La Asamblea Legislativa le dio ya luz verde al proyecto que saca más de $120 millones del Fondo del Seguro del Estado para pasarlo al fondo general. El proyecto recibió aprobación final en la Cámara ayer y ahora pasa a la firma del gobernador, Alejandro García Padilla.
Este proyecto había sido enmendado en la Cámara para evitar que se utilizara la videolotería como un sistema de recaudo. El Senado eliminó esta enmienda por entender que no era pertinente a lo que pretendía el proyecto, que era la transferencia al fondo general. A pesar de esto, el Senado incluyó que la videolotería – de ser aprobada – no podrá ser utilizada ni para pagar préstamos ni para la devolución de recursos transferidos al fondo general.
En una vista reciente en el Senado, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, insistió en la necesidad de este proyecto para ayudar a la liquidez del gobierno.
Con el voto a favor de la Cámara, el proyecto precisa ahora la firma del gobernador.
En el tema de la videolotería, la Legislatura está corriendo contra el reloj para parar el reglamento del Departamento de Hacienda que viabiliza la videolotería. Este reglamento entrará en vigor en el verano si la Legislatura no se expresa en contra del mismo.
En el Senado hay pendiente una resolución para desautorizar este reglamento. El portavoz de la delegación de mayoría, Aníbal José Torres, dejó saber que esta resolución no se atenderá en la sesión de hoy.
Ante esta realidad, el representante popular Ángel Matos, dijo que radicará una resolución similar en la Cámara para evitar que se implemente la videolotería por reglamento.
“Nunca antes se había tratado de hacer una maroma como esta. Utilizar una ley del 1989 que proponía la lotería adicional que conocemos hoy como Lotería Electrónica, que tiene entre sus juegos los que se seleccionan por números y quieren meter un juego que es con máquina”, dijo Matos.
En la Cámara ayer se quedó sobre la mesa un proyecto que confiere nuevos poderes al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) respecto a las agencias gubernamentales. Este proyecto, según se supo, no tenía votos suficientes en la delegación popular para ser aprobado.
Tampoco se consideró un proyecto que busca enmendar la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Sí se aprobó un proyecto que crea el Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico.
El portavoz alterno de la delegación de minoría, Carlos Méndez Núñez, dijo que favorecieron el proyecto porque se incluy
ó una enmienda para proteger los incentivos de los veteranos.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
Juez federal se reserva fallo sobre embargo fondos Departamento Salud
El juez federal Gustavo Gelpí se reservó su fallo hasta finales de esta semana sobre si ordenará o no el embargo de las cuentas del Departamento de Salud, ante el incumplimiento de esa agencia con los pagos del programa Medicaid a los Centros de Salud Primaria, conocidos como 330.
El juez escuchó los argumentos del gobierno de Puerto Rico, representado por Arlene Borrero del Departamento de Justicia y de los abogados de los demandantes Robert Graham y Miguel Rodríguez Marxuach.
“No quiero emitir un fallo acelerado desde el estrado. Tengo que ser salomónico. Es una posición incómoda. Para finales de semana emitiré una orden. La parte que no esté de acuerdo puede solicitar que se paralice la misma ante el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones”, apuntó Gelpí.
Los demandantes pidieron al juez que embargue los fondos del Departamento de Salud, en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), debido a que la mayoría del dinero está depositado en el mismo. Empero, mencionó que el Departamento de Salud tiene cuentas en bancos comerciales.
Borrero reconoció que al momento, el gobierno de Puerto Rico no tiene los $9,389,743 que se le adeuda a los centros por sus servicios durante el primer trimestre del año. Ello, debido a lo problemas de liquidez.
Incluso, anticipó que habría problemas de liquidez para la próxima quincena.
Expuso que los cheques están hechos, pero que no cuentan con los fondos para enviarlos.
Gelpí manifestó que el Departamento de Salud debió haber presupuestado ese dinero y cuestionó lo que se hizo con el mismo.
