Federales podrían embargar fondos del Departamento de Salud – AGaPo Crisis en Salud

{Por Medio Siglo el PPD ha sido Lo Mismo: No Saben Administrar; Sólo se Dedican a distribuir los Fondos Públicos entre Sus Amigos del Alma y al Batateo; Desmantelan al Gobierno y se Dedican a Perseguir y Discriminar en Contra de los Pro-USA; Siempre Aumentan los Taxes y Reducen los Servicos; Multiplican Los Cráteres, Aumentan El Desempleo, Aumentan los Exilados; Destruyen la Economía y Quiebran al Gobierno y a Todos los Puertorriqueños; Sólo Saben Dividir al PNP, Retrasar la Estadidad, y Controlan los Medios Informativos con los Dineros del Pueblo; Se Unen a los Izquierdistras Comunistoides en Fabricar Acusaciones Falsas y Hacer que lkos Electores se Olviden de su Desgobierno.}

Juez federal se reserva fallo sobre embargo fondos Departamento Salud

Emitirá una orden a finales de la semana
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EL VOCERO/Agustín Santiago
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

El juez federal Gustavo Gelpí se reservó su fallo hasta finales de esta semana sobre si ordenará o no el embargo de las cuentas del Departamento de Salud, ante el incumplimiento de esa agencia con los pagos del programa Medicaid a los Centros de Salud Primaria, conocidos como 330.

El juez escuchó los argumentos del gobierno de Puerto Rico, representado por Arlene Borrero del Departamento de Justicia y de los abogados de los demandantes Robert Graham y Miguel Rodríguez Marxuach.

“No quiero emitir un fallo acelerado desde el estrado. Tengo que ser salomónico. Es una posición incómoda. Para finales de semana emitiré una orden. La parte que no esté de acuerdo puede solicitar que se paralice la misma ante el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones”, apuntó Gelpí.

Los demandantes pidieron al juez que embargue los fondos del Departamento de Salud,  en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), debido a que la mayoría del dinero está depositado en el mismo. Empero, mencionó que el Departamento de Salud tiene cuentas en bancos comerciales.

Borrero reconoció que al momento, el gobierno de Puerto Rico no tiene los $9,389,743 que se le adeuda a los centros por sus servicios durante el primer trimestre del año. Ello, debido a lo problemas de liquidez.

Incluso, anticipó que habría problemas de liquidez para la próxima quincena.

Expuso que los cheques están hechos, pero que no cuentan con los fondos para enviarlos.

Gelpí manifestó que el Departamento de Salud debió haber presupuestado ese dinero y cuestionó lo que se hizo con el mismo.

Borrero explicó que la legislatura no presupuestó los fondos.

“Ya no hay más dinero de fondos de Medicaid?”, cuestionó el juez. “No”, respondió Borrero.

Graham manifestó “el problema es que ellos reciben fondos federales y les dan otros usos, pero no para este caso. El ELA está tratando de renegociar y es inaceptable”.

Borrero afirmó que los fondos se utilizaron en otros programas de Medicaid y pidió al juez que le conceda a la agencia tiempo adicional.

Rodríguez Marxuach planteó que sus clientes necesitan el dinero desde hace tres meses.

“Creo que hay dinero, lo que pasa es que va a otro sitio”, apuntó el letrado.

Gelpí cuestionó qué pasaría si ordenara el pago para el 20 de junio y entonces el dinero no está disponible. Borrero le respondió “los asuntos económicos de Puerto Rico son críticos. No podemos ofrecer garantías a la corte”.

Estos centros de salud se nutren de un 12 por ciento de fondos federales y el restante de fondos estatales.

“Es embarazoso. Me siento mal. Es la primera vez que tengo que hacer algo así…es uno de los asuntos más difíciles que he tenido en los pasados 14 ó 15 años”, afirmó Gelpí.

Para el segundo trimestre se adeudaría una cantidad similar, indicó Rodríguez Marxuach.

