¿Defensoría o dictadura del poder? – Por Katherine Angueira Navarro –

¿Defensoría o dictadura del poder?

El Estado absorbe aquella parte de los movimientos de cambio social que no les amenace su estatus quo, y los burocratiza asumiendo el control para mantenerlos a raya
Katherine Angueira

EL VOCERO/Archivo
Por Katherine Angueira Navarro

Los derechos humanos nos cobijan a toda(os). A diario debemos superar toda suerte de escollos que obstruyen nuestra libertad. La pugna por el acceso al poder político-partidista para controlar los fondos públicos que el Estado asigna para propulsar política pública que garantice la equidad por razón de género, retrata el deterioro de los más altos principios que se supone encause. El mayor fracaso de la institucionalización de la lucha de los derechos de nosotras las mujeres se materializa en el debate político en torno a cómo apropiarse de escasamente $7 millones asignados a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), de un presupuesto consolidado (2015-2016) de cerca de $28,052 millones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). No se aborda la fiscalización de la calidad de servicios, ni la efectividad de la política pública implantada; sino cómo perpetuarse en el poder. ¿Por qué no se ha logrado el cambio cualitativo que eliminaría estas entidades públicas? Ante la crisis fiscal del gobierno, tampoco se debiesen duplicar servicios, sino cambiar el enfoque de las distintas agencias que nos garantice nuestro derecho a la dignidad.

La actual Procuradora de Mujeres, licenciada Wanda Vázquez, valientemente destapó la caja de Pandora. La organización Matria se tragaba cerca de $1.2 millones en asignaciones de fondos públicos, cuya directora se agenciaba un sueldo de alrededor de $81,000 (Ponencia, 8 junio 2015, p. 35). La OPM decidió re-distribuir dichos fondos de manera más equitativa entre otras organizaciones para prestar servicios a mujeres a través de la isla. Por otra parte, la Procuradora de las Mujeres, nos informa que finalmente se activó la disposición cuasi-judicial para ventilar querellas contra las agencias y empresas que incumplen con la política pública estatuida en protección de la equidad por razón de género; que realmente es la razón de ser de dicha oficina.

No se equivoquen. El Estado absorbe aquella parte de los movimientos de cambio social que no les amenace su estatus quo, y los burocratiza asumiendo el control para mantenerlos a raya. Acusaciones de prácticas “anti-democráticas y dictatoriales” de parte de quienes interesan remover mediante legislación a la actual procuradora, pretenden circunvalar los procesos electorales para adueñarse de unos espacios de trabajo remunerado con fondos públicos, retrata el peligro de la precariedad de nuestra “democracia”. Su mayor contradicción, querer formar parte del Estado para asumir el control político-partidista en el ámbito de “derechos humanos de las mujeres”, sin ser electas democráticamente. En lugar de mantenerse fuera del gobierno fiscalizando como ciudadanas responsables; pretenden montar estructuras dictatoriales para perpetuarse en el poder, sin necesidad de rendir cuentas a nadie bajo el manto de una inmunidad criminal y civil, de leyes locales y federales como si no fuésemos un territorio-colonial de los EEUU. Veamos.

El proyecto de ley (P de la C 2464, 11 mayo 2015 ) fusiona bajo una Defensoría de Derechos Humano, la diversidad de procuradorias existentes con respecto a los derechos de las mujeres, personas de edad avanzada, con retos físicos, pacientes, veteranos, y la Comisión de Derechos Civiles. Usando como escudo los “derechos humanos” le usurpan al gobernante electo el poder de designación de las(os) defensoras(es), y evitan pasar por el crisol del Senado de Puerto Rico; que en teoría vela por los intereses del Pueblo en el balance de poderes. Sin ser electas en las urnas, se agencian ocupar al menos 6 de 9 de los puestos en la junta creada para atender asuntos de las mujeres. En su visión totalitaria, fraudulentamente socavan el poder decisional del Consejo Directivo integrado por 9 personas, pretendiendo que la comparecencia de 5 integrantes constituye quórum y cuyas decisiones se tomarán por mayoría de 3. (Capítulo IV, Art. 4.02, Inciso (d), p. 36). Este Consejo Directivo nombrará a la Defensora de las mujeres, que integrará la Junta para la Defensa de los Derechos Humanos del ELA de PR; que a su vez, seleccionará la administrador(a) (Capítulo III, Art. 3.01, p. 28) del monstruo de 6 cabezas que responden a cerca de 54 integrantes de sus respectivos consejos directivos.

Como casta de intocables, las propulsoras de esta ley reclaman inmunidad absoluta. “La Defensoría, sus funcionarios(as), empleado(as) y sus representantes no podrán ser incursos en responsabilidad civil o criminal por el desempeño bona fide de sus funciones, según establecido por Ley y por cualquier legislación estatal o federal aplicable”…(Capítulo XI-Disposiciones Generales, Art. 11.01, (c), p. 233). Afanadas en su declaración de independencia de los EEUU, se les escapó su inmunidad ante el Tribunal Internacional de la Haya. ¡Debemos frenar esta dictadura del poder!

    Psicóloga Social-Comunitaria

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