En opinión de economistas, la propuesta del Senado para posponer por un año la transferencia de dinero al fondo que sirve de repago a los bonos de obligaciones generales (GO´s), envía un mensaje completamente negativo a los mercados de inversión y a los acreedores que prestaron su dinero al gobierno del ELA, y además de cerrar más las puertas a la inversión en la Isla traerá decenas de demandas.
La economista Heidi Calero sentenció que la medida “lo que hace es profundizar más la crisis porque ante el mundo lo que hace ver es que no hay ese plan esperado y aquí hay que tener una gerencia de primera en estos asuntos”.
Calero puntualizó que “eso envía un mensaje bien negativo. Si eso lo hacen con un compromiso que tiene garantía constitucional, imagina que pasará con las otras obligaciones… aquí llegarán muchas cosas drásticas y mucha gente puede quedar desempleada”.
Agregó que una vez más lo que está en juego es la credibilidad de Puerto Rico, que era precisamente las garantías constitucionales de los bonos de obligaciones generales (GO´s) “y prácticamente se está negado esa deuda”.
“No nos gusta lo que están haciendo, nos va a costar muchas demandas. Hay una gran deficiencia en la toma de estas decisiones y seguimos con un presupuesto de $9 mil millones”, señaló Calero.
En su análisis, el economista Elías Gutiérrez planteó que al gobierno en sus gestiones para mejorar la situación se le trata de dar el beneficio de la duda “porque la situación es desesperada, pero por otro lado el mensaje que envían es que el gobierno está dispuesto a traicionar la confianza de los acreedores”.
Gutiérrez dijo que la llegada del proyecto 1434 se suma a la intención que tuvo el gobierno de procurar una quiebra total para la Isla, así como las declaraciones de legisladores de que lo que buscan es tratar de mantener los servicios básicos y “lo que demuestra es una ignorancia total de cómo funcionan los mercados financieros”.
El economista señaló que el discurso público del gobierno “mucho esta dictado al populismo… y la palabra que describe esto es ineptitud. Es negativo e innecesario el mensaje que envían”.
Ambos economistas coincidieron en que si el mercado de inversión estaba cerrado, la mera mención de la medida 1434 lo que hace es clausurar esa puerta y anticipar el colapso final del gobierno.
Medidas drásticas a la vista
Antes del 30 de junio, el gobernador Alejandro García Padilla podría anunciar el plan financiero y de ajuste fiscal a cinco años que reclama el gobierno de Estados Unidos y el mercado inversor para que junto a otras medidas el Estado Libre Asociado (ELA) comience a ganar la confianza de inversionistas.
Ese informe contendrá las recomendaciones que desde hace cuatro meses elabora la exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y execonomista en jefe del Banco Mundial, Anne Krueger, junto a los economistas Ranjit S. Teja y Andrew Wolfe, quienes también trabajaron para el FMI. Todos fueron contratados por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Según fuentes de EL VOCERO, el esperado informe provocará amplios debates, esto porque “pintará un cuadro catastrófico sobre las finanzas del ELA y propondrá medidas muy fuertes y dolorosas para poder salvar el funcionamiento del aparato gubernamental”.
Este cuadro catastrófico se refiere a la inminencia de un impago sobre algunas de las obligaciones del gobierno de Puerto Rico y sus entidades públicas, lo cual podría conllevar una reducción en la nómina de empleados y recortes más concretos y notables en el gasto gubernamental, entre otras medidas.
Aunque el gobernador Alejandro García Padilla ha sostenido su posición de no despedir a nadie en el gobierno, en un reportaje reciente de EL VOCERO varios economistas coincidieron en que la reducción de nómina será inevitable ante los pronósticos de que para el primer trimestre del nuevo año fiscal que comienza el primero de julio, no se podrá cumplir con algunas de las obligaciones con los bonistas ante la insolvencia del BGF y la baja sostenida en los recaudos del Departamento de Hacienda.
“Viendo el comportamiento reciente de la legislatura en Puerto Rico y del Ejecutivo, implementar las recomendaciones que vendrán acompañando dicho informe, será un reto monumental que muy probablemente dejarán claro la viabilidad del ELA a corto, mediano y largo plazo”, opinó la fuente, con vínculos a las estructuras financieras del gobierno.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
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