Nuevamente se discute en Puerto Rico la descentralización gubernamental. Esto por la consideración de medidas para permitir que municipios o regiones que los agrupen, realicen funciones, presten servicios o administren programas que tradicionalmente han sido responsabilidad del Gobierno Central.
La descentralización de servicios y programas gubernamentales no es una idea nueva en Puerto Rico. Ésta se ha impulsado y debatido por décadas. De hecho, la Ley de Municipios Autónomos vigente, aprobada en 1991, incorporó como uno de sus objetivos principales la descentralización gubernamental, a través de mecanismos y criterios que contiene para evaluar y determinar la viabilidad de transferir funciones del Gobierno Estatal a los municipios.
Los esfuerzos de descentralización en la Isla han tropezado con diversos obstáculos y retos, siendo la falta de financiamiento adecuado uno de los principales. El Gobierno Central tiene un amplio historial de transferirle responsabilidades a los municipios sin otorgarles fondos y apoyo suficiente para que éstos las realicen sin afectar sus presupuestos.
No obstante, existen ejemplos, aún limitados, de municipios o consorcios municipales que han asumido satisfactoriamente funciones del Estado como el mantenimiento de escuelas y carreteras, la transportación escolar, la administración de residenciales públicos y facilidades recreativas y la operación de oficinas de permisos municipales y regionales.
Está por verse si las propuestas de descentralización de la presente administración son un esfuerzo genuino de reforma y transformación, o si son para pasarle sus problemas a los municipios o a entidades del Tercer Sector, sin precisar cómo se costearán las nuevas tareas delegadas, si provocarán despidos como argumentan uniones o si resultarán en más burocracia y costos por el establecimiento de nuevas estructuras gubernamentales. De hecho, el Gobierno Central habla ahora de traspasarle servicios a los municipios al mismo tiempo que anuncia que le va a recortar fondos millonarios a los gobiernos municipales.
Y con este contexto, las propuestas de descentralización tienen que desarrollarse apropiadamente, teniendo presente expresiones como las del exgobernador Roberto Sánchez Vilella, quien señaló que “descentralizar por descentralizar podría resultar caótico. La idea de descentralizar es favorable, pero habría que asegurarse que la administración municipal está en condiciones de aceptar esa responsabilidad para lograr una mayor eficiencia.”
Cabe señalar, que una reestructuración gubernamental no puede dejar de considerar alternativas como la “consolidación funcional” o de servicios administrativos municipales, mediante la colaboración intermunicipal, o en la alternativa extrema, la consolidación total de unidades políticas.
La consolidación total de unidades políticas, es compleja en términos estructurales, fiscales, legales y políticos. Esto representaría la fusión total de municipios y la pérdida de su identidad, como ya sucedió, temporeramente, en 1902 con la aprobación de la “Ley para la consolidación de ciertos términos municipales de Puerto Rico”, que fue derogada en 1905 por las complejidades que provocó. Esta alternativa dependería de la aprobación de legislación y de que los electores de cada municipio a fusionarse la aprueben en referéndum como requiere nuestra Constitución.
De otra parte, la consolidación funcional o de servicios administrativos, es menos compleja y permite que los municipios colaboren y presten servicios conjuntamente, compartiendo y reduciendo gastos y redundancias, sin perder su identidad y facultades. El artículo 2.001(y) de la Ley de Municipios Autónomos permite el establecimiento de estos consorcios intermunicipales, para que el grupo de municipios que lo integren, administren una sola oficina de programas federales, recursos humanos, desperdicios sólidos, de recaudación de ingresos, manejo de emergencias e iniciativas de turismo, entre otros.
Nuestra difícil situación fiscal y socioeconómica requiere alternativas que resuelvan nuestros problemas de fondo, no que los empeoren. No es cuestión de “hacer por hacer”, sino de tomar acciones correctas y valientes, para replantear el rol de nuestros municipios y del Gobierno Central, para que sean facilitadores de nuestra recuperación.
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