Gelpí anticipó que nombrará un monitor, que deberá ser contable y abogado en este caso.

Al concluir la vista Janitza García, directora de la división de Litigios Federales del Departamento de Justicia indicó a la prensa que el gobierno recibe $329 millones en fondos de Medicaid.

“Es un asunto de falta de fondos para hacer el pago que se tiene que hacer”, acotó García.

Por su parte, Liza Suárez, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria observó que este proceso judicial inició hace más de una década y busca asegurar que los centros de salud primaria 330 reciban fondos “wrap around” según lo requiere la ley federal.

Puntualizó que el propósito del “wrap around” es asegurar que los fondos 330 que reciben los centros de salud se utilicen “para atender los pacientes no asegurados y no para otros propósitos”.

“El gobierno esta obligado por ley federal  a hacer los pagos de wrap around a los centros ya que opto por participar en el Programa de Medicaid”, manifestó.

Los centros 330 ofrece cuidado preventivo y primarios en areas de alta necesida de servicios designadas, como tal por el gobierno federal.

Los centros atienden una población de 338,844 pacientes en Puerto Rico.

Al centro de Arroyo se le adeudan $333,868.18, a Barceloneta $314,892, a Doctor Belaval Inc., $472,841, a Camuy $$729,339.83, a Castañer $177,238.10, Ciales $153,836.92, Cossma $1,262,786.85, Gurabo $597,781, Hatillo $465,147.23, Lares $580,920.15, Loiza $873,435.78, Migrant $582,904.38, La Montaña $2,027,150.95, Patillas $318,216.59 y Rincón $278,163.19Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.

Legislatura aprueba transferencia millonaria para Fondo General

El proyecto recibió aprobación final en la Cámara ayer y ahora pasa a la firma del gobernador, Alejandro García Padilla

SEGUIMIENTO DEL IVA 5

Agustin Santiago / EL VOCERO
Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

La Asamblea Legislativa le dio ya luz verde al proyecto que saca más de $120 millones del Fondo del Seguro del Estado para pasarlo al fondo general. El proyecto recibió aprobación final en la Cámara ayer y ahora pasa a la firma del gobernador, Alejandro García Padilla.

Este proyecto había sido enmendado en la Cámara para evitar que se utilizara la videolotería como un sistema de recaudo. El Senado eliminó esta enmienda por entender que no era pertinente a lo que pretendía el proyecto, que era la transferencia al fondo general. A pesar de esto, el Senado incluyó que la videolotería – de ser aprobada – no podrá ser utilizada ni para pagar préstamos ni para la devolución de recursos transferidos al fondo general.

En una vista reciente en el Senado, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, insistió en la necesidad de este proyecto para ayudar a la liquidez del gobierno.

Con el voto a favor de la Cámara, el proyecto precisa ahora la firma del gobernador.

En el tema de la videolotería, la Legislatura está corriendo contra el reloj para parar el reglamento del Departamento de Hacienda que viabiliza la videolotería. Este reglamento entrará en vigor en el verano si la Legislatura no se expresa en contra del mismo.

En el Senado hay pendiente una resolución para desautorizar este reglamento. El portavoz de la delegación de mayoría, Aníbal José Torres, dejó saber que esta resolución no se atenderá en la sesión de hoy.

Ante esta realidad, el representante popular Ángel Matos, dijo que radicará una resolución similar en la Cámara para evitar que se implemente la videolotería por reglamento.

“Nunca antes se había tratado de hacer una maroma como esta. Utilizar una ley del 1989 que proponía la lotería adicional que conocemos hoy como Lotería Electrónica, que tiene entre sus juegos los que se seleccionan por números y quieren meter un juego que es con máquina”, dijo Matos.

En la Cámara ayer se quedó sobre la mesa un proyecto que confiere nuevos poderes al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) respecto a las agencias gubernamentales. Este proyecto, según se supo, no tenía votos suficientes en la delegación popular para ser aprobado.

Tampoco se consideró un proyecto que busca enmendar la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Sí se aprobó un proyecto que crea el Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico.

