Diez días antes de que el gobernador AGP durante la madrugada del jueves 30 de abril recibiera la derrota de su proyecto emblemático de Reforma contributiva con IVA, el Exgobernador de Nueva York George Pataki se reunió con AGP y le hizo la siguiente serie de sugerencias que este último obviamente no entendió y las obvió: Tratar la crisis con honestidad. Convocar a todo el liderato a trabajar juntos por Puerto Rico. Las medidas impositivas tienen que ser sencillas y fácil de explicar y de entender. Crear un clima favorable para la inversión de la empresa privada. Llevar la AEE al siglo 21 consiguiendo que la empresa privada invierta en proyectos de energía renovables que elimine la dependencia del petróleo.
Luego de esa primera derrota en la Cámara de Representantes, el gobernador colérico y en actitud inmadura y vengativa culpó a los seis disidentes de su partido por la derrota y pidió sanciones para ellos. Pero como mecanismo para presionarlos para que cambiaran su voto procedió a divulgar la malsana estrategia de crear alarma y pánico en el pueblo mediante la amenaza de implantar improvisados y salvajes recortes presupuestarios para instrumentalidades fundamentales del gobierno.Entre ellas recortarle 20% al presupuesto de la UPR.
Ante esta situación el Presidente de la UPR Uroyoán Walker sintió la necesidad de oponerse a ello, a pesar de que se sabe que en la Universidad hay mucha grasa de donde cortar. Recurrió a algo que él cómo exlíder Fupista estaba acostumbrado a hacer, participar en manifestaciones y marchas de protesta. En lugar de sentarse con el gobernador y el liderato legislativo para dialogar sobre el asunto y probar- si era posible- el daño de esa amenaza, recurrió a organizar, promover y financiar manifestaciones de protesta de toda la comunidad universitaria. Acción peligrosa e irresponsable por parte del Presidente. Para ello le otorgó el día libre y transportación a la comunidad universitaria a un alto costo institucional. Se calcula que cada día que no opera la Universidad su costo es de $2 millones.
El presidente Uroyoán no es ningún párvulo pues como líder de la FUPI que ha sido, sabe que en esas protestas se infiltran elementos que promueven el desorden y la violencia para adelantar sus causas.
Entre los manifestantes en la concentración del capitolio estaban los violentos revoltosos de siempre. Una vez concluida la actividad del Capitolio los manifestantes se movieron hacia la Fortaleza y allí dieron una demostración de lo que saben hacer: usar la fuerza y la violencia para tratar de imponer su criterio. Hubo confrontación, forcejeos, empujones con la policía y hasta se detonó una bomba de fabricación casera.
El presidente Walker expuso a los estudiantes al riesgo de haber sido agredidos en un motín. Una cosa es que los estudiantes motu proprio organicen y lleven a cabo manifestaciones y se expongan ellos- bajo su propia responsabilidad- a los riesgos y otra cosa es que la gerencia universitaria los estimule y propicie el exponerlos a ello.
Después de un grupo de estudiantes reunirse con AGP – entre los que se encontraba uno de los revoltosos que había sido suspendido de la UPR permanentemente y que la presente administración premió reinstalándolo- a la salida se reafirmaron en que seguían vigentes los paros pautados en los distintos recintos puesto que no lograron un compromiso del gobernador respecto a no recortar el presupuesto de la Universidad. Como otra acción para presionar e intimidar al gobernador, los estudiantes cerraron la Universidad por los dos días siguientes con el concebido costo que esto conlleva.
La presión de las marchas, la manifestación violenta frente a la Fortaleza y el cierre de la Universidad tuvieron el efecto de intimidar al gobernador. Este liberó a la Universidad de los recortes que se habían anunciado. Esa estrategia promovida y avalada por la administración universitaria ha sentado un nefasto precedente que va en contra de los objetivos de la Universidad de utilizar el “dialogo creador” para resolver “democráticamente sus problemas”.
Lo increíble de todo esto es que ha sido la propia administración universitaria la que ha auspiciado, promovido y avalado esta metodología para conseguir supuestos objetivos institucionales. Esto nunca se había visto.
Estos sucesos nos mueven a llamar la atención respecto a lo que se está fraguando en la UPR con aval de una administración de izquierda simpatizante del Chavismo; convertirla en enclave o trinchera para ser punta de lanza en la lucha contra la estadidad, ante un anticipado cambio de gobierno en el 2017 con un giro del pueblo hacia la estadidad. Alerta pueblo, alerta.
José M. Saldaña
Ex presidente de la Universidad de Puerto Rico.
Grupo multisectorial envía tercera carta abierta al gobernador
En respuesta a la más reciente decisión legislativa, un grupo multisectorial envió una tercera carta abierta al gobernador Alejandro García Padilla, presidentes de los Cuerpos Legislativos, líderes políticos y pueblo de Puerto Rico, en la que hacen un llamado al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, a que abra a discusión pública el proyecto de reforma contributiva.
El texto íntegro de la misiva es el siguiente:
“El jueves 21 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría un nuevo proyecto de ley para aumentar a 11.5% el Impuesto de Venta y Uso (IVU) más un 4% a transacciones negocio a negocio como impuesto temporero, y un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 11.5% efectivo el 1 de abril de 2016 que aplicaría a ambas.
Esto, como alternativa al rechazado proyecto de reforma contributiva, que proponía un IVA y transacciones de negocio a negocio de 16%. También como alternativa al proyecto sustitutivo que ajustaba las tasas a 14% en el IVA.
Nuevamente, tal acción se hizo sin ninguna discusión abierta al país. Se aprobó sin explicar públicamente su impacto económico para las familias puertorriqueñas, los números estimados de recaudos, el análisis de los recortes propuestos y sin comprobar que, en efecto, esta es la salida correcta a la crisis fiscal que enfrenta el gobierno.
