Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
EL VOCERO/Archivo
Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO –
Además de los complicados proyectos que quedan pendientes en la recta final de esta sesión legislativa –incluyendo el presupuesto– la Legislatura deberá discutir además el controversial tema de la videolotería.
Este tema mantiene dividido a los legisladores, pero al parecer entre el liderato hay un consenso de que hay que resolverlo en una de dos maneras: o pagan al estado de forma legal, o el estado es efectivo confiscando las que operan de manera ilegal.
La videolotería está sobre la palestra, esta vez con una enmienda del Departamento de Hacienda al reglamento de juegos que permitiría estos juegos. Para que este reglamento no entre en vigor, la Legislatura debe rechazarlo en las semanas que quedan de sesión. De no hacerlo, el reglamento entra en vigor. En el Senado hay una resolución pendiente para no darle paso a este reglamento. En la Cámara, el representante Ángel Matos advirtió que si el Senado no actúa, él radicará una resolución para paralizar este reglamento.
El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, dijo que la difícil situación económica que se avecina llevará a los legisladores a aceptar esta y otras medidas que históricamente han rechazado.
“Yo creo que nosotros estamos a punto de coger un golpe tan grande. Estamos mal, pero no hemos cogido el golpe grande y estamos a ley de días de coger un golpe grande, que la gente lo sienta como lo sentí yo en el sector privado en 2006. El golpe va a ser tan grande que lo va a sentir mucha gente y después de eso, la gente va a ir llorando al Capitolio para pedir que aprueben todo lo que hay que aprobar porque estamos a punto de colapsar y yo me cansé”, dijo Hernández Montañez.
Hernández Montañez radicó sin éxito proyectos que hubieran viabilizado la videolotería para garantizar que pagaran impuestos al estado y estuvieran conectadas a Hacienda.
Un proyecto que viabilice estos juegos, dijo, no podría ser aprobado ahora, pero a su entender, debe ser aprobado en algún momento para garantizar que el gobierno reciba este dinero.
“Yo he radicado legislación para esto porque creo en la regulación y creo que deben estar en el sistema. Deben reportar y contribuir”, dijo Hernández Montañez.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, cuestionó que el gobierno no esté cumpliendo con la ley que ordena a la Policía y al Departamento de Justicia a recoger estas máquinas y multar a los que violen la ley.
“Estas máquinas están totalmente regadas. Se le dio facultad a Turismo para que junto a Justicia fiscalizaran y sacaran estas máquinas de circulación. Eso no se ha logrado”, dijo Perelló. “Tenemos estas máquinas regadas, no están pagando nada al erario y están afectando a los hoteles. La decisión es que o somos más agresivos en sacarlas o las reducimos y logramos que puedan estar conectadas a Hacienda. Es una decisión de política pública.
Si Hacienda puede hacerlo por reglamento, es parte de lo que hay que tomar en consideración”.
Dijo que próximamente discutirá con el caucus del Partido Popular si se va a paralizar o no el reglamento de Hacienda.
“Es un asunto en plena discusión y en los próximos días se tomará una determinación como delegación”, dijo Perelló. “Yo lo estoy atendiendo con mucho cuidado. Hay unas preocupaciones genuinas con la industria del turismo”.
Hernández Montañez, por su parte, reconoció que el tema es bien controversial y marcado por el cabildeo de grupos “con mucha influencia”. Reconoció que el tema toma relevancia justo cuando se agudizan los problemas fiscales.
“Yo no lo estoy considerando como recaudo porque yo he estado bastante tiempo y sé que no habrá acción legislativa para aprobarlo. Yo he radicado legislación porque yo sí creo en la fiscalización pero estoy consciente que no hay ambiente para aprobar legislación”, dijo Hernández Montañez.
Por su parte, el presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José R. Nadal Power, abogó por un acuerdo entre las facciones presentes en la discusión de este proyecto.
“Yo pienso que aquí lo que hay que hacer es terminar con la intransigencia de todas las partes. El año pasado se aprobó una ley estableciendo un tope a la cantidad de máquinas en un establecimiento para controlar los mini casinos que compiten de forma ilegal y la realidad es que la fiscalización ha sido un poco lenta”, dijo Nadal Power. “Hay una proliferación de máquinas por todas partes y no se ha combatido del todo y el gobierno no recibe nada de eso. Me parece que tenemos que poner orden a este asunto”.
