Las disparidades en salud
Los ciudadanos americanos de Puerto Rico sufren un trato desigual en los programas federales de salud. Este trato afecta principalmente a nuestros ciudadanos de escasos recursos, así como a nuestra población retirada y discapacitada. Además, le impone una carga económica onerosa a nuestro gobierno, pues tiene que sustituir los recursos que no recibe del gobierno de Estados Unidos con fondos propios.
El gobierno federal atiende las necesidades de salud de sus ciudadanos por medio de dos programas principales: Medicaid, para personas con recursos limitados; y Medicare, para personas mayores de 65 años o con discapacidades. En ambos programas, Puerto Rico recibe un trato significativamente inferior que el del resto de las jurisdicciones estadounidenses.
En los estados no existe límite en la cantidad de fondos que el Gobierno federal provee para Medicaid, siempre que el estado haga la aportación correspondiente de acuerdo a su nivel económico. A pesar de que bajo mi incumbencia hemos logrado triplicar los fondos de Medicaid que ayudan a financiar el programa de Mi Salud, de $260.4 millones a sobre $1,000 millones al año, en Puerto Rico hay un tope en la cantidad de fondos que el Gobierno federal nos asigna, por lo que nuestro gobierno tiene que asumir alrededor de la mitad del costo del programa sin lograr cubrir a todos los residentes que no tienen los recursos necesarios para adquirir un seguro de salud adecuado.
En Medicare, las disparidades son aún más injustas, ya que los puertorriqueños aportamos al programa en igualdad de condiciones que nuestros conciudadanos en los estados. Sin embargo, nuestros hospitales y nuestros médicos son compensados por sus servicios a beneficiarios de Medicare a base de tarifas que son sustancialmente más bajas que las que aplican en los estados.
De igual forma, las tarifas por usuario que reciben nuestros planes Advantage, los cuales sirven a cerca del 80% de los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico, son también las más bajas de cualquier estado o territorio. Más aún, como resultado del trato diferente que tiene Puerto Rico en la parte B de la cubierta de Medicare, tenemos más de 100,000 beneficiarios que no reciben ayuda económica para los servicios médicos no hospitalarios que necesitan.
Aunque en los pasados tres años pudimos mejorar los reembolsos a nuestros médicos bajo uno de los cuatro componentes de la fórmula de pago utilizada por Medicare, pudimos aumentar los pagos que reciben nuestros hospitales por los servicios que le brindan a pacientes de bajos recursos y, en dos ocasiones, logramos mejorar la forma en que se computan los tarifas de los planes Advantage, estos pagos siguen siendo demasiado bajos en la Isla, lo cual afecta los servicios que reciben nuestros ciudadanos de mayor edad y con discapacidades.
Llevamos dando una lucha sin tregua para que el Gobierno federal corrija estas desigualdades. No hemos cesado de hacer los reclamos necesarios a todos los niveles y en todos los foros. Al presidente de Estados Unidos le hemos pedido que atienda las necesidades financieras de Mi Salud en su próxima petición presupuestaria al Congreso. Hemos radicado el proyecto de ley más abarcador en nuestra historia para hacerle frente a la amplia gama de disparidades que enfrentan los territorios bajo los programas federales de salud, proponiendo soluciones justas y realistas para cada problema. Y le hemos pedido a la secretaria de Salud federal, así como a los directivos de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare, que apoyen nuestras gestiones a nivel administrativo y legislativo.
Ahora bien, la solución definitiva a este problema es la igualdad que brinda la estadidad. Si Puerto Rico fuera un estado, el Gobierno federal cubriría la inmensa mayoría del costo del programa Mi Salud y nuestra población retirada y vulnerable recibiría el trato que se merece bajo Medicare. Con la estadidad la lucha por servicios de salud adecuados para nuestros ciudadanos estaría ganada.
Pierluisi cataloga de coincidencia evento de Young a días de audiencia de status
Asegura que el congresista republicano ha sido un partidario de la estadidad de «toda la vida»
WASHINGTON– Por lo que conoce, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, considera que fue «pura coincidencia» que el congresista republicano Don Young fuera hoy a San Juan a recaudar donativos electorales, cinco días antes de la audiencia del subcomité en torno al status y el panorama económico de Puerto Rico.
Young habló hoy al mediodía en San Juan en un evento del grupo Igualdad, para que el cual los asistentes contribuyeron con por lo menos $100.
«Esta actividad en Puerto Rico no es nada distinta a los muchos eventos que amigos y partidarios -sea a favor de la estadidad o a favor del territorio- organizan para otros miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos», sostuvo Pierluisi, presidente del PNP, en declaraciones escritas.
Pierluisi sostuvo que no es un secreto que Young, presidente del subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes y elegido por Alaska, «ha sido un partidario de toda la vida de la Igualdad para Puerto Rico a través de la estadidad y endosó el proyecto de admisión H.R. 727 cuando se radicó el 4 de febrero de 2015».
Por su parte, el comisionado sostuvo que viajaría a la ciudad de Nueva York para declarar el lunes ante el Comité de Descolonización de la ONU.
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