Si los planes Medicare Advantage en Puerto Rico reciben menos fondos del gobierno federal mensualmente por cada miembro, la probabilidad es que éstos ofrezcan menos beneficios o reduzcan la ayuda financiera que le proveen a los afiliados.
Así lo aseguró el comisionado residente Pedro Pierluisi, quien agregó, sin embargo, que la naturaleza exacta de los recortes no estará clara hasta que los planes que ofrecen Medicare Advantage no sometan a los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) sus propuestas para el 2016.
Pierluisi explicó a EL VOCERO que bajo el Affordable Care Act, el pago por miembro por mes a los planes de Medicare Advantage en cada jurisdicción es un por ciento de la cantidad que le cuesta a CMS cubrir a un beneficiario típico bajo el Medicare tradicional. En el caso de Puerto Rico es de un 115 por ciento.
“Como resultado de leyes federales, a Puerto Rico se le trata peor que a los estados bajo el Medicare tradicional. Ese trato desigual, causa problemas y aberraciones en la manera en que el gobierno federal le compensa a los planes Medicare Advantage en Puerto Rico”, describió el comisionado.
Dijo que solo el Congreso puede atender estas disparidades en las leyes, pero que la CMS tiene amplia autoridad para reconocer cómo estas disparidades en la ley afectan negativamente los pagos que se le hacen a los planes y para tomar acción administrativamente para asegurar que sean compensados justamente.
“Ahora estamos solicitando a CMS que tome pasos similares (al 2012) y le sometimos evidencia empírica de por qué es necesario que tome acción administrativa. Desafortunadamente, CMS declinó tomar alguna acción en su determinación del 6 de abril del 2015 sobre las tarifas de pagos a planes MA para el 2016, debido a que nunca revisaron la evidencia empírica que les sometimos”, manifestó, al asegurar que aun así actualmente evalúan la evidencia suministrada. Además, el representante de Puerto Rico en el Congreso lideró una comunicación de 10 senadores y representantes del Congreso en la que exponen los planteamientos.
Igualmente, Pierluisi mostró optimismo ya que “este asunto está recibiendo atención por parte de los más altos niveles del gobierno federal como resultado de nuestra continua presión. Creemos que tenemos un argumento sustantivo sólido”.
“Puerto Rico es tratado de una manera terriblemente discriminatoria bajo Medicaid, Medicare tradicional, y Medicare Advantage. Este tratamiento es vergonzoso. Si CMS no revierte estos recortes a través de acción administrativa, los problemas solo empeorarán”, puntualizó.
Nocivo efecto
El recorte de 11% a las primas de Medicare Advantage tendría fuertes repercusiones en la salud de la población envejeciente, coloca en desventaja a los beneficiarios que pagaron igual suma que sus pares en los 50 estados y redundaría en un peor escenario para la apretada situación económica de la Administración de Servicios de Salud (ASES).
Así lo planteó la Coalición para atender la Crisis del Sistema de Salud en Puerto Rico, organización liderada por el exsecretario de Salud, Johnny Rullán. Otras voces que también coinciden con las graves repercusiones en los dos millones de ciudadanos que reciben servicios de salud a través de Medicare, Medicare Advantage o Medicaid y al gobierno de Puerto Rico, son el secretario de ASES, Ricardo Rivera y la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, por sus siglas en inglés), presidida por Jim O’Drobinak, quien también es el ejecutivo de MCS.
Rullán, quien se desempeña como secretario de la Coalición, alertó que para el 1 de junio entra en vigor la disposición del ente federal del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid Services (CMS) que solo fue aplicada para el territorio de Puerto Rico, mientras que para los restantes 50 estados hubo un aumento de tres por ciento. En el Aviso Final, CMS informó que la misma proveerá pagos justos y correctos a los planes y que fomentará la prestación de cuido de alta calidad para todas las poblaciones.