A su entender, el gobierno ha demostrado no tener capacidad para controlar las máquinas ilegales.
“Justicia y Hacienda han dicho que no hay capacidad para erradicar todas la máquinas ilegales”, dijo Nadal Power. “Es algo que llegó para quedarse en la medida que el gobierno no pueda hacer cumplir por falta de recursos. Todavía hay máquinas guardadas de una redada que hicieron y no saben qué hacer con ellas”.
Nadal Power, al igual que su homólogo en la Cámara, dijo que estas máquinas deben tributar.
“Yo he radicado legislación y yo creo en la regulación. Yo creo que deben estar en el sistema y deben estar condicionado a una cantidad y a que contribuyan”.
Nadal Power y Hernández Montañez coincidieron además en que estas máquinas no deben afectar a los casinos. “Son dos mercados completamente diferentes. La mejor prueba es que hay miles de máquinas allá afuera y los hoteles siguen operando”, dijo Hernández Montañez.
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Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO –
La Asociación de Hoteles y Turismo no ha descartado acudir a los tribunales si finalmente se aprueba una enmienda al reglamento del Departamento de Hacienda que legalice la videolotería sin que medie legislación.
La Junta Interagencial para Reglamentar el Sistema de Lotería Adicional rindió un informe el pasado 6 de marzo en el que anuncia que enmendarán el Reglamento de Lotería Adicional para “incluir los juegos de videolotería como parte de los juegos ofrecidos a través de la Lotería Electrónica, establecer el andamiaje reglamentario necesario para que se puedan realizar ventas de jugadas de Lotería Electrónica a través de Internet”. Si la Legislatura no se expresa en contra de este reglamento antes de que termine la sesión, el reglamento queda validado.
La sesión termina el 30 de junio y el último día para aprobar proyectos es el 25 de junio.
Miguel Vega, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo dijo que continuarán cabildeando para que se invalide este reglamento. Advirtió que, de no lograr esto, no descartan acudir a los tribunales por entender que la videolotería es algo que debe discutirse en la Legislatura y no aprobarse con un reglamento de Hacienda. El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, ha dicho por su parte que la ley lo faculta a hacer esto por reglamento.
“No queremos darnos el lujo de estar con esto en los hombros hasta el último día de sesión. El mensaje es que sea lo antes posible. Estamos pidiendo que esta resolución se atienda lo antes posible”, dijo Vega. “Estamos esperanzados en que se pueda resolver legislativamente, pero si no, vamos a llegar a las últimas consecuencias”.
Dijo que ya la Legislatura aprobó un proyecto para regular las máquinas ilegales y que el mismo no ha rendido frutos. La solución, a su entender, es obligar a las agencias como la Policía y Justicia a cumplir con la legislación ya aprobada.
“Desde que se aprobó la ley, han hecho dos redadas. Es importante que el gobierno actúe más sobre esas máquinas bajo el amparo de la Ley 77 que se aprobó hace menos de un año”, dijo Vega. “Hay que dar tiempo a que actúen contra las que operen ilegalmente pero decir que no ha funcionado no puede ser excusa”.
Aseguró que el gobierno no ha presentado evidencia de que viabilizar la videolotería dejará más dinero al fisco.
“El único estudio que han presentado es de 2011 y dice que recibirán $180 millones más a través de las legales si recogen las máquinas ilegales”, dijo. “Eso es más de lo que pretenden hacer con la videolotería”.
Reiteró que la legalización de estas máquinas pone en peligro los fondos de la Universidad de Puerto Rico, el presupuesto de la Compañía de Turismo y 70 mil empleos, incluyendo a transportistas, taxistas y otros comercios dependientes del turismo.
“Nosotros vamos a seguir visitando legisladores, invitándolos a proteger el poder legislativo como la rama de gobierno que puede autorizar este tipo de juego. Vamos a pedir que se desapruebe este reglamento antes del 25 de junio y vamos a seguir la campaña sobre los peligros de esto para la economía, la UPR y la sociedad”, dijo Vega.
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