WASHINGTON – Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones para el distrito de Washington D.C. desestimó hoy la demanda de residentes de Samoa que reclamaban que por haber nacido en un territorio que pertenece a  Estados Unidos tenían un derecho constitucional a la ciudadanía estadounidense.

En la opinión, el tribunal reafirma que la Constitución federal no le otorga todos los derechos individuales a los residentes de los territorios.

En el caso de Samoa, decidió que la petición de los ciudadanos samoanos choca con el rechazo del gobierno del territorio a la naturalización en masa de los habitantes de su pueblo.

Aunque el panel considera que argumentos racistas que fueron utilizados en las opiniones sobre los casos insulares de principios del siglo pasado – que advirtieron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, no estaban encaminados hacia la estadidad – pudieron estar incorrectos, la decisión fundamental de que no todos los derechos que otorga la Constitución estadounidense aplican en los territorios y la diferencia entre territorios incorporados y no incorporados tiene aún validez.

Como en Puerto Rico entre 1900 y 1917, los nacidos en Samoa son considerados nacionales, pero no ciudadanos estadounidenses.

«Es la primera vez que un tribunal de apelaciones federales ha determinado que la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense no es un derecho fundamental», indicó Neil Weare, abogado del grupo de demandantes que ha llevado el caso.

El panel de jueces sostuvo que en este caso examinaron si la cláusula de ciudadanía de la Constitución ordena la imposición de la ciudadanía por nacimiento cuando ello significa ir por encima de la voluntad del territorio no incorporado.

«No dudamos de la autoridad general del Congreso para, en su discreción, naturalizar personas que viven en los territorios no incorporados ni cuestionamos el amplio alcance  de la ciudadanía por nacimiento en los territorios incorporados u opinamos sobre el alcance general de los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial estadounidense», agrega el panel de jueces.

En el caso de Puerto Rico la ciudadanía estadounidense – que a nivel individual el Tribunal Supremo ha determinado que no puede arrebatársele sin justa causa a ninguna persona -, fue un acto del Congreso.?