Si finalmente se aprueba el reglamento del Departamento de Hacienda que daría paso a la videolotería, será La Fortaleza la encargada de dictar los próximos pasos para implementar el juego en la Isla.
Así lo confirmó ayer el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, en entrevista con EL VOCERO, al tiempo que adelantó que no necesariamente habrá un proceso de licitación para escoger el operador del juego de azar porque la ley faculta a su agencia a contratarlo directamente.
Zaragoza confirmó que dos empresas se han acercado al Departamento de Hacienda para mostrar su interés en operar la videolotería. Sin embargo, el funcionario no quiso revelar sus nombres.
Fuentes de este rotativo aseguran que Caribbean Cage -empresa que maneja la videolotería en República Dominicana- ha hecho acercamientos para operar el juego de azar en la Isla. Otra de las compañías que se mencionan como posible operador es Scientific Games.
El titular de Hacienda no pudo ofrecer detalles sobre las ganancias que tendrán el operador de la videolotería, los comerciantes y los jugadores porque “está sujeto a negociación”.
Por su parte, Antonio Pérez, secretario auxiliar de las loterías de Puerto Rico, dijo que “son pocas las empresas que hay en el mercado (para operar la videolotería) y no hay ninguna local”.
El titular de Hacienda aseguró que el Gobierno podrá recibir entre $100 a $300 millones de la videolotería “porque la capacidad de generación de ingresos varía según sus fases de implantación”.
Aunque el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, aseguró ayer que la videolotería mueve $1,000 millones, el secretario auxiliar de las loterías de Puerto Rico, explicó que hay que tener en consideración que un porcentaje de las ventas va dirigido al pago de premios, al comerciante, al operador, al Departamento de Hacienda y a los Municipios.
Zaragoza admitió que la videolotería no garantiza que salgan de operaciones todas las máquinas electrónicas que operan al margen de la ley. No obstante, el funcionario apostó a que el jugador y el comerciante preferirán hacer sus jugadas y mantener su negocio en una operación regulada y legal.
El secretario de la Gobernación estima que en Puerto Rico existen 50 mil máquinas electrónicas que pagan premios ilegalmente. Zaragoza coincidió con esa cifra.
“Se le dará la oportunidad a los comercios donde están esas máquinas hoy de que tengan las máquinas validadas por el Estado porque no deja de ser un riesgo para el negocio tener esas máquinas porque se exponen a multas. Además, con las máquinas validadas por el Estado tendrán una participación económica”, apuntó el secretario de Hacienda.
Dijo, además, que usualmente la ganancia de los comerciantes ronda entre 7 a 15 por ciento de las jugadas. No obstante, el titular de Hacienda reconoció que no puede precisar cuán competitiva sería esta ganancia con lo que los comerciantes generan en la actualidad.
“No sé cuán competitivo sea con lo que los dueños de esas máquinas le dan a los negocios, pero entendemos que uno de los beneficios es que te legalizas. Yo creo que es un incentivo grandísimo. Y los esfuerzos de incautación de las demás máquinas van a continuar, porque no vamos a tirar la toalla, pero entendemos que a la larga va a propiciar que ese otro negocio (el ilegal) se extinga o se reduzca significativamente”, manifestó.
El titular de Hacienda dijo que además habrá un atractivo para el jugador porque podrá reclamar el premio.
De otro lado, Zaragoza insistió en que los casinos no recibirán un impacto negativo porque la videolotería ya existe en la Isla al margen de la ley.
“Entendemos que no (tendrá un efecto negativo en los casinos) porque este juego existe y está descontrolado. No está regulado como parte de la economía formal ni en cuanto a la localización de las máquinas. Entendemos que si el Gobierno toma control y ocupa el espacio puede establecer los mecanismos necesarios para proteger a los mismos hoteles. No se puede hacer un análisis partiendo de un juego nuevo”, apuntó.
El secretario auxiliar de las loterías de Puerto Rico indicó que las máquinas de videolotería estarán conectadas al Departamento de Hacienda y las jugadas serán contabilizadas.
