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La representante González publicó el lunes un blog en el periódico legislativo The Hill en contra de la legislación. (GFR MEDIA)

WASHINGTON – En su intento por lograr echar hacia delante en el Congreso el proyecto 870 que le ofrecería a las empresas públicas de Puerto Rico el mecanismo de la ley federal de quiebras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se enfrenta a fuerzas de su propio Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pero, Pierluisi dijo ayer estar convencido de que “en lo más mínimo” la presión ejercida esta semana en el Congreso por la portavoz del PNP en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jenniffer González – la funcionaria electa en la Isla de más alto rango identificada con los republicanos en EEUU-, pueda terminar de dañar las posibilidades de que el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal eche hacia delante su proyecto 870.

“Es una medida que trasciende líneas de partidos”, dijo  Pierluisi, presidente del PNP, al indicar que la oposición de González contrasta con el respaldo que tiene el proyecto de parte del exgobernador Luis Fortuño, quien aún es delegado de Puerto Rico ante el Partido Republicano de EEUU, de aspirantes a la presidencia como Jeb Bush y George Pataki, del activista conservador anti impuestos Grover Norquist, y el exlíder de la mayoría del Senado Robert Dole.

Aunque reconoce que “vivimos en una democracia”, y miembros de su partido tienen derecho a rechazar un proyecto sobre el cual no buscó el respaldo institucional del PNP, Pierluisi sostuvo que “no hay razón para oponerse al proyecto, porque si hasta lo miras como un estadista se cae de la mata que es consistente con pedir que nos traten como un estado”.

La representante González publicó el lunes un blog en el periódico legislativo The Hill en contra de la legislación y presionó en contra del proyecto como parte de reuniones con tres congresistas republicanos con los que dijo se entrevistó originalmente para hablar de los recortes en los planes Medicare Advantage de Puerto Rico.

González dijo que fue una casualidad que su artículo de opinión se publicara en la víspera de sus reuniones en el Congreso, pues mantuvo que lo presentó hace tres semanas.

Mientras González se sumaba a los esfuerzos en contra del 870 en Washington, el exsecretario de Estado y  actual delegado demócrata Kenneth McClintock confirmó que por medio de su empresa Politank asesora al Grupo Ad Hoc de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se opone también al proyecto del comisionado Pierluisi.

A McClintock le vinculan con las gestiones de González, pero el exsenador del PNP y actual delegado de Puerto Rico (national committeeman) ante el Partido Demócrata de Estados Unidos, más allá de indicar que asesora al Grupo Ad Hoc sin hacer labores directas de cabildeo, evitó entrar en detalles “de que labor realizamos”. La legisladora rechazó haber coordinado con McClintock, como han insistido tres fuentes en Washington.

Cuando la resolución de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en apoyo al proyecto de Pierluisi fue a votación en febrero pasado, la medida contó con el rechazo de cinco representantes del Partido Popular Democrático (PPD)  – Luis Vega Ramos, Manuel Natal, José Luis Báez, Narden Espinosa y Carlos Bianchi -, y dos del PNP, González y María Milagros Charbonier.

En el Senado, los votos en contra fueron de los senadores del PNP Thomas Rivera Schatz y Margarita Nolasco, los PPD Rossana López y Cirilo Tirado, y la independentista María de Lourdes Santiago.

De todos esos legisladores, solo se conoce que González haya estado activa en Washington en contra del 870, que permitiría a corporaciones como la Autoridad de Energía Eléctrica utilizar el mecanismo jurídico del capítulo 9 de la ley federal de quiebras, siempre y cuando quede insolvente y el gobierno de Puerto Rico lo autorice.

Para el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, quien hace tándem con el exgoberndor Fortuño en una coalición bipartidista que busca impulsar el 870,  a diferencia de González los demás legisladores que se opusieron a las resoluciones de la Legislatura de Puerto Rico “lo hicieron más por razones ideológicas” y han evitado abrirle grietas al frente común que había en Washington de parte de las autoridades de la Isla.

“Es muy fácil para la gente en el Congreso levantar la bandera de que también estamos divididos en esto y utilizarlo de excusa”, dijo Bhatia, quien ha descrito como una traición a los esfuerzos bipartidistas la intervención de la representante González.