Lamentamos que se haya faltado al compromiso de atender el reclamo que hicimos múltiples sectores para que la decisión final estuviera precedida de un ejercicio de diálogo y transparencia, de un análisis profundo y de amplia participación democrática.
Tras nuestra primera carta abierta, el pasado 6 de mayo, logramos un diálogo con el secretario de Estado, David Bernier, en representación del gobernador Alejandro García Padilla. También nos reunimos con el presidente del Senado, Eduardo Bhatia Gautier. Ambos expresaron el compromiso con la necesidad de diálogo y discusión abierta.
Sin embargo, no hubo respuesta al reclamo de transparencia ni a la solicitud de trabajar en propuestas centradas en los principios y valores de desarrollo económico y justicia social.
La medida aprobada en la Cámara de Representantes produce incertidumbre, pues crea un comité para seguir evaluando propuestas.
¿Acaso no era mejor posponer una semana y tener todos los resultados de manera transparente a la ciudadanía? Crea incertidumbre también por la polarización y mayor empobrecimiento de la población.
A último momento, la mayoría legislativa decidió añadirle un 11.5% de IVU a una amplia variedad de alimentos, que ya son gravados por el impuesto a la propiedad mueble, haciendo más limitada las opciones y capacidad adquisitiva de alimentos a este sector.
A nivel mundial, Puerto Rico ocupa el quinto lugar con mayor desigualdad, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. Seguir adelante con estas acciones, sin antes demostrar transparencia y buena voluntad, aumenta la desconfianza del pueblo.
Llamamos al presidente del Senado a que abra a discusión este proceso de análisis, se elimine toda carga impositiva a los alimentos y que analice con profundidad las repercusiones que estas decisiones tendrán en la mesa de los puertorriqueños y al aumento del índice de pobreza en el país.
Nos reiteramos en nuestros postulados de la misiva del 6 de mayo. Están basados en tres principios:
El análisis del impacto socio económico de toda medida legislativa que imponga impuestos.
El análisis y apertura de todos los beneficios y decretos que otorga el gobierno.
La promoción del desarrollo de la economía como instrumento de creación de empleos, garantizar la equidad y mejorar la calidad de vida.
Esta información es imprescindible para garantizar la transparencia sobre las decisiones que nos ayuden a resolver la crisis fiscal del país. Además, permitirá la discusión multipartidista y multisectorial sobre una base de información conocida por todas las partes, aportando al diálogo democrático y la solución colectiva de nuestros retos como pueblo.
Exigimos respuestas concretas”.
La carta está firmada por la Cámara de Mercadeo y Distribución de Alimentos; la Cámara de Comercio de Puerto Rico; el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico; la agrupación Empresarios por Puerto Rico.
Además, por monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan; monseñor Rubén González Medina, obispo de la diócesis de Caguas; el Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América; Sociedades Bíblicas; la Sociedad Puertorriqueña de Planificación; el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores.
InterNewsService
Inter News Service (INS) es una agencia de noticias, fundada por el periodista Nelson del Castillo y que tiene su base en San Juan de Puerto Rico.
El de menos recursos se afecta más con el IVU agrandado
Por Rosita Marrero / rmarrero@primerahora.com05/25/2015 |00:00 a.m.
Economista analiza cómo impactará el aumento al IVU a los consumidores.
Con el aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a 11.5 por ciento, se van a encarecer las cosas de inmediato y los que se van a ver más afectados son los consumidores de menos recursos.
Según el economista José Alameda el impacto será mayor en la gente de menos ingresos.
“Va a haber una gran incertidumbre y desconcierto en torno a qué alimentos son los que pagarán el impuesto y cuáles serán los exentos”, indicó. Dijo que para los comerciantes también será complicada la clasificación.
“Se supone que los impuestos sean simples y no confundan la gente. No pueden ser complejos porque no los cobra nadie”, apuntó.
¿Qué se puede esperar del consumidor?
“Lo que habrá es un ambiente de incertidumbre, sobre todo, si son cambios temporeros, peor, porque se van a preguntar: ¿por qué van a hacer todo esto, si en nueve meses van a hacer lo otro”, ilustró.
El economista considera que la gente no se va a inhibir de consumir porque se trata de alimentos. Tampoco, agregó, van a dejar de adquirir el shampoo, el desodorante, el papel higiénico y el jabón.
“Lo que pasa es que las otras cosas que antes hubieses comprado, ahora no lo harás. No cambias el carro. No vas a cenar más fuera o no vas a comprar cosas más caras. En vez de salmón, una lata de atún. Sustituir unas cosas por otras”, elucubró.
Anticipó que habrá una incertidumbre y una confusión en la que la gente se preguntará qué cosas tienen impuestos y cuáles no.
“Entonces, para completar, hay otro rollo y es que en nueve meses, cambia a IVA (Impuesto al Valor Añadido). Lo que estaba de diseño en el IVA era que iba a haber un reembolso por la regresividad en el 2016”, apuntó.
El IVU y los cupones
Alameda expuso que se ha suscitado una discusión debido a que la reglamentación federal dispone que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no se le puede imponer impuesto a todos los gastos que pagan con los cupones. Indicó que en Puerto Rico hay una regla única que no la tienen los estados y es que se puede gastar 25 por ciento en otras cosas que no son alimentos y 75 por ciento estrictamente para alimentos.
“Si quieres comprar shampoo y jabones en el supermercado, a eso puedes ponerle impuesto. Al otro 75 por ciento, no se le puede imponer. Eso es parte de lo que tiene que dilucidar el Senado. Son 450 mil familias”, dijo.
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