El cuento de nunca acabar. No se siente un respiro de alivio. Los nudos del entuerto fiscal se siguen amarrando, sin que se aflojen para beneficio del Pueblo que como presa cautiva estrangulan sin piedad. Poco parece importarle a los(s) político(as) de turno, que para arreglar el desmadre que se ha creado por su mala administración, generan una debacle en las finanzas de nuestros hogares. La imagen fotográfica del triangulo del poder, de los presidentes del Senado y Cámara de Representante, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, mientras el gobernador Alejandro García Padilla firmó la ley que aumenta el Impuesto de Venta y Uso (IVU) de un 7% a 11.5% retrata su falta de sensibilidad al dolor ajeno que han propiciado.
El saqueo al Pueblo continúa sin merced. En lugar de ajustarse el gasto a lo que se recaude, el gobierno sigue dos rutas: aumento en impuestos o tomar prestado mediante emisiones de bonos; so color de que se vencen bonos que hay que saldar o un déficit en el recaudo estimado mediante el cobro de impuestos. Interesantemente, el PPD que cree en su relación territorial-colonial con EEUU –“lo mejor de dos mundos”—invisibiliza en su análisis “presupuestario” la cantidad billonaria de fondos federales que subvencionan el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). ¿Será la forma de reproducir un imaginario de la falacia de un país autónomo que sobrevive de las aportaciones de su ciudadanía?
Ante la palestra pública se habla de un “presupuesto” para el año fiscal 2015-2016 de cerca de $9,500 millones provenientes del “fondo general”, como si ello fuese la totalidad del costo operacional del gobierno de Puerto Rico. La realidad es que ello representa escasamente 34% del total del costo del “presupuesto consolidado” de cerca de $28,052 millones necesarios para correr las operaciones gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Además el presupuesto consolidado propuesto incluye $6,414 millones provenientes de fondos federales, $9,014 en corporaciones públicas, $1,078 millones de préstamos y emisiones de bonos, entre otros $1,228 millones en fondos “especiales”, y $758 millones de otra fuente no identificada (Consolidated FY 2015 Budget, Office of Management and Budget, Commonwealth of Puerto Rico, p.4). El 81% de la totalidad de estos fondos federales se distribuyen entre el Departamento de Familia (31%), Educación (20%), Salud (6%), Administración de Servicios de Salud (17%), Vivienda Pública (5%) y la Universidad de Puerto Rico (4%) (Ibid).
Adrede en la discusión en torno a los fondos necesarios para correr el gobierno, se invisibiliza los ingresos provenientes de otras fuentes, incluyendo las transferencias de fondos federales y el recaudo de las corporaciones públicas. Sin embargo, cuando hace falta conseguir fondos de otras fuentes, o se amenaza con retirarle fondos federales que tienen un impacto devastador sobre los fondos generales para subvencionar la totalidad de los gastos operacionales, entonces es que se mencionan. El dato más reciente (2010) en cuanto a la cantidad de fondos federales que alimentan la economía local fue de aproximadamente $23,514 millones; incluyendo transferencias, propuestas, préstamos, contratos, y salarios federales.
Por otra parte, no obstante la imposición de toda suerte de contribuciones, no hay amague de rendir cuentas. El esfuerzo desmedido por parte de la directora del BGF para levantar su “liquidez” es un eufemismo para apropiarse para un posible uso indebido del dinero de otras corporaciones públicas y fideicomisos recaudado para los propósitos que se les faculta mediante ley. Es una especie de “robo institucional”. En contraste, ¿dónde está el empeño de transparencia para rendir cuentas? ¿Dónde está el desglose de cada uno de los impuestos nuevos, cuánto se ha recaudado, y en qué se ha utilizado? Por ejemplo, ¿cuánto se ha recaudado con el IVU que se comenzó a cobrar desde el año pasado en el muelle? ¿Cuánto se ha logrado recaudar con el impuesto sobre la gasolina? ¿En qué se ha utilizado dichos fondos? De igual forma, el debate público esta carente de un análisis detallado de las emisiones de bonos: propósito de la emisión, cuantía de su principal, duración, intereses que se pagan, fecha de vencimiento, suma total de cuál es el costo de los mismos, y fiscalización de su uso.
Para frenar el despilfarro de fondos públicos, el Pueblo tiene derecho a conocer el detalle de la totalidad de las fuentes de los fondos públicos, tanto locales, como federales. El cuadro no se puede pintar escondiendo información, puesto que después de todo cuando se recortan gastos del fondo general, hay que tener claro si se cubre con fondos federales. El juego “al esconder” se acabó. Hay que transparentar las fuentes de recaudo, la cantidad de recaudo y el gasto. ¡A rendir cuentas!
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