“Estamos llevando el mensaje porque es un efecto dominó que no podemos permitir que comience, si conservamos que los de Platino se queden en Medicare Advantage, evitamos el 11 por ciento de baja de prima, nos colocan con el resto de americanos. Pagamos el mismo Seguro Social, pagamos el mismo Medicare que los ciudadanos de los estados y a ellos le dan un aumento de 3 por ciento y a nosotros una disminución de 11 por ciento”, reclamó, al solicitar a los puertorriqueños a que se unan a una firma de peticiones en la página web puertoricohealthcarecrisis.com, así como escribirle directamente al presidente Barack Obama (@POTUS) a través de Twitter.
El exsecretario de Salud aseguró que esta es la primera ocasión en que hay una brecha tan marcada en el trato que reciben los puertorriqueños y los ciudadanos en los 50 estados.
A grandes rasgos, dijo que el resultado es un recorte de $500 millones a ASES y el cierre del programa Medicare Advantage, el próximo mes, cuyos pacientes migrarían a la red del Gobierno, según Rullán. Este traslado masivo de pacientes tendría un costo adicional de $400 a $800 millones. Unos 560,000 seniors e individuos con impedimentos en la Isla están inscritos en un plan Medicare Advantage.
Rullán anticipó que a nivel de paciente, se aumentarían los copagos y habría una red más estricta de proveedores. Calculó el costo individual por paciente en sobre $80 mensuales por recibir los mismos servicios de salud.
“Son 100 nuevos pacientes que entran por día; este problema no va a acabar, se va a agudizar. Ya pagué mi seguro social y estoy pagando el medicare ‘full’.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
Advierte Jenniffer González
La portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara, Jenniffer González, advirtió que el impuesto aprobado en la Cámara que aplica a los precios de transferencia (transfer pricing) podría terminar en los tribunales por interferir con el Código de Rentas Internas federal.
“El Código de Rentas Internas a nivel federal regula los transfer pricing entre compañías matrices. Al ponerle un tax al porciento de ventas, estás interfiriendo con la cláusula de comercio interestatal que regula eso”, explicó González. “Lo que estamos diciendo es que eso es susceptible a que alguien pueda impugnarlo en los tribunales”.
Advirtió además que acudirá a los tribunales si no se incluye representación de la minoría parlamentaria en el grupo designado para evaluar la próxima reforma contributiva.
Las compañías pagan un precio de transferencia por intercambiar entre ellas bienes y servicios. El proyecto que aumenta el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a 11.5% aplicaría a estas transacciones, según fue aprobado en la Cámara. El proyecto se atenderá hoy en el Senado.
González exhortó ayer al presidente senatorial, Eduardo Bhatia, a que realice vistas públicas sobre la medida – particularmente a la parte que aplica el impuesto a alimentos que ahora no pagan el impuesto, como son los alimentos congelados, los enlatados y otros artículos incluyendo el mantecado.
“La realidad es que este proyecto no tuvo vistas públicas en la Cámara y el tiempo de debate fue limitado. El debate fue de cinco minutos para un proyecto que limita el poder adquisitivo de los puertorriqueños de comprar alimentos”, dijo González en conferencia de prensa ayer. “Exhorto al presidente del Senado a que realice vistas públicas, que eliminen esa cláusula”.
González radicará esta semana un voto explicativo sobre el voto en contra que dio el jueves. Entre otras cosas, critica que se aumente el impuesto sin ofrecer los alivios contributivos ofrecidos. La reforma contributiva del gobernador, Alejandro García Padilla, que proponía un Impuesto de Valor Añadido (IVA) de 16% y una reducción en las tablas de contribución, fue colgado en la Cámara con el voto en contra de la delegación PNP y seis representantes populares.
La expresidenta cameral criticó también que el proyecto aprobado elimine la capacidad que tenían los comercios de deducir sus pérdidas hasta un 100%.
“Hoy muchos no van a poder deducir las pérdidas que tienen sobre sus negocios”, dijo. “Esto provocará cierres masivos de negocios. Esto, más el cambio de definición de los alimentos van a tener un efecto devastador en pequeños y medianos comerciantes, en el bolsillo del consumidor y ciertamente en la manera en la que se ve la economía del país”.
