Es algo constatado historicamente que el PPD se distingue por sus contradicciones. Sabemos que de un partido gestor de la legislación obrera más grande de la historia pasó a ser el partido que otorgaba grandes beneficios a compañías foráneas. Cero impuestos, salarios bajos, subsidios de agua y luz, garantía de cero uniones obreras y renta nominal por solo un dólar al año. Fue la famosa y desacreditada Operación Manos a la Obra. (Ver James Dietz, Economic History of Puerto Rico: institutional change and capitalist development). Esto sin incluir la falsa expectativa de hacer cumplir la antilatifundista Ley de los 500 acres.
AGP está en las Nubes, No Acepta la Realidad, por lo que No Puede Buscar Soluciones. Si Quisiera a Puerto Rico, Aceptaría La Verdad y Renunciaría Inmediatamente.
De defensor de las minorías se convirtió, en una oscura noche de 1947, en el partido que creó la vergonzosa Ley de la Mordaza; nombre que le pondría el único legislador que le votó en contra: el estadista Leopoldo Figueroa Carreras. (Ver Ivonne Acosta, La Mordaza). Con esta ley el PPD tendría poder absoluto para perseguir y arrestar a cualquier ciudadano que hablara encontra del gobierno y abogara por la independencia de Puerto Rico. Cuando en 1950 y 1954 se dieron los arrestos en masa a independenditas, abogados estadistas como Santos Amadeo y Héctor González Blanes les defendieron sus derechos libre de costo.
Durante las vistas congresionales para la adopción de nuestra constitución en 1952 el PPD aceptó que en nada se alteraba el poder del Congreso sobre Puerto Rico. Luego del 25 de julio de ese año el discurso político fue que se creó un nuevo estatus político dentro de los Estados Unidos. Para la década de los noventa líderes del PPD hablaban de “deficit democrático” y que Puerto Rico seguía atado a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Vuelven a oirse voces de que en 1952 se creó un estatus único.
Para la campaña de 2000 Sila Calderón prometió un gobierno de transparencia y de consenso. Basta repasar la historia para ver que fue todo lo contrario; un gobierno atropeyante, incoloro, que despifarró un billón de dólares en un programa de Comunidades Especiales sin resultado visible alguno. Sin embargo, ha sido el ELA la verdadera comunidad especial “del imperio”, como hace unos años fue sugerido en un artículo de Revista Jurídica.
Sila/AAV Multiplicaron la Deuda de Puerto Rico Sin Obras – Los Mayores Por Mucho Culpables del Desastre
Durante la campaña de 2004 Aníbal Acevedo Vilá se rasgó las vestiduras diciendo que no impondría un impuesto más y mucho menos un IVU. Durante los debates de los candidatos a gobernador Rubén Berríos lo confrontó, pero Aníbal ripostó con su mejor arma: la mentira. Ya sabemos que bajo su administración se aprobó el IVU, y peor todavía, se hizo una marcha y se fue a los tribunales para defender la versión de 7% y no la de 5.5%, como fue sugerido en un principio.
Y ahora, el gobernador Alejandro García Padilla. En un Mensaje de Estado dijo que “nos olvidáramos para siempre del IVU del 7%”, porque lo bajaría a 6.5%. Lo acaba de subir al 11.5%, con otro impuesto de 4%, que en marzo sube a 10.5%, a los servicios que antes no pagaban IVU. Impusieron una patente nacional que afectó a los negocios, luego la quitaron e imponen un nuevo impuesto sobre transacciones entre negocios que provocará cierres y pérdida de empleos.
Por lo visto, el PPD siempre ha sido el partido de la contradicción permanente.
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