EL VOCERO / Archivo

El Gobernador anunció un segundo recorte presupuestario a la Rama Judicial; esto es a los tribunales, al sistema
de justicia de Puerto Rico. Este año fiscal que terminará el 30 de junio se trató de $54 millones menos. Para el año fiscal que comenzará el 1 de julio la reducción adicional será de $69 millones. O sea que en menos de dos años uno de los tres poderes constitucionales ha visto una merma de $123 millones en sus recursos decidida por los otros dos poderes (el Ejecutivo y el Legislativo, los llamados “poderes políticos”) sin que se le consultara o alertara de forma alguna. Una sub-agencia del propio Ejecutivo se debe tratar con más deferencia. Y, claro, los que cortaron los recursos a la Rama Judicial no se aplicaron la regla en la misma proporción.

A juzgar por su reacción pública, la Honorable Jueza Presidenta se enteró al leerlo en la prensa. Hasta ahí la consideración a una Rama Constitucional y a las personas que la dirigen, responsables de atender y resolver las controversias, asegurar el debido proceso de ley, proteger derechos y, sí, hacer contrapeso a las acciones impropias o ilegales que tomen las llamadas ramas políticas que le recortaron sus recursos y, consiguientemente, su capacidad para llenar estas serias encomiendas que descansan en gran medida en la independencia judicial.

Como resultado ya se han cerrado salas de tribunales, se considera reducir jornadas de empleados y servicios así como congelar reclutamientos. Se atrasará la resolución de las controversias. Se afectarán servicios especializados como en las Salas de Violencia Doméstica, Familia y Drogas.

No hay duda de que la Rama Judicial debe examinarse y determinar qué programas son redundantes y qué funciones son necesarias para su desempeño; debe analizar, incluso usando consultores en gerencia, qué actividades lleva a cabo por costumbre; debe evaluar la justificación y utilidad de cada puesto, programa o función; debe considerar consolidaciones; debe asegurar que los programas y actividades respondan a un fin necesario para la misión constitucional.

Y debe asegurar que logra eficiencias mediante la implantación de tecnología para la radicación de casos y hasta en el desfile de evidencia en sala. No se trata sólo de eficiencia sino de expeditar la resolución de las controversias en beneficio del pueblo. Los cambios en tecnología y sistemas deben apoyar el desarrollo de una cultura de disciplina institucional si son exigidos sistémicamente, si los jueces administradores, los de sala y las secretarías trabajan al unísono para que se cumplan las reglas de forma igual para todos los litigantes. A veces es bueno
copiarse. En la jurisdicción federal los procesos se trabajan mediante la tecnología. Es transparente e igualitaria. Si allí funciona con jueces, abogados, fiscales y personal puertorriqueño, de igual manera eficiente, rápida y justa debemos aspirar a que funcione en los tribunales estatales.

El sistema de justicia, a fin de cuentas, se debe al Pueblo y éste está insatisfecho por, entre otras razones, las dilaciones y suspensiones. Así que además de la implantar tecnología hay que asegurar que las suspensiones sean raras excepciones sólo justificadas fehacientemente. La norma tiene que ser que desde el principio se programen los
casos con las correspondientes fechas y períodos para mociones, descubrimientos, conferencias y juicio y que tal calendario sea inamovible, inmanipulable. Para que haya eficiencia, efectividad, confiabilidad y justicia,
el Tribunal, como en el sistema federal, tiene que ejercer control sobre el proceso.

Las Ramas políticas, esto es el gobernador y los legisladores, deben contribuir para que el sistema sea uno más
estable y confiable en vez de añadirle costos innecesarios. Los políticos son muy dados a cambiar legislación tanto penal como civil sin el análisis sobrio e independiente que identifique la razón de ser de los cambios y sus
consecuencias. Tal proceder se extiende a la Reglas Procesales, a añadir jurisdicción, a cambiar leyes frívolamente e incluso Códigos en ocasiones para complacer grupos de interés. Tales prácticas resultan en confusión para fiscales, abogados, jueces y estudiantes – y, peor aún, para el ciudadano.

Las medidas fiscales y económicas que tome la Rama Judicial para mitigar el recorte impuesto junto a las que tome para hacerse más efectiva y confiable le facilitará el cumplimiento de su noble misión así como le ganarán más solidez institucional y respeto. Se lo debemos al Pueblo, a la Justicia, a la Democracia.