González denunció además que no se aprobó una enmienda que propuso para que el grupo que se creará para evaluar la próxima reforma contributiva cuente con representación de la minoría legislativa.
“Si no se enmienda, acudiremos al tribunal porque no hay representación de la minoría parlamentaria”.
Adelantó además que se opondrá a los cambios para consolidar entidades como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Recordó que extender a diez años el término de la procuradora es algo que se aprobó bajo el gobierno de Sila M. Calderón.
“A mí me sorprende que el gobierno sea tan eficiente en cortarle a las organizaciones sin fines de lucro, pero no pueden cortar otras partidas. El gobierno tiene una partida para dar publicidad al IVA y ya se gastaron $2.4 millones para promocionar el que se colgó”, dijo González. “Me tengo que preguntar cuál es el afán de cortarle al tercer sector. Vamos a revisar agencia por agencia. Revisemos cuántos bufetes contratados tienen, servicios de contratación. Uno tiene que hacer una revisión agencia por agencia”.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.
Grupo multisectorial envía tercera carta abierta al gobernador
En respuesta a la más reciente decisión legislativa, un grupo multisectorial envió una tercera carta abierta al gobernador Alejandro García Padilla, presidentes de los Cuerpos Legislativos, líderes políticos y pueblo de Puerto Rico, en la que hacen un llamado al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, a que abra a discusión pública el proyecto de reforma contributiva.
El texto íntegro de la misiva es el siguiente:
“El jueves 21 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría un nuevo proyecto de ley para aumentar a 11.5% el Impuesto de Venta y Uso (IVU) más un 4% a transacciones negocio a negocio como impuesto temporero, y un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 11.5% efectivo el 1 de abril de 2016 que aplicaría a ambas.
Esto, como alternativa al rechazado proyecto de reforma contributiva, que proponía un IVA y transacciones de negocio a negocio de 16%. También como alternativa al proyecto sustitutivo que ajustaba las tasas a 14% en el IVA.
Nuevamente, tal acción se hizo sin ninguna discusión abierta al país. Se aprobó sin explicar públicamente su impacto económico para las familias puertorriqueñas, los números estimados de recaudos, el análisis de los recortes propuestos y sin comprobar que, en efecto, esta es la salida correcta a la crisis fiscal que enfrenta el gobierno.
Lamentamos que se haya faltado al compromiso de atender el reclamo que hicimos múltiples sectores para que la decisión final estuviera precedida de un ejercicio de diálogo y transparencia, de un análisis profundo y de amplia participación democrática.
Tras nuestra primera carta abierta, el pasado 6 de mayo, logramos un diálogo con el secretario de Estado, David Bernier, en representación del gobernador Alejandro García Padilla. También nos reunimos con el presidente del Senado, Eduardo Bhatia Gautier. Ambos expresaron el compromiso con la necesidad de diálogo y discusión abierta.
Sin embargo, no hubo respuesta al reclamo de transparencia ni a la solicitud de trabajar en propuestas centradas en los principios y valores de desarrollo económico y justicia social.
La medida aprobada en la Cámara de Representantes produce incertidumbre, pues crea un comité para seguir evaluando propuestas.
¿Acaso no era mejor posponer una semana y tener todos los resultados de manera transparente a la ciudadanía? Crea incertidumbre también por la polarización y mayor empobrecimiento de la población.
A último momento, la mayoría legislativa decidió añadirle un 11.5% de IVU a una amplia variedad de alimentos, que ya son gravados por el impuesto a la propiedad mueble, haciendo más limitada las opciones y capacidad adquisitiva de alimentos a este sector.
A nivel mundial, Puerto Rico ocupa el quinto lugar con mayor desigualdad, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. Seguir adelante con estas acciones, sin antes demostrar transparencia y buena voluntad, aumenta la desconfianza del pueblo.