En ocasiones recientes, pocas veces los republicanos del Congreso han seguido las coordenadas de sus colegas del GOP en la Isla, pero los conservadores del Comité de lo Jurídico que han frenado la legislación, incluido Darrel Issa (California)- uno de los que dio audiencia el martes a la legisladora del PNP-, pueden ahora destacar el rechazo de González a la medida.

En otro blog publicado el lunes, el vicepresidente de Asuntos Legales y Públicos del grupo conservador “Center for Individual Freedom”, Timothy Lee, describió el 870 como una medida demócrata del comisionado Pierluisi y el gobernador Alejandro García Padilla, y como ha hecho la campaña publicitaria del grupo Asociación 60 Plus que defiende la posición asumida por firmas de inversiones como Oppenheimer y Franklin, describió el proyecto como “un rescate financiero”.

En particular, Lee consideró la decisión del presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal, el republicano Robert Goodlatte (Virginia), de otorgarle una audiencia pública en febrero pasado a la legislación, como una apertura hacia el proyecto, del cual toman ya nota conservadores de su distrito electoral.

“Algunos por falta de información o porque no han comprendido adecuadamente la medida pudieran discrepar. Velo por el interés de nuestro pueblo, no el interés particular de un fondo de inversión que esté negociando ahora con la AEE y quiere tener más poder de negociación. Me parece que lo que tenemos que estar apoyando es el bienestar general”, dijo Pierluisi.

Pierluisi agregó que ha sido consecuente en que la dirección de la AEE debe encaminar con fuerza las negociaciones para un acuerdo extrajudicial con los bonistas que permita reestructurar las finanzas y la estructura administrativa de la corporación pública.

“Si rinden fruto las negociaciones, en el caso de la AEE este proyecto sería académico. Este proyecto (870) no afecta negociaciones en curso. Soy el primero que favorece negociar la reestructuración. La propia ley de quiebras exige que haya primero una negociación de buena fe antes de tener acceso al tribunal”, agregó.

A su vez, rechazó otra vez el argumento de firmas de inversiones con bonistas de la AEE, con las cuales ha coincidido la representante González, en el sentido de que un síndico nombrado por un juez, sin un marco legal específico, pueda ser la alternativa a reestructurar la deuda y el funcionamiento de una corporación pública en Puerto Rico.

“Ese mecanismo nunca se ha utilizado. El síndico – insistió Pierluisi-, estaría impedido de disponer o hipotecar activos de la AEE, para el proceso de administración, ni tiene el poder de paralizar pleitos de cobros u otras reclamaciones judiciales para objetar sus funciones y decisiones. La figura del síndico lo que propicia es un caos. Si se llegara a ese extremo los apagones van a ser recurrentes y la viabilidad de la propia autoridad va a estar en entredicho y todos los acreedores van a salir trasquilao’s”.

Sobre 600,000 familias recibe el PAN

Por: NotiUno 03 de June de 2015 Gobierno y Política, Noticias, Puerto Rico, Último Minuto
Sobre 600,000 familias recibe el PAN
Cerca de 1,300,000 personas reciben en Puerto Rico los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional. Foto: WOLETV

La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) informó que cerca de 1,300,000 personas reciben en Puerto Rico los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y que 672,000 familias están bajo este beneficio al cierre del pasado año fiscal.

Según informa El Nuevo Día, un 56.5% son mujeres y 43.5% son hombres. El 28.92% son menores de edad y el 20.92% son personas mayores de 60 años, lo que significa que el 49.84% de las personas que reciben PAN son personas que pertenecen a categorías protegidas por razón de edad.

La directora de Adsef, Marta Elsa Fernández agregó que del 50.15% de las personas que están entre las edades de 19 a 59 años, el 18% posee alguna incapacidad mientras que el 0.59% son personas sin hogar. Destacó por otro lado que cerca de 272,000 de las familias que se benefician de este programa reportan algún tipo de ingreso, muchos de los cuales son trabajadores con ingresos reducidos y otros son personas retiradas que reciben solo su pensión de Seguro Social.

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¿Qué es el 870? – Para el PNP Puerto Rico Siempre Ha Sido Primero
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