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Los líderes legislativos y el gobernador han tenido diferencias en varios proyectos importantes de la Isla. (André Kang)

El proyecto de la  reforma contributiva, que en la versión original impulsada por el gobernador Alejandro García Padilla proponía un Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 16%, ha estado en el ojo de un huracán de controversias entre el mandatario y los legisladores de su Partido Popular Democrático (PPD).

Desde que comenzó su paso por el Capitolio, la medida ha sufrido cambios sustanciales, entre estos la exención de los servicios educativos y médicos del nuevo tributo. Sobre la mesa ha habido propuestas de bajar el IVA a 11%, a 14% o a 15% y de cambiarle el nombre a Contribución sobre Bienes y Servicios (Cobys). Hasta ayer miércoles, el proyecto no ha bajado a votación en la Cámara de Representantes por falta de votos a favor dentro de la mayoría del PPD. José Nadal Power, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, instó ayer a sus compañeros en la Cámara  a detener la consideración de la pieza legislativa y dirigir  la discusión hacia otras medidas que permitan atender rápidamente la grave situación fiscal del gobierno.

Esta no es la única ocasión en que García Padilla choca con la Cámara y el Senado. A continuación le presentamos otras instancias en que proyectos de administración han enfrentado fuerte oposición por parte de legisladores de la mayoría popular:

Reforma legislativa (2013)

Desde antes de juramentar y tomar posesión de sus puestos en enero de 2013, habían salido a la luz los desacuerdos entre el gobernador y legisladores de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) acerca de la reforma legislativa que esa colectividad había prometido a los electores durante la campaña política de las elecciones generales. Aunque la reforma formó parte de los primeros proyectos de ley que presentó, no logró que se aprobara ese mismo mes, como había prometido. El regreso de la figura del legislador ciudadano a tiempo parcial fue uno de los principales puntos de controversia entre el mandatario y los presidentes de la Cámara y el Senado, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, respectivamente. La media también proponía  establecer una sola compensación; eliminar la segunda sesión ordinaria del año; reducir el presupuesto legislativo en un 30% y adoptar un Código de Ética estricto. Las diferencias llegaron a tal nivel que la Cámara llegó a aprobar otra medida con una versión de la reforma distinta de la del Senado. El proyecto que finalmente se aprobó en mayo de 2013 definió al legislador ciudadano como un legislador que trabaja a tiempo completo y que puede generar ingresos extralegislativos equivalentes a un 35% de su salario. Aunque eliminó las dietas y los estipendios para autos, la nueva ley no eliminó la segunda sesión legislativa ni redujo el presupuesto legislativo en un 30%.

La crudita (2014)

El proyecto para aumentar el arbitrio al barril de crudo de $9.25 a $15.50,  fue eje de controversias entre el gobernador, la Cámara y el Senado. En su recorrido por la Asamblea Legislativa, la medida estuvo a punto de no aprobarse debido a la falta de apoyo por parte de legisladores del propio PPD y sufrió enmiendas. Entre estas, se  eliminó el aumento inflacionario de 1.5% al arbitrio  incluido en la medida sometida por el mandatario y se  limitó a 8.5% el interés al que el gobierno podría vender los bonos. El 8 de diciembre de 2014, el proyecto fue aprobado en la Cámara luego de que la mayoría popular, al ver que no tenía los 26 votos necesarios dentro de su delegación, obtuvo el favor del representante de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Julio “Pellé” Santiago. Este fue expulsado del caucus PNP por su acción. Después de titubear, el gobernador finalmente convirtió en ley la medida, con la que se pretendía permitir  que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura pudiera emitir deuda a nombre de la Autoridad de Carreteras y Transportación, que tiene una deuda de unos $2,200 millones en préstamos con el Banco Gubernamental de Fomento.

La reforma energética (2014)

Tanto el gobernador como la Cámara y el Senado radicaron proyectos de ley distintos para reformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Entre los puntos de debate estaba la creación de la Junta Reguladora de Electricidad en Puerto Rico, propuesta por el Senado. Esta contrastaba con las medidas de la Cámara y el mandatario, que buscaban ampliar la jurisdicción de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para incluir el sistema eléctrico. A solo días de que el Senado aprobó el proyecto de la autoría del presidente de ese cuerpo, Eduardo Bhatia, la secretaria de la gobernación, Ingrid Vila, dijo que  esa medida no estaba alienada con la política pública del gobernador, no protegía los mejores intereses del pueblo y no aseguraba una baja en las tarifas. También se alegó que el proyecto pretendía privatizar la producción energética. La ley de la reforma energética, que  se aprobó finalmente en mayo de 2014, creó la  Oficina Estatal de Política Pública Energética y ordenó a la AEE iniciar un proceso de revisión de sus tarifas.