El portavoz alterno de la delegación de minoría, Carlos Méndez Núñez, dijo que favorecieron el proyecto porque se incluyMaricarmen Rivera Sánchez, EL VOCEROó una enmienda para proteger los incentivos de los veteranos.

 

Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.

Federales podrían embargar fondos del Departamento de Salud

Juez federal advierte embargaría la cuenta por incumplir con los pagos del programa Medicaid a los Centros de Salud Primaria conocidos como 330

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EL VOCERO/Agustín Santiago
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

El juez federal Gustavo Gelpí emitió una orden en la que advierte al Departamento de Salud que le embargaría sus fondos en el Departamento de Hacienda si continúa incumpliendo con los pagos del programa Medicaid a los Centros de Salud Primaria conocidos como 330.

No obstante, el juez aclaró que no se embargarán los salarios de los empleados del Departamento de Salud.

Así consta en una orden contenida en el expediente del Tribunal Federal en relación a un pleito incoado el 6 de junio del 2003 por los Centros de Salud Primaria, conocidos como 330, contra el Gobierno de Puerto Rico.
Los mismos proveen servicios de salud primarios y preventivos.

Gelpí pautó una vista a celebrarse mañana a las 2:00 p.m. en la que se sabrá si finalmente emite la orden de embargo, cuánto dinero se le debe a estos centros y si se les concedería un plan de pago al Departamento de Salud. El embargo sería por la cantidad adeudada a los centros.

En una moción anterior el Departamento de Salud planteó que no podía pagar más por la situación fiscal y que siempre ha tomado prestado al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el cual ya no le presta dinero.

El Departamento de Salud reconoció que no se presupuestó el pago de sentencia y que siempre tomaba el dinero prestado al BGF.

El dinero para estos centros proviene de fondos de Medicaid y de fondos estatales.Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.

Contra la pared

Hoy a las 2:00 p.m., hay una vista en la que se sabrá si finalmente se emite la orden de embargo, cuánto dinero se debe a estos centros y si se concede un plan de pago

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El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, dijo que, aunque pudiera ser la decisión correcta, es una muestra de la discriminación y total indiferencia del gobierno federal con Puerto Rico. Suministrada
Por Redaccion, EL VOCERO

Por Melissa Correa Velázquez y Maricarmen Rivera / EL VOCERO

El juez federal Gustavo Gelpí emitió una orden en la que advierte al Departamento de Salud que le embargaría sus fondos en el Departamento de Hacienda si continúa incumpliendo con los pagos del programa Medicaid a los Centros de Salud Primaria conocidos como 330. No obstante, el juez aclaró que no se embargarán los salarios de los empleados del Departamento, entre los cuales se encuentran los doctores que proveen servicios en estos centros.

Así consta en una orden contenida en el expediente del Tribunal Federal en relación con un pleito incoado el 6 de junio de 2003 por los Centros de Salud Primaria, conocidos como 330, contra el Gobierno de Puerto Rico. Los mismos proveen servicios de salud primarios y preventivos.

Gelpí pautó una vista a celebrarse a las 2:00 p.m. de hoy en la que se sabrá si finalmente emite la orden de embargo, cuánto dinero se le debe a estos centros y si se les concedería un plan de pago al Departamento de Salud. El embargo sería por la cantidad adeudada a los centros.

En una moción anterior, el Departamento de Salud planteó que no podía pagar más por la situación fiscal y que siempre ha tomado prestado al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que ya no le presta dinero. El Departamento de Salud reconoció que no se presupuestó el pago de sentencia y que siempre tomaba el dinero prestado al BGF.

EL VOCERO se comunicó con el Departamento de Salud, pero se informó que no emitirían declaraciones porque el caso está ante la consideración de la corte.

El dinero para estos centros proviene de fondos de Medicaid y de fondos estatales.