Borrero explicó que la legislatura no presupuestó los fondos.
“Ya no hay más dinero de fondos de Medicaid?”, cuestionó el juez. “No”, respondió Borrero.
Graham manifestó “el problema es que ellos reciben fondos federales y les dan otros usos, pero no para este caso. El ELA está tratando de renegociar y es inaceptable”.
Borrero afirmó que los fondos se utilizaron en otros programas de Medicaid y pidió al juez que le conceda a la agencia tiempo adicional.
Rodríguez Marxuach planteó que sus clientes necesitan el dinero desde hace tres meses.
“Creo que hay dinero, lo que pasa es que va a otro sitio”, apuntó el letrado.
Gelpí cuestionó qué pasaría si ordenara el pago para el 20 de junio y entonces el dinero no está disponible. Borrero le respondió “los asuntos económicos de Puerto Rico son críticos. No podemos ofrecer garantías a la corte”.
Estos centros de salud se nutren de un 12 por ciento de fondos federales y el restante de fondos estatales.
“Es embarazoso. Me siento mal. Es la primera vez que tengo que hacer algo así…es uno de los asuntos más difíciles que he tenido en los pasados 14 ó 15 años”, afirmó Gelpí.
Para el segundo trimestre se adeudaría una cantidad similar, indicó Rodríguez Marxuach.
Gelpí anticipó que nombrará un monitor, que deberá ser contable y abogado en este caso.
Al concluir la vista Janitza García, directora de la división de Litigios Federales del Departamento de Justicia indicó a la prensa que el gobierno recibe $329 millones en fondos de Medicaid.
“Es un asunto de falta de fondos para hacer el pago que se tiene que hacer”, acotó García.
Por su parte, Liza Suárez, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria observó que este proceso judicial inició hace más de una década y busca asegurar que los centros de salud primaria 330 reciban fondos “wrap around” según lo requiere la ley federal.
Puntualizó que el propósito del “wrap around” es asegurar que los fondos 330 que reciben los centros de salud se utilicen “para atender los pacientes no asegurados y no para otros propósitos”.
“El gobierno esta obligado por ley federal a hacer los pagos de wrap around a los centros ya que opto por participar en el Programa de Medicaid”, manifestó.
Los centros 330 ofrece cuidado preventivo y primarios en areas de alta necesida de servicios designadas, como tal por el gobierno federal.
Los centros atienden una población de 338,844 pacientes en Puerto Rico.
Al centro de Arroyo se le adeudan $333,868.18, a Barceloneta $314,892, a Doctor Belaval Inc., $472,841, a Camuy $$729,339.83, a Castañer $177,238.10, Ciales $153,836.92, Cossma $1,262,786.85, Gurabo $597,781, Hatillo $465,147.23, Lares $580,920.15, Loiza $873,435.78, Migrant $582,904.38, La Montaña $2,027,150.95, Patillas $318,216.59 y Rincón $278,163.19
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Salud acepta que no tiene dinero para pagarle a centros 330
El departamento ya gastó los fondos federales destinados a Medicaid
El Departamento de Salud aceptó que no tiene los fondos para pagar los más de $9 millones que le deben a los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico 330 y que ya gastaron los $329 millones que recibieron por parte del gobierno federal destinados al programa Medicaid.
Luego de escuchar a las partes del caso, el juez federal Gustavo A. Gelpí se reservó el fallo e indicó que la emitirá por escrito en o antes de este viernes. Adelantó que el gobierno tendrá que pagar la deuda, pero va a determinar cómo y cuándo se deberá emitir el pago.
Gelpí catalogó la situación como «vergonzosa», refiriéndose a tener que realizar una vista para que el gobierno del Estado Libre Asociado le pague a los demandantes en un caso que data del 2003, y señaló que nunca ha tenido que embargar fondos, pero que es una opción que no descarta.