Aunque en la actualidad la fiscalización de las máquinas recae en la Compañía de Turismo, Zaragoza reconoció que el Gobierno cuenta con pocos empleados para fiscalizar que las máquinas tengan los marbetes correspondientes y que no se pagan premios ilegales.
“Es difícil garantizar (que se van a erradicar las máquinas que operan ilegalmente) es un poco atacar ocupando el espacio. Entre el consumidor y el comerciante, que es quien ofrece la oferta, entendemos que poco a poco se va ir extinguiendo”, agregó.
Aunque aseguraron que otras jurisdicciones se ha probado que la legalización de la videolotería ha ayudado a erradicar la operación de las máquinas que pagan premios ilegales, los funcionarios no pudieron identificar la jurisdicción del estudio.
El secretario auxiliar de las loterías de Puerto Rico dijo que sus empleados tendrían un rol fundamental porque acudirán a los puntos de venta y podrán ayudar a detectar cuáles son las máquinas ilegales.
Por último, Zaragoza recordó que el reglamento se da por aprobado si la Asamblea Legislativa no se expresa.
“Para que no se apruebe los dos cuerpos -Cámara y Senado- tienen que actuar. Con que uno (de los cuerpos legislativos) lo apruebe y otro no, también queda aprobado”, apuntó el titular de Hacienda.
Zaragoza consultó con el Departamento de Justicia antes de someter el reglamento a la Asamblea Legislativa. Los detractores de la videlotería han adelantado que están dispuestos a acudir a los tribunales para impugnar el reglamento.
“La opinión legal considera la sustancia y la fórmula. Aquí no escoges un número pero llevas a cabo una jugada al azar, y la conclusión es que sí hay espacio para establecer la videolotería mediante reglamento”, concluyó.
Cuestiona cifras de Hacienda
El presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo, Miguel Vega, puso en duda la veracidad de los estimados de recaudos que obtendría el Gobierno por la legalización de la videolotería y catalogó la información como “cifras contradictorias y erráticas”.
“La semana pasada, en un programa radial, el secretario (de Hacienda) Zaragoza indico que la videolotería recaudaría hasta $500 millones; luego aclaró que el primer año serían unos $100 millones y que luego recaudaría hasta $500 millones al año. Hoy (ayer) el secretario Suárez dice que serían $100 millones y que luego recaudarían ‘hasta $300 millones, una vez el juego esté implementado en su totalidad’. Estas cifras contradictorias y erráticas demuestran que el Gobierno no tiene un estudio económico que justifique de manera clara cuanto es el supuesto recaudo de la videolotería”, sostuvo Vega. “Si lo tienen, que lo hagan público y lo presenten al país y a la Asamblea Legislativa”.
Vega añadió que el estudio “Economic, Regulatory, Social Analysis: The Impacts of Video Lottery Terminals on the Casino Industry in Puerto Rico”, preparado por la firma Spectrum Gaming Group para la Compañía de Turismo contradice los estimados de recaudos ofrecidos por el secretario de Hacienda y el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez.
“El Estudio Spectrum, que ha sido citado por la directora de Turismo para oponerse a la legalización de la videolotería en el foro legislativo, concluye que la legalización de la videolotería causaría que los ingresos de las máquinas de juego en los casinos se reduzcan entre $68.4 y $148.8 millones al año, provocaría una pérdida de hasta $60 millones al Fondo Educacional de la Universidad de Puerto Rico, el Fondo General perdería hasta $9 millones anualmente (sólo por la aportación de las tragamonedas), y la Compañía de Turismo perdería hasta $23 millones por año”, sentenció el hotelero.
“Si los señores secretarios quieren evaluar de forma seria y responsable el cambio dramático de política pública que supone la legalización de la videolotería deberían presentarse a vistas públicas en la Legislatura, dar las ex
plicaciones correspondientes y presentar los estudios que justifiquen lo que proponen”, denunció Vega.
Nada nuevo la videolotería
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, aseguró que no recuerda quién revivió la propuesta de la videolotería durante esta administración e insistió en que es un tema que se discute desde hace mucho tiempo.