Los demandantes son Río Grande Community Health Care, Inc.; Concilio de Salud Integral de Loíza; Doctor José Belaval, Inc.; Atlantic Medical Center; Camuy Health Services; Centro de Salud Familiar Julio Palmieri; Ciales Primary Health Care Services; Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo; Corporación de Servicios Integrales de la Montaña; Centro de Salud de Lares; Centro de Servicios Primarios de Patillas; Gurabo Community Health Center; General Castañer, Inc.; Morovis Community Health Center; Rincón Health Center; y Toa Alta Advanced Health Services.

Mientras, el posible cierre de estos centros de salud primaria implicaría el colapso absoluto de los servicios de salud en la Isla, según el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, quien catalogó como discriminatoria la asignación de fondos federales al renglón de salud en el país.

“Yo creo que es una decisión triste. Probablemente es la correcta, pero es una muestra de la discriminación y total indiferencia del gobierno federal con Puerto Rico”, dijo Ramos. “En Estados Unidos, el 88% de los fondos para salud son federales y el 12% son estatales. Aquí, el 12% de los fondos son federales y el 88% es estatal”.

“Obviamente esto es parte del discrimen e indiferencia total del gobierno de Estados Unidos a la situación de Puerto Rico. Ciertamente, el gobierno estatal tendría que saber que eso iba a ocurrir”, dijo Ramos. “Los centros 330 es lo único que queda que funciona adecuadamente. Cerrar eso es adelantar el colapso que va a pasos agigantados”.

Ramos dijo que a esto se suma la situación con el impago de la Administración de Seguros de Salud (ASES), los recortes presupuestarios y el aumento al Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

Mencionó que el centro 330 de Ciales está considerado como uno de los mejores en Estados Unidos.

“En estos centros se dan todos los servicios primarios que los pacientes necesitan. Son pacientes que están muy bien atendidos”, dijo Ramos. “Ahora mismo se quedarían sin servicio un grupo grande de pacientes que reciben servicios en estos centros. Eso sería nefasto y se sumaría a los problemas de Advantage, la reforma, el aumento al impuesto al consumo. El sistema de salud colapsaría. Sería un colapso total”.

Mencionó que ya el Departamento de Salud dejó saber que no tiene dinero para cumplir con la orden y pagar la deuda de los pasados tres meses. “Son miles de pacientes que reciben servicios en estos centros”, dijo Ramos.

La crisis de los servicios de salud

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) ha estado sumida en una crisis luego de que el Banco Gubernamental de Fomento le cancelara la línea de crédito y otros factores

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Eric Rojas / EL VOCERO
Por Columnistas, EL VOCERO

Por Lic. Ramón Alejandro Pabón, Administrador de Servicios de Salud

Tremenda incertidumbre ha provocado la situación económica que atraviesa el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, conocido como la Reforma de Salud o Mi Salud y les cuento que esto podría ponerse peor si no actuamos. Por un lado, hay que reconocer que los administradores del Plan de Salud del Gobierno (PSG) han hecho de tripas corazones para cumplir con los pagos a las aseguradoras, que ofrecen servicios a los 1.4 millones de participantes del Modelo Integrado de Salud.

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) ha estado sumida en una crisis luego de que el Banco Gubernamental de Fomento le cancelara la línea de crédito y otros factores. Esto ha provocado que los pagos que emite a las aseguradoras sean parciales y lleguen a cuenta gotas a los proveedores sin una justificación clara, ya que el Estado ha dicho que ha cumplido con los pagos a las aseguradoras del corriente contrato. Aunque reconocen la deuda pasada que gira en los 200 millones de dólares -y que se ha estimado que el pago no podrá salir hasta en un año- lo que ha generado que los proveedores de servicios tengan un “gap” o vacío del capital. El mismo ha llevado algunos a tomar medidas que repercuten en los beneficios de los pacientes.