Durante la vista en la sala del Tribunal Federal del Viejo San Juan, el juez indicó que la deuda del primer trimestre de este año es de $9,389,743, según los demandantes.
«Nunca se ha pagado a tiempo. Esto es algo de todas las administraciones. Siempre he dado extensiones, pero no se puede esperar más. Los centros tendrían que cerrar sus puertas y esto afectaría a los pacientes de Puerto Rico y ese es el problema aquí», señaló Gelpí, quien destacó que no podía encontrar en desacato a la secretaria de Salud, Ana Ríus, pero que tiene que cumplir con las leyes federales.
En una moción, el Departamento de Salud dijo que no presupuestaron la cantidad que tienen que parear con fondos federales para estos centros y que pagaban con una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), pero que ya no tienen fondos. El juez indicó que eso «no es excusa».
«No veo defensa para no pagar los más de $9 millones que se les adeuda a los centros 330… No sé si el dinero se presupuestó o qué se ha hecho, pero hay que pagar. Bajo todas las administraciones ha pasado esto, pero ya es suficiente y hay que agarrar el toro por los cuernos», insistió el juez, quien preside el caso desde hace 12 años y adelantó que nombrará a un «special master» o asesor que sea abogado y contable y evalúe el caso.
La abogada de Litigios Federales del Departamento de Justicia que representó al gobierno de Puerto Rico, Arlene Pérez Borrero, indicó que los cheques están hechos, pero no tienen los fondos.
«Al momento, el problema es debido a la situación fiscal en el gobierno. La intención es cumplir, pero en este momento se hicieron los cheques, pero no hay los fondos para sustentarlos. Esto podría crear un problema en la administración, los salarios. Estamos buscando el efectivo para poder emitir los cheques», confesó Pérez Borrero.
Cuando el juez le preguntó sobre los fondos federales del Medicaid para el pareo en este caso, la abogada indicó que recibieron $329 millones para dicho programa, pero «ya no tenemos fondos Medicaid».
El juez mostró preocupación en este sentido, y en que cada parte estimó una deuda diferente, por lo que insistió en nombrar un asesor para tener un cálculo exacto. Contempló además la posibilidad de dar una extensión para pagar hasta el 1 de julio, cuando entra el nuevo presupuesto del año fiscal 2015-2016, y cuestionó si el embargo a las cuentas del Departamento de Salud serían en el Departamento de Hacienda o en el BGF.
El gobierno pidió una extensión de tiempo para pagar la deuda correspondiente al primer trimestre de este año, mientras que la parte demanda, representada por los abogados Robert Graham y Miguel Rodríguez Marxuach, insistieron en que sus clientes necesitan el dinero «ayer». Criticaron además que el dinero se usara para «otras cosas».
«La situación fiscal es seria. Esto es de conocimiento general. No podemos garantizar nada, no podemos decir que podrá ser la semana que viene, por ejemplo», agregó Pérez Borrero.
«Este es el asunto más difícil que he tenido ante mi consideración en los últimos 12 o 13 años», confesó Gelpí, quien reiteró que emitirá su decisión esta semana.
Fuera de sala, la directora de la Oficina de Litigios Federales del Departamento de Justicia, Janitza García, recordó que el Estado Libre Asociado atraviesa por una situación fiscal difícil y que el problema que tienen es la falta de fondos.
«Es un asunto de liquidez, de falta de fondos para poder hacer el pago que se tiene la intención de hacer», opinó García.
Por su parte, la Asociación de Salud Primaria señaló por escrito que este caso lleva más de una década y que busca asegurar que los fondos del “wrap around” se destinen al servicio de los pacientes de Medicaid, mientras que los fondos 330 que reciben para atender a los pacientes no-asegurados se utilicen para esta población y no para otros propósitos.