Suárez indicó que hay más 50 mil máquinas ilegales en la Isla y el Gobierno no recibe ningún tipo de aportación. “Hace mucho tiempo se está discutiendo esto, se ha discutido con nosotros (el Ejecutivo). La idea, la verdad que no lo recuerdo, pero es algo que siempre ha estado planteado por el Departamento de Hacienda, por el Ejecutivo de una posibilidad de allegar recaudos”, sentenció Suárez ayer cuando EL VOCERO preguntó de dónde surgió la propuesta de legalizar la videolotería durante este cuatrienio.
El secretario de la Gobernación aseguró que con la videolotería el Gobierno pudiera tener “una participación que podría fluctuar en $100 millones el primer año y que podría llegar hasta $300 millones una vez esté implementada 100 por ciento”.
“En Puerto Rico existen más de 50 mil máquinas ilegales en este momento. De esas más de 50 mil máquinas ilegales el Gobierno recibe cero. Hay un mercado de esas máquinas ilegales que son mil millones de dólares de los cuales el Gobierno podría tener una participación si ese juego se legalizara y se redujera la cantidad de máquinas”, sostuvo.
Cuando se le cuestionó cómo la vídeolotería erradicará las máquinas ilegales, Suárez indicó que “el reglamento (que se busca aprobar en la Asamblea Legislativa) le da la autoridad al Departamento de Hacienda de organizarlos bajo un sistema central donde pueda monitorearlas y pueda fiscalizarlas”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Nadal Power y representantes de otros sectores, han señalado que el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia han demostrado que no tienen capacidad para controlar las máquinas ilegales.
Ante esto, Suárez sostuvo que “hace poco el Departamento (de Hacienda) hizo una redada y se va continuar”. El secretario de la Gobernación hizo referencia al operativo en el que se confiscaron 424 máquinas de juegos electrónicos de las 50 mil que se estima existen y que resultó en la radicación de cargos el pasado mes de marzo contra 32 personas dedicadas al manejo de establecimientos de juegos ilegales de azar.
Suárez hizo las declaraciones ayer en una inusual conferencia de prensa de tema libre en La Fortaleza.
Aunque el gobernador Alejandro García Padilla ha hecho dos ruedas de prensa de tema libre en lo que va de cuatrienio, esta es la primera vez que el secretario de la Gobernación convoca a los medios noticiosos para hablar sin restricción de tema.
La semana pasada Suárez no hizo expresiones sobre el alegado vínculo que tiene el vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau, con la legalización de la videolotería.
El licenciado Hiram Torres Montalvo -quien a principios de año presentó un pleito judicial contra el sistema de fotomultas- radicó a finales del mes de mayo una querella ética en contra del senador popular y vicepresidente del Senado por un supuesto conflicto de interés relacionado con la videolotería. Dalmau ha negado que él o su familia tengan vínculos con el negocio de vídeo lotería.
Sin fecha el envío de los reintegros
Tal y como había adelantado el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, el Gobierno no puede garantizar cuándo enviará los reintegros de la contribución sobre ingresos. El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, dijo ayer que se analiza a diario el envío de reintegros a los contribuyentes según el flujo de efectivo del Departamento de Hacienda.
El titular de Hacienda confirmó el lunes pasado que el envío de los cheques de reintegros se encuentra paralizado debido a que el Gobierno pagó la nómina y desembolsó $200 millones de una emisión de Notas en Anticipación de Ingresos (TRANS, por sus siglas en inglés).
El secretario de la Gobernación dijo ayer que “no sería responsable” plantear que los reintegros serán enviados antes del 31 de julio, previo a que comiencen a acumular intereses. Suárez sostuvo que la administración de Alejandro García Padilla es consciente de que el dinero de los reintegros le pertenece a los contribuyentes, pero enviar el dinero sin que Hacienda cuente con liquidez “implicaría que no diéramos servicios esenciales a la ciudadanía”.
You must be logged in to post a comment Login