Esta situación no aguanta más, ya que ha creado incertidumbre y podría haber hasta racionamiento de servicios y efectos negativos en la salud pública del país que debería ser investigado por las entidades gubernamentales pertinentes. Por ejemplo, algunas de las consecuencias que ya se han presentado son que muchos médicos no están aceptando pacientes nuevos que estén afiliados a Mi Salud y se han limitados los servicios médicos especializados, como el de obstetricia, ginecología y pediatría, entre otras subespecialidades. Para muchos, ahora su libre selección se limitó ya que tienen que escoger los disponibles en su Región.

Al mismo tiempo, una gran mayoría de médicos endocrinólogos no están firmando contratos con Mi Salud para atender los pacientes, entre estos los diabéticos, que en Puerto Rico sobrepasan las 600 mil personas que la padecen. Esto es preocupante, y más cuando sabemos que solo tenemos poco más de 40 de estos médicos subespecilistas disponibles para atender la diabetes que es la tercera causa de muerte en el Puerto Rico. La diabetes es una enfermedad silenciosa que no tiene cura y genera múltiples complicaciones que podrían llevar a la muerte.

Para colmo de males, esta crisis salubrista, también ha provocado que muchos de esta facultad médica especializada hayan decido irse a trabajar a los Estados Unidos porque no quieren bregar con la Reforma por los bajos pagos a los servicios que ofrecen.

A esto, le sumamos que a los hospitales se le han condicionado sus servicios por algunas aseguradoras seleccionadas de Mi Salud, que no han querido establecer contratos con hospitales que no estén en su región. Uno de estos fue el Hospital Pediátrico San Jorge. Hay que recalcar que cerca del 39 por ciento de la población de Mi Salud es pediátrica.

Pero sepa usted que lamentablemente esta crisis se agravará si se da la propuesta de reducción en las tasas de pagos de los planes “Medicare Advantage” para Puerto Rico, de 11 por ciento para el año entrante, una acción discriminatoria, injusta y de trato desigual para todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, cuando irónicamente nos enteramos que en los Estados Unidos habrá un aumento de 3 %. Esta situación provocaría una cadena de consecuencias como: una migración de estos miles de pacientes hacia Mi Salud, desequilibraría la economía y afectaría aún más los servicios que ofrecen los proveedores de servicios de salud en nuestra Isla.

Con este panorama, es recomendable tomar acciones afirmativas, como, por ejemplo: El Estado gasta 30 millones de dólares anuales en mantener más de una decena de Centros de Diagnósticos y Tratamientos (CDT) en varios municipios, gasto que se debe replantear, cuando sabemos que el gobierno aporta millones de dólares a la Reforma de Salud, por lo que no es viable y costo efectivo que paralelamente mantenga los CDT. Se puede reubicar a los empleados y estos fondos se pueden utilizar para aliviar a ASES o para programas de prevención y educación en salud que en estos momentos han quedado en segundo plano.

También propongo que se considere presentar una propuesta o solicitar permiso al gobierno federal, para crear un programa demostrativo de “Vales Mi Salud”, el cual establezca una cantidad de dinero X por individuo o familias. De esta forma, los pacientes podrían afiliarse a los planes privados. Sin duda, esto va a crear la competencia entre las aseguradoras que ofrecerán más servicios, ofertas y nos economizaríamos todos los gastos directos e indirectos y burocracia de las estructuras gubernamentales.

Por último, otra alternativa es reenfocar la cubierta para que sea una más eficiente y costo efectiva. De hecho, las estadísticas reflejan que en los Estados Unidos el 17 por ciento promedio es la cantidad de participantes del Programa de Medicaid, y en Puerto Rico, esa tasa está entre un 40 a un 45 por ciento de participantes que disfrutan de una amplia cubierta. Tampoco se puede descartar los mínimos copagos por algunos servicios para la población que está afiliada a La Reforma bajo la parte estatal por los criterios locales y no los federales, siempre velando los derechos de los pacientes y la constitucionalidad del mismo.

En fin, tenemos un gran reto por delante y el tema de salud es un problema de todos y todos debemos aportar para proteger la salud de nuestro pueblo para que no sufra más. Por eso te invito a que hoy firme la petición en : www.crisisdesaludpr.com.

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