«El gobierno está obligado por ley federal a hacer los pagos de ‘wrap around’ a los centros, ya que optó por participar en el programa Medicaid… Hemos solicitado al Tribunal Federal que garantice el pago para que los centros de salud puedan continuar ofreciendo los servicios que tanto necesitan nuestros pacientes. Hacemos un llamado al entendimiento y comprensión de las necesidades de todas las partes, incluyendo a los centros de salud primaria que están llamados a cumplir con los más estrictos parámetros de calidad y excelencia operacional, y a rendir cuentas», lee el comunicado de la Asociación, que es una corporación sin fines de lucro fundada en 1984 que sirve de enlace, representación y apoyo a la red de Centros de Salud Primaria 330. La directora ejecutiva es Lisa Suárez.
Desde 2002, se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los llamados centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.
ASES busca línea de crédito para cumplir sus obligaciones
Reclama al Senado aprobrar proyecto de ley
Ante la abultada deuda que arrastra con los proveedores del Plan de Salud del Gobierno (PSG), la Administración de Seguros de Salud (ASES) reclamó este miércoles ante el Senado la aprobación de un proyecto de ley que le permitiría obtener a esa entidad una línea de crédito de $150 millones en busca de garantizar la continuidad de servicios para los beneficiarios del plan de salud público.
El director ejecutivo de ASES, Ricardo Rivera Cardona, recordó a los miembros de la Comisión senatorial de Hacienda que esa corporación pública adeuda unos $200 millones a proveedores de salud del PSG, como médicos, hospitales, laboratorios y farmacias, y que esa obligación corresponde al mes de marzo, cuando el programa operaba bajo un viejo modelo de cuidado médico.
Rivera Cardona señaló que, además de la aprobación del presupuesto recomendado de $2,823 millones para el próximo año fiscal, es necesario darle paso al Proyecto de la Cámara 2501, que autorizaría a la ASES a tomar a préstamo o incurrir en obligaciones para pagar sus deudas con las aseguradoras y los proveedores de salud.
La medida, de la autoría de la representante Lydia Méndez, no establece cuál sería la garantía de repago, pero dispone que la Junta de Directores de ASES y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) deberán aprobar los términos de la transacción.
“Lo que se busca es flexibilidad para no perder oportunidades cuando lleguen a nuestra puerta”, manifestó sobre los propósitos de la pieza legislativa.
“Nos enfrentamos con grandes retos para finales de este año fiscal y el próximo, especialmente por la falta de una línea de crédito para cumplir puntualmente con nuestras obligaciones, la situación de deuda a nuestros proveedores de servicios de salud por servicios prestados al PSG en marzo y la posible reducción de las primas de Medicare Advantage, que tiene un efecto en nuestros 250,000 beneficiarios Platino”, abundó al referirse a la situación fiscal de ASES.
Previo a la vista sobre el presupuesto en el Senado, Rivera Cardona compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para defender el proyecto, y allí dijo que la legislación permitiría a la ASES obtener financiamiento público o privado para asegurar la continuidad de los servicios del PSG.
El senador José Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, anticipó que cuando la medida llegue ante la consideración de ese cuerpo la atenderían con celeridad.
En noviembre pasado, la banca privada no le renovó a ASES una línea de crédito de $100 millones, y la corporación pública recurrió al BGF, que le extendió una línea de crédito de $100 millones. Sin embargo, debido al grave problema de liquidez del BGF, la institución suspendió el crédito desde marzo.
Rivera Cardona, además, propuso múltiples enmiendas a la ley orgánica de ASES como vías para allegar ingresos adicionales.
Sobre el presupuesto de $2,823 millones, dijo que contiene una reducción de $230,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento de ASES. Sin embargo, incluye una asignación de $1,612 millones de fondos federales, que supone un alza de $599 millones en ese renglón comparado con el presente año fiscal.
