacer el máximo esfuerzo para poder cumplir con los bonistas, ya que no hacerlo representa el cierre al mundo financiero, del cual depende para devolverle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a la vez que representa su última carta de credibilidad ante los mercados de inversión.
“Yo esperaría que la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, se siente con los bonistas y le explique lo que ha hecho en estos pasados ocho meses y les presente un plan. No pagar no es aceptable, tiene que presentar algo más creíble y explicar las razones por las cuales solicita más tiempo”, dijo Calero.
No New Taxes
La economista fue enfática en que la agencia tiene que poner un vigor una reestructuración y desarrollar un plan desde varios puntos de vista: infraestructura, cumplimiento ambiental, empleos, subsidios otorgados, ventas de activos y no descartar la opción presentada por los bonistas en torno a la privatización, utilizando a GE en el proceso. “Opciones hay, lo que no es razonable es lo que presentó la unión de imponer una derrama, ya que el pueblo no puede ser penalizado más por sus irresponsabilidades, además de que continúa encareciendo el servicio, que dejó de ser competitivo hace mucho tiempo”, agregó.
En un sentido muy similar se expresó el economista Angel Rivera, quien coincide en que no pagar no es opción, ya que trae consigo pérdida de riquezas, merma en el poder de decisión de la AEE y en su manejo, además que cierra el acceso a los mercados. “Aunque la AEE ha entrado casi en impago por las veces en que ha tenido que extender su periodo de pago, todavía goza de credibilidad. La agencia enfrenta una situación de colapso inminente por lo que requieren una reestructuración de cabeza a pies”, sostuvo Rivera.
Como alternativas mencionó fomentar las alianzas público privadas de manera que sea la empresa privada quien asuma ese rol operacional y administrativo, y abrir el servicio a la competencia. “El modelo actual es uno obsoleto, hay que diversificar las fuentes de energía, por lo que entendemos que la intervención privada es imprescindible. La derrama no es una opción, el consumidor no puede seguir pagando los errores gubernamentales”.
En tanto, el economista Antonio Rosado aclaró que el problema de la AEE no es el servicio de la deuda, sino lo irresponsable que ha sido en la compra de petróleo y la adopción de tecnologías que modernicen y atemperen las operaciones de la agencia a los nuevos tiempos. Afirmó que la agencia tiene que invertir en la conversión a gas natural, por lo que la opción de GE es una extraordinaria, de lo contrario, le toca al gobierno hacer la inversión, lo que hoy resulta imposible. “Hay que cambiar tecnología, cerrar plantas, despedir empleados y reestructurar la agencia. El impago no es una opción. Todo país necesita de refinanciamiento para sobrevivir. Si Puerto Rico logra refinanciar su actual deuda de un porcentaje actual de poco más de 6% a 3%, lograría ahorrar $2,000 millones en el servicio de la deuda, lo que generaría inversión y con ello la creación de 50,000 empleos, por lo que seríamos un paraíso. El problema en la agencia es que por años la producción no era importante para ellos”, destacó Rosado.
Por su parte, el profesor y economista Elías Gutiérrez coincidió con sus colegas y puntualizó que no pagar no es una opción real ni para el gobierno ni para sus corporaciones. “Ese es el camino más fácil a seguir para el que no sabe. Pero para el que sabe conoce que representaría el cierre hermético de todos los mercados, incluyendo el de los “hedge funds”, además de ser el descrédito total del país. La realidad es que el impago no es necesario, si el mismo gobierno y sus corporaciones le pagan a la AEE por el servicio utilizado, se pudiese financiar el proyecto de la planta de gas y en dos años recuperar la inversión. El problema del servicio de la deuda es otro, las prioridades no están bien puestas y la deuda se dejó para lo último. Hay que sacar de esta ecuación la intervención del gobierno central y la Legislatura, que han obstaculizado el avance y buscar soluciones reales”.
