El tiempo se está terminando. Está llegando el momento en que la crisis económica y fiscal habrá de golpearnos fuerte. Recientes declaraciones de Rafael (Tatito) Hernandez, Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes son demostrativas de lo que nos espera: “Estamos mal pero no hemos cogido el golpe grande y estamos a ley de días de coger un golpe grande que la gente lo sienta como lo sentí yo en 2006. El golpe va a ser tan grande que la gente va a ir llorando al Capitolio para pedir que se apruebe todo lo que hay que aprobar porque estamos a punto de colapsar y yo me canse.”
Esta grave situación de quiebra que se avecina ha sido el producto de una gran irresponsabilidad colectiva que nos incluye a la ciudadanía por demandar y exigir bienes y servicios para los que no hemos producido y no debiéramos haber tenido derecho a ellos, a políticos y algunos gobernantes locales que en el empeño de prevalecer en elecciones para disfrutar de las prebendas del poder, irresponsablemente dieron lo que no había, endeudándonos hasta la quiebra y también es responsabilidad de un gobierno federal que por no tomar acción frente a un estatus de desigualdad pretendiendo ser benigno (benign neglect), no supervisaba adecuadamente las dadivas fiscales que nos otorgaba para determinar si le dábamos el uso adecuado.
Estamos ante el colapso del ELA. Ante una monumental e impagable deuda de $73,000 millones. Ante un BGF en quiebra que habrá de perder totalmente su liquidez próximamente, que en abril esta era de $1,024 millones y en mayo tan sólo $777.87 millones con un vencimiento de pago de $894 millones antes del 30 de junio 2015. Ante la posibilidad real de que el gobierno cerrará con un déficit de $650 millones, que el presupuesto de 2016 no estará balanceado ni tampoco los subsiguientes y que el gobierno en el 2016 no podrá pagar su deuda. Ante la realidad de que se nos impuso un IVU en transición hacia un IVA que constituye un parcho que encarecerá los costos y precipitará aún más la actual crisis económica ya que no se habrá de obtener los recaudos que se necesitan para lograr un presupuesto balanceado y creíble y como advirtió hace varias semanas el Secretario de Tesoro Lew que era necesario. Ante la realidad de un crédito chatarra que hace imposible ir al mercado a tomar prestado para solventar la catastrófica situación fiscal. Ante una tormenta perfecta que se avecina sobre los servicios de salud de la isla por el agotamiento de los $6,300 millones del “Obama Care” antes de 2018, la situación deficitaria de ASES y la negativa del Departamento de Salud y Bienestar federal de revertir la decisión de reducir un 11% los fondos para Medicare Advantage. Ante una gran posibilidad de que el Congreso no actúe sobre el proyecto 870 para acoger a Puerto Rico al capítulo 9 de la ley de quiebra federal. Ante un gobierno dirigido por una persona incapaz, inmadura, sin liderato ni credibilidad, no existe la más mínima posibilidad de lograr una concertación de los principales partidos políticos para producir un plan de desarrollo económico y social que nos saque de la debacles actual.
La pregunta es: ¿qué podemos hacer? Como no creo en milagros y el Chapulín Colorado murió, creo que ante este monumental caos es esencial sacar del poder al inepto gobierno que padecemos. Pero esto no es suficiente porque la magnitud del caos es tal que será necesario la intervención federal designando el Congreso una Junta de Control Financiero como lo hizo en el 1995 para Washington D.C. La deseabilidad de esta opción para Puerto Rico se ha discutido en distintos foros y por destacados economistas locales y nacionales. Esta Junta sería compuesta por miembros designados por el Presidente quienes estarían en función hasta enderezar las finanzas de la isla. Las decisiones difíciles que los políticos no han querido ni podido tomar por consideraciones puramente electoreras serian tomadas por esta Junta. Esta viabilizará el que el nuevo gobierno que se elija tenga posibilidades de lidiar con la situación de caos que encontraría.
Deje el partido de oposición (PNP) de soñar despierto y demande esta acción al Congreso. No hay otra opción en el panorama que una intervención externa que sin compromisos electoreros tome las difíciles decisiones que hay que tomar. No hay más tiempo que perder.
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