Piden destituir al director de ASES
Legisladores denuncian supuesta incapacidad de Ricardo Rivera para administrar la agencia
Los representantes María Milagros Charbonier, Rafael “June” Rivera y el senador Ángel “Chayanne” Martínez exigieron este jueves la renuncia del director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (Ases), Ricardo Rivera Cardona, por su supuesta incapacidad para manejar de manera eficiente el cambio de aseguradoras del plan médico del gobierno conocido como “Mi Salud”.
Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) también mandataron que Rivera Cardona haga públicos todos los documentos relacionados a la contratación de las compañías de seguros de salud Molina Healthcare y PMC Medicare Choice, “incluyendo las facturas de servicios brindados y acuerdos entre proveedores y la aseguradora”.
“Estamos pidiendo la renuncia inmediata de Ricardo Rivera debido a la negligencia e ineptitud que ha demostrado en el desempeño de la negociación y la atención de los problemas que todos los días todos los representantes recibimos de pacientes que no tienen certeza de qué va a pasar con los servicios de salud”, sostuvo Charbonier en conferencia de prensa.
“Llevamos 15 días de quejas de estas compañías, en este caso tengo que decir específicamente de Molina Healthcare y de PMC. Estas han sido las aseguradoras que peor desempeño han demostrado en la provisión de servicios de salud”, añadió la legisladora.
Durante el día de hoy, el senador novoprogresista “Chayanne” Martínez también reclamó la salida de Rivera Cardona por provocar un “caos” en esa agencia que administra el plan de salud del que dependen 1.4 millones de ciudadanos.
“Es increíble ver cómo miles de beneficiarios de PSG están sufriendo a diario por la falta de referidos a médicos para el tratamiento adecuado de su condición física, mientras otros miles llaman diariamente a la ASES porque no pueden adquirir los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento médico”, dijo Martínez en conferencia de prensa separada.
«La situación de la mala administración de Rivera ha llegado al punto máximo hoy, cuando este funcionario expresa que está buscando inversionistas extranjeros para que financien una línea de crédito de $150 millones para cubrir los gastos en ASES a sabiendas que él no tiene injerencia en este tipo de trámite y menos aún, el conocimiento necesario para ese tipo de transacción ya que esa es una función intrínseca del Banco Gubernamental de Fomento”, manifestó.
Las declaraciones de los legisladores son producto de las múltiples quejas que tanto pacientes como médicos han hecho contra “Mi Salud” a raíz del cambio del modelo de servicio que entró en funciones el 1 de abril. A través del mismo, denominado Organización de Manejo de Cuidado de Salud (MCO, por sus siglas en inglés), las aseguradoras contratadas (First Medical, MMM, Triple-S, PMC y Molina Healthcare) se comprometieron a asumir el 100% del riesgo de todos los servicios que ofrecen.
Además de pedir la renuncia de Rivera Cardona y de requerir las copias de los contratos, Charbonier y Rivera informaron que sometieron una resolución para que la Comisión de Salud, que preside la representante Lydia Méndez, para que inicie una investigación sobre el proceso de negociación, adjudicación y contratación de Ases con las aseguradoras.
Por su parte, Rivera trajo a colación casos de pacientes que se han comunicado con su oficina para denunciar que han confrontado problemas con las compañías contratadas.
“Tenemos un caso de una joven del pueblo de Barranquitas, sobreviviente de cáncer. Esta joven, que será operada en mayo en un procedimiento ya aprobado, cambió a PMC y ha tenido problemas para comunicarse con PMC. Llama, sale ocupado o no le contestan. No ha tenido ninguna comunicación con PMC. Nosotros hacemos un llamado a Ricardo Rivera para ver qué va hacer con esta sobreviviente de cáncer que necesita esta operación urgente. Que se ponga en el lugar de las familias de los pacientes que necesitan un servicio que debe estar disponible todos los días”, declaró Rivera.
Por último, Charbonier y Rivera adelantaron que le enviarán una carta a la secretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Sylvia Mathews Burwell, para que inicie una investigación sobre las denuncias en torno a “Mi Salud”.
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