En torno a la propuesta de los bonistas, aceptó que se desconoce el contexto en que se planteó, por lo que sería irresponsable reaccionar al respecto. Sin embargo, expresó su coraje al rechazo inmediato de dicha alternativa y echarle la culpa a los bonistas de lo que está pasando, cuando entiende que son justamente ellos los únicos que le han tirado la soga salvadora al país. Enfatizó que intentar incrementar el precio de la luz sea por cualquier mecanismo como la propuesta derrama no es una alternativa ya que sigue sacando al país de la competencia ante los altos costos energéticos. “Hay que sacar el monopolio, privatizar las unidades de producción de la AEE, evitar la intervención gubernamental y hay que seguir adelante con el proyecto de la gasificación dond
e ya se ha perdido una inmensa cantidad de tiempo”, sentenció Gutiérrez.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
Complejo escenario
Si la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) decide no pagar a sus acreedores, la figura de un síndico podrá tomar posesión de todos los activos que garanticen el pago de su deuda, aumentar tarifas, deshacerse de todo el recurso humano a todos los niveles, pero no puede liquidar mediante venta ninguna parte de la corporación pública.
Contrario a lo que se discute públicamente, la Ley Orgánica de la AEE que fue firmada en 1974, no necesariamente resulta 100% beneficiosa para los acreedores, debido a la complejidad para recuperar su inversión y el tiempo que esto les tomaría, porque la garantía de servicios ciudadanos no está descartada.
Además, como la fuente de repago depende de que se mantenga el cobro por el servicio de energía eléctrica, esto conlleva un manejo distinto al que tendría un impago de la deuda de las obligaciones generales (GO´s) del Estado Libre Asociado (ELA). Cuando se incumple con los GO´s, están garantizados por encima de cualquier otra consideración y cuentan con el fondo general como ¨caja cautiva¨ para su repago.
Según la Sección 17 de la mencionada ley, los acreedores pueden solicitar un síndico ante un incumplimiento con el principal o intereses de cualquiera de sus bonos si dicha falta de pago persiste ¨por un período de treinta (30) días¨.
La AEE no cumple con sus obligaciones desde el verano de 2014, pero tras alcanzar un acuerdo de indulgencia que tampoco ha podido cumplir pero que está vigente, esto le permite evitar que los bonistas soliciten un síndico.
Está pendiente de que este miércoles 15 de abril haya otra extensión del acuerdo.
La deuda de la AEE con los bonistas al 30 de junio de 2015 sumaba $702 millones entre principal e intereses, algunos de los cuales se han pagado. En el caso de los bancos que extendieron líneas de crédito a la autoridad, la deuda es de $671 millones y fue este incumplimiento el que dio paso al acuerdo de indulgencia.
De haberse declarado un impago oficial, eso habría arrastrado el valor de la deuda total de $9,000 millones de la AEE con pérdidas inimaginables para los acreedores y el mercado de bonos, donde Puerto Rico es el tercero de los principales emisores.
La ley establece que el síndico se puede solicitar ¨para las empresas o partes de las mismas, cuyos ingresos o rentas estén comprometidos para el pago de los bonos en descubierto¨ y es clara al exponer que no hace falta una mayoría de bonistas para solicitarlo. Es así, toda vez que ¨si la solicitud se hiciere por los tenedores de un 25% del montante del principal de los bonos en circulación o por cualquier fiduciario de tenedores de bonos por tal montante de principal, el tribunal vendrá obligado a nombrar un síndico para dichas empresas¨.
Una vez designado, el síndico toma posesión de todas y cada una de las partes de la empresa, ¨y podrá excluir totalmente de éstas a la Autoridad, su Junta, funcionarios, agentes y empleados y todos los que estén bajo éstos; y tendrá, poseerá, usará, explotará, administrará y regulará las mismas y todas y cada una de sus partes¨.
Entre sus responsabilidades, ¨dicho síndico conservará, restaurará, asegurará y mantendrá aseguradas tales empresas y hará las reparaciones necesarias o propias que de tiempo en tiempo estime oportunas, y establecerá, impondrá, mantendrá y cobrará las tarifas, derechos, rentas y otros cargos en relación con dichas empresas que dicho síndico estime necesarios, propios y razonables, y cobrará y recibirá todos los ingresos y rentas y depositará los mismos en una cuenta separada y aplicará dichos ingresos y rentas así cobrados y recibidos en la forma que el tribunal ordene¨.
