El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, acusó hoy a los inversionistas que poseen bonos emitidos por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de mantener un mismo discurso para defenderse en un pleito federal contra la Ley de Quiebra Criolla y para rechazar la aprobación de una medida de su autoría que incluiría al gobierno de Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras.

La disputa sobre la validez de la Ley de Quiebra Criolla fue discutida ayer durante una audiencia argumentativa realizada en el Circuito Apelativo de Boston, luego de que en febrero pasado el Tribunal de Distrito de Estados Unidos sostuvo que la regulación que se pretendía establecer es campo ocupado por el Código de Quiebras de Estados Unidos y por tanto, es inválida bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución federal.

Fue tras esta determinación que Pierluisi presentó la medida que ya se ha discutido en vistas públicas en la Cámara de Representantes federal.

“Quienes único se han opuesto al proyecto (de su autoría) son un puñado de empresas de inversión, incluyendo las firmas que presentaron la demanda para invalidar la Ley de Quiebras, que, en conjunto, poseen solamente un cinco por ciento de los $73,000 millones que componen la deuda total de Puerto Rico. Su argumento es que sería injusto aplicar la protección del Capítulo 9 a la deuda emitida por las corporaciones públicas de Puerto Rico previo a la promulgación del HR 870, porque eso sería el equivalente a ‘cambiarle las reglas del juego’ a los inversionistas que compraron los bonos de Puerto Rico cuando el Capítulo 9 no estaba disponible”, afirmó en declaraciones escritas.

Luego, explicó que “cabe destacar que en sus argumentos en la corte federal en contra de la Ley de Quiebras (Criolla), los bonistas demandantes socavan sus propios argumentos ante el Congreso en contra del HR 870, en particular, de que la aplicación del Capítulo 9 a deuda preexistente sería injusto”.

“Por ejemplo, en sus escritos, los bonistas demandantes reconocen que, entre el 1937 (cuando el Congreso estableció un régimen de quiebra) y el 1984 (cuando el Congreso excluyó  a las corporaciones públicas de Puerto Rico del mismo), el Congreso autorizó al gobierno de Puerto Rico a permitirle a las corporaciones públicas ajustar sus deudas.  En consecuencia, cualquier inversionista que compró deuda de Puerto Rico después del 1984, debió haber sabido que el Congreso podía modificar la ley federal nuevamente y permitir a las corporaciones públicas de Puerto Rico ajustar sus deudas bajo el Capítulo 9”, prosiguió el comisionado residente.

Pierluisi también citó a expertos que han testificado en el Congreso a favor de su medida congresional, los cuales expusieron que la preexistencia de deuda no ha evitado que históricamente se enmienden o creen nuevas leyes sobre quiebras en el Congreso que aplique a acuerdos económicos pasado. De hecho, mencionó que se han realizado reclamos judiciales sin éxito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

“Por supuesto, estas empresas omiten mencionarle a los jueces que presiden el caso de la Ley de Quiebra Criolla que se oponen activamente a la aprobación en el Congreso de la legislación que, según esas mismas empresas, constituye el único método permitido mediante el cual las corporaciones públicas de Puerto Rico pueden ser autorizadas a ajustar sus deudas. Es más, en sus argumentaciones ante el Primer Circuito, estas empresas no sugieren que la aplicación del Capítulo 9 para deuda preexistente sería inconstitucional o injusto.  Ello, porque se trata de un argumento de conveniencia cuyo propósito es confundir, no de un argumento en los méritos cuyo propósito sea persuadir”, manifestó.