Por Miguel Vega/ Presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico
El tema de la videolotería históricamente ha sido uno altamente controversial. La controversia la provocan los propios proponentes de la videolotería, porque todos saben quiénes son, pero nunca dan la cara en el debate público para defender lo que proponen.
Asimismo, es un tema que históricamente ha generado muchas incógnitas, y muy pocas respuestas, tanto de parte de las compañías que impulsan este juego en nuestras comunidades, como de los funcionarios de gobierno que la han promovido.
Durante los pasados años la Asamblea Legislativa ha rechazado sobre cuatro (4) intentos de legalizar la videolotería mediante legislación.
Entre estos, en el 2007, la Cámara de Representantes derrotó el P. de la C. 3411; en el 2010, el entonces gobernador Luis Fortuño se vio forzado a retirar el P. de la C. 2690, luego de que el Senado de Puerto Rico, con el voto a favor del hoy gobernador Alejandro García Padilla, rechazara la videolotería como mecanismo de recaudo mediante la R. del S. 762; en el 2013 se rechazó el P. de la C. 916, luego de que la propia Compañía de Turismo, a través de su directora ejecutiva, Ingrid Rivera Rocafort, explicara a la Cámara de Representantes el impacto devastador de la videolotería en la industria turística; finalmente, hace solo un año, en junio de 2014, la Asamblea Legislativa rechazó una serie de enmiendas para legalizar la videolotería introducidas por el senador José Nadal Power al P. de la C. 1919, hoy Ley 77 de 2014.
En ninguna de las numerosas vistas públicas celebradas en la evaluación de las medidas antes mencionadas acudió alguna de las compañías interesadas en lograr la legalización de la videolotería. Por esto, cuando acudimos a las vistas públicas del P. de la C. 916 en marzo del 2013 dijimos:
“Por tercer cuatrienio consecutivo, de cara al sol y ante el pueblo puertorriqueño, comparecemos ante ustedes para pedirles que no se de curso a una propuesta de esta naturaleza. Por tercer cuatrienio consecutivo, surge la idea de legalizar máquinas de apuestas fuera de los casinos, llevando el juego a nuestras comunidades, para atender algún problema económico que enfrente el país. Por tercer cuatrienio consecutivo, una de las partes fundamentales en esta propuesta se esconde del debate público sin tan siquiera dar la cara al país y comparecer ante ustedes para defender su posición…Nosotros estamos hoy ante ustedes y ante el pueblo. Al igual que en el pasado, nos sometemos al juicio público y al calor de este debate. Sin miedos, sin ambages y sin nada que esconder.” Eso dijimos en el 2013 y en eso nos reiteramos hoy.
Pero los intereses detrás de la videolotería nunca dan la cara. Y si no dan cara, algo esconden. Por eso el pueblo, la opinión pública y la legislatura se tornan suspicaces ante el silencio y el sigilo bajo el que se resguardan los proponentes de la videolotería.
Por otro lado, los funcionarios de gobierno tratan de esconder información sobre la videolotería y sus proponentes, y así, provocan más preguntas que respuestas. En la nota “Apuesta a la videolotería” (El Vocero, 9 de junio de 2014), el Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, afirma que si se aprueba el reglamento que daría paso a la videolotería, “será La Fortaleza la encargada de dictar los próximos pasos para implementar el juego”. ¿La Fortaleza? ¿Qué sabe nadie en Fortaleza de juegos de azar? ¿Del impacto social del juego descontrolado? Según la nota, “Zaragoza confirmó que dos empresas se han acercado…para mostrar su interés en operar la videolotería. Sin embargo, el funcionario no quiso revelar sus nombres.” ¿Quiénes son? ¿Los mismos de siempre? ¿Caribbean Cage, Scientific Games, G-Tech/IGT, Southland Gaming? ¿Por qué esconderle la información al pueblo?
Continúa la nota, “El titular de Hacienda no pudo ofrecer detalles sobre las ganancias que tendrán el operador de la videolotería, los comerciantes y los jugadores porque “está sujeto a negociación”. ¿Cuáles son los parámetros de la negociación? ¿Cuál es la tajada que se lleva el operador privado?
Finalmente, “Zaragoza insistió en que los casinos no recibirán un impacto negativo.” ¿Esta afirmación está respaldada por un estudio económico? ¿O fue lo que le dijeron los cabilderos de las compañías cuyos nombres no quiere revelar?
Ante la falta de respuestas, reiteramos nuestro llamado: “Señoras y señores legisladores: no permitan que el Secretario de Hacienda apruebe por reglamento lo que ustedes han rechazado por legislación”.
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