Una vez se salden todos los compromisos con los acreedores, entonces a discreción judicial, luego de un aviso y vista pública ¨podrá ordenar al síndico darle posesión de dichas empresas a la Autoridad¨.
Un aspecto fundamental es que el síndico ¨no tendrá poder para vender, traspasar, hipotecar o de otro modo disponer del activo de cualquier clase o naturaleza, perteneciente a la Autoridad y que sean de utilidad para dichas empresas, sino que los poderes de tal síndico se limitarán a la explotación y conservación de dicha empresa, y al cobro y aplicación de los ingresos y rentas de ésta, y el tribunal no tendrá jurisdicción para expedir ninguna orden o decreto requiriendo o permitiendo a dicho síndico vender, hipotecar o de cualquier otro modo disponer de cualquier parte de tal activo¨.
En el asunto de las tarifas a los abonados, según las fuentes, es un punto de alta controversia ya que el pasado año se creó mediante legislación la Comisión de Energía, que es la responsable de aprobar o no alzas en las facturas. Al haber unos contratos ya establecidos con los acreedores, de invocarse un síndico la Comisión no aguantaría el reto legal para dejarla si efecto.
El ambiente que todavía persiste de negociación con los bonistas, que han accedido a extender los acuerdos, se debe precisamente a la complejidad de asumir las riendas de la AEE para que un síndico lleve su operación y empezar a cobrar su dinero. En ese contexto, fuentes señalan, que surgió la propuesta de un grupo de acreedores, entre los que se encuentran ¨hedge fund¨ o fondos de cobertura, que adquirieron deuda de la AEE en el mercado secundario y necesitan recobrar su inversión en el menor tiempo posible.
Mientras tanto, a dos días para que se cumpla el plazo de 15 días que otorgó el 60% de los acreedores a la AEE para cumplir con el plan que no estuvo listo el 2 de marzo, la oficial de reestructuración de la empresa pública, Lisa Donahue, insiste en estar confiada en conseguir otra extensión.
Donahue deberá comparecer ante el Senado para dar cuenta de su labor en la AEE este martes, y la principal oficial financiera del gobierno, Melba Acosta Febo, dijo a EL VOCERO que las reuniones continuarán.
¨En estos días se darán unas reuniones en Nueva York entre consultores, sin bonistas, principales ni abogados. Más adelante, de ser necesario, se tendrán otras reuniones. Lisa Donahue como CRO (principal oficial de reestructuración) de la AEE será la persona que hará comentarios sobre estos temas. Ella estará precisamente el martes en el Senado discutiendo de estos temas¨, expresó Acosta Febo.
A preguntas de si este es el momento más neurálgico en el manejo de los asuntos económicos hasta esta fecha, Acosta Febo contestó que ¨como ya hemos dicho, esperamos obtener una extensión a la fecha del 15 de abril, ya se han comenzado las conversaciones en este respecto. Sobre el pago del 1 de julio, me remito a las expresiones de la CRO sobre este tema¨.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
En el limbo la emisión
Todo lo que toca lo quiebra.
La solicitud de informaciones que todavía no están claras en la Isla mantienen en terreno movedizo las gestiones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para poder convencer al mercado inversor de una nueva apuesta por los bonos del Estado Libre Asociado (ELA).
En declaraciones a EL VOCERO, Melba Acosta Febo, presidenta del BGF, confirmó que mientras sigan sin concretarse asuntos como la reforma contributiva y otros aspectos de carácter económico y de interés para los bonistas, respecto a la emisión de $2,900 millones para manejar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y darle liquidez al banco, no se irá al mercado.
¨No hay una fecha fija para ir al mercado, iremos tan pronto sea posible. Mientras, se trabaja con la documentación y se trabaja con los banqueros la estructura de la transacción¨, contestó Acota Febo.
Cuando se le preguntó por qué con la aprobación final del impuesto sobre el crudo (la crudita) y sus enmiendas para viabilizar el repago de la emisión, todavía no es suficiente para llegar al mercado, la funcionaria se reiteró en el asunto de la información.