Llamamos al presidente del Senado a que abra a discusión este proceso de análisis, se elimine toda carga impositiva a los alimentos y que analice con profundidad las repercusiones que estas decisiones tendrán en la mesa de los puertorriqueños y al aumento del índice de pobreza en el país.
Nos reiteramos en nuestros postulados de la misiva del 6 de mayo. Están basados en tres principios:
El análisis del impacto socio económico de toda medida legislativa que imponga impuestos.
El análisis y apertura de todos los beneficios y decretos que otorga el gobierno.
La promoción del desarrollo de la economía como instrumento de creación de empleos, garantizar la equidad y mejorar la calidad de vida.
Esta información es imprescindible para garantizar la transparencia sobre las decisiones que nos ayuden a resolver la crisis fiscal del país. Además, permitirá la discusión multipartidista y multisectorial sobre una base de información conocida por todas las partes, aportando al diálogo democrático y la solución colectiva de nuestros retos como pueblo.
Exigimos respuestas concretas”.
La carta está firmada por la Cámara de Mercadeo y Distribución de Alimentos; la Cámara de Comercio de Puerto Rico; el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico; la agrupación Empresarios por Puerto Rico.
Además, por monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan; monseñor Rubén González Medina, obispo de la diócesis de Caguas; el Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América; Sociedades Bíblicas; la Sociedad Puertorriqueña de Planificación; el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores.
InterNewsService
El de menos recursos se afecta más con el IVU agrandado
Por Rosita Marrero / rmarrero@primerahora.com05/25/2015 |00:00 a.m.
Economista analiza cómo impactará el aumento al IVU a los consumidores.
Con el aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a 11.5 por ciento, se van a encarecer las cosas de inmediato y los que se van a ver más afectados son los consumidores de menos recursos.
Según el economista José Alameda el impacto será mayor en la gente de menos ingresos.
“Va a haber una gran incertidumbre y desconcierto en torno a qué alimentos son los que pagarán el impuesto y cuáles serán los exentos”, indicó. Dijo que para los comerciantes también será complicada la clasificación.
“Se supone que los impuestos sean simples y no confundan la gente. No pueden ser complejos porque no los cobra nadie”, apuntó.
¿Qué se puede esperar del consumidor?
“Lo que habrá es un ambiente de incertidumbre, sobre todo, si son cambios temporeros, peor, porque se van a preguntar: ¿por qué van a hacer todo esto, si en nueve meses van a hacer lo otro”, ilustró.
El economista considera que la gente no se va a inhibir de consumir porque se trata de alimentos. Tampoco, agregó, van a dejar de adquirir el shampoo, el desodorante, el papel higiénico y el jabón.
“Lo que pasa es que las otras cosas que antes hubieses comprado, ahora no lo harás. No cambias el carro. No vas a cenar más fuera o no vas a comprar cosas más caras. En vez de salmón, una lata de atún. Sustituir unas cosas por otras”, elucubró.
Anticipó que habrá una incertidumbre y una confusión en la que la gente se preguntará qué cosas tienen impuestos y cuáles no.
“Entonces, para completar, hay otro rollo y es que en nueve meses, cambia a IVA (Impuesto al Valor Añadido). Lo que estaba de diseño en el IVA era que iba a haber un reembolso por la regresividad en el 2016”, apuntó.
El IVU y los cupones
Alameda expuso que se ha suscitado una discusión debido a que la reglamentación federal dispone que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no se le puede imponer impuesto a todos los gastos que pagan con los cupones. Indicó que en Puerto Rico hay una regla única que no la tienen los estados y es que se puede gastar 25 por ciento en otras cosas que no son alimentos y 75 por ciento estrictamente para alimentos.
“Si quieres comprar shampoo y jabones en el supermercado, a eso puedes ponerle impuesto. Al otro 75 por ciento, no se le puede imponer. Eso es parte de lo que tiene que dilucidar el Senado. Son 450 mil familias”, dijo.
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