WASHINGTON – Para el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, es ilógico que se rechace autorizar a las empresas públicas de Puerto Rico a utilizar el mecanismo del capítulo 9 de la ley federal de quiebras para reorganizar sus deudas.

Pierluisi hizo los comentarios al reaccionar al artículo de opinión en el periódico legislativo The Hill de la vicepresidenta del PNP y portavoz de la colectividad en la Cámara de Representantes, Jenniffer González, en contra de su proyecto 870 que permitiría a corporaciones públicas de Puerto Rico que puedan quedar insolventes acogerse a la ley federal de quiebras.

“Su punto de vista difiere de las opiniones de sobre 50 personas y organizaciones a través de todo el espectro político que apoyan este proyecto de ley. Este proyecto cuenta con el apoyo de prácticamente todos los expertos de quiebra; las juntas editoriales de The Washington Post, el   New York Times y Bloomberg; y la gran mayoría de los interesados en la comunidad financiera”, indicó Pierluisi, en una declaración escrita.

Ante la oposición de firmas de inversiones vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las dudas que han levantado entre la mayoría republicana del Congreso, el proyecto 870 sigue estancado en el Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Las firmas de inversiones insisten en que si la medida va hacia delante,  debe tener efectos prospectivos, lo que invalidaría el propósito de la legislación.

La representante González, quien desde abril expresó su oposición al 870, coincide con las firmas de inversiones en que las reglas de juegos para esos bonistas no deben cambiarse bajo el actual status político.

«En  el Puerto Rico donde me crié aprendimos a mantener nuestras promesas y pagar nuestras deudas. Yo creo que debemos confiar en esas creencias, esos valores que han pasado de generación en generación, al enfrentarnos a nuestros retos económicos actuales», indicó la legisladora del PNP.

Por ser la funcionaria electa de más rango en la Isla identificada con los republicanos, el artículo de opinión de González representa un golpe para la campaña de una coalición que promueve la medida, de la cual participan el exgobernador Luis Fortuño y el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“Entiendo que alguien pueda argumentar que Puerto Rico, si se le otorga el poder para permitir que sus corporaciones públicas se acojan a la protección del capítulo 9, no debe usar este poder con respecto a la AEE. Pero sostener que Puerto Rico no debe tener este poder que ostentan todos los estados es fundamentalmente ilógico”, sostuvo Pierluisi.

Para el comisionado residente en Washington, “los fondos de inversiones que se oponen a mi medida están velando por sus propios intereses y no por el bienestardel pueblo de Puerto Rico. Simple y sencillamente, esos fondos quieren tener el sartén agarrado por el mango, manteniendo a la AEE sin opción alguna salvo aceptar lo que sea que le propongan. Eso no es justo y razonable».