¨Para emitir deuda en el mercado, el gobierno tiene que dar una cantidad de ´disclosure´ sobre la situación fiscal. Si hubiéramos accedido el mercado más temprano, probablemente la situación hubiera sido distinta. En este momento, tenemos que hablar, entre otros temas, de cómo queda configurada la reforma contributiva, hablar del status de las negociaciones de la AEE, como cierra el 2016 y dar a grandes rasgos cómo será el presupuesto 2016¨, explicó Acosta Febo.
Agregó que para tener un presupuesto ¨obviamente es necesaria la configuración final de cómo queda la Reforma. Estamos trabajando en varios documentos como el Commonwealth Report, el webcast de inversionistas y otros. Obviamente para terminar estos documentos es necesario tener la información que menciono anteriormente¨.
Entre tanto, la también principal oficial financiera del gobierno, sostuvo que una de las prioridades es mejorar la liquidez del BGF, lo cual ¨estamos manejando con mucho cuidado¨.
Aunque Acosta Febo ha sido clara en que no está en posición de dar ayuda a las agencias y eso está respaldado por legislación, se le preguntó si ante la seria situación en la AEE se le podría brindar algo de capital, pero ella puntualizó que ¨en este momento no se contempla ninguna ayuda del BGF a la AEE¨.
El incumplimiento de pagos en la AEE cubre al BGF con aproximadamente $36 millones.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Para el jueves la reforma contributiva
Otro Fracacista del PPD: Todo lo que toca lo quiebra.
La discusión sobre la reforma contributiva y la tasa final del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) continuará esta semana con la meta de presentar el proyecto de ley enmendado a más tardar este jueves, supo EL VOCERO a través de fuentes allegadas al proceso.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, dijo que hoy el Ejecutivo y el liderato legislativo deberán comenzar a llegar acuerdos.
Se espera que a las 9:00 a.m. el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló y el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, acudan al Palacio Santa Catalina junto al portavoz de la Cámara, Charlie Hernández y el portavoz del Senado, Aníbal José Torres, para sostener la reunión semanal de liderato legislativo con el gobernador Alejandro García Padilla.
“La semana pasada el Ejecutivo entregó toda la información que solicitaron la Cámara y el Senado para su análisis. Esperamos que hayan evaluado la misma y a partir de mañana (hoy) comencemos a concretar los acuerdos que faltan”, sentenció el secretario de la Gobernación a preguntas de EL VOCERO.
Se desconoce cuáles serán las enmiendas finales al proyecto de reforma contributiva, pero el secretario de la Gobernación dijo la semana pasada que todas toman en cuenta la exención del IVA para la educación y los servicios de salud.
La semana pasada, la Cámara impulsaba un IVA de 12 por ciento mientras el Ejecutivo parecía estar dispuesto a bajar la tasa de 16 a 15 por ciento, a menos que se identificaran más medidas compensatorias tras las nuevas exenciones propuestas.
EL VOCERO supo que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael (Tatito) Hernández, trabaja desde los pasados días personalmente con la redacción de varias enmiendas para la medida de reforma contributiva. Al cierre de esta edición, continuaba ese proceso.
Se busca que el IVA genere al menos $1,200 millones a pesar de las exenciones a la educación, los servicios de salud y los pequeños comerciantes que generen menos de $150 mil en ventas.
Se espera que las primeras etapas de la reforma contributiva inicien tan pronto como el próximo mes de mayo, pero la fase crucial será en enero de 2016 cuando comience a operar el sistema de comprobantes entre comerciantes.
De acuerdo con el Ejecutivo, la reforma contributiva es importante para la presentación del presupuesto que deberá ser aprobado antes del 30 de junio. García Padilla deberá también presentar su mensaje de situación y presupuesto este mes. Asimismo, la reforma dará paso a la emisión de bonos que el Gobierno buscar colocar en el mercado de $2,900 millones y que será respaldada con el segundo aumento en el impuesto al petróleo conocido como “la crudita”.
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