El senador Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago, del Partido Nuevo Progresista (PNP), solicitó a la secretaria del Departamento de Justicia federal, Loretta Lynch, que inicie una investigación en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, relacionada al uso y administración de los fondos federales asignados al programa de Centros de Salud Comunitarios 330.
El pedido surge en medio de informaciones que apuntan hacia la utilización de estos fondos, asignados por el gobierno federal al Departamento de Salud local, para costear las operaciones de los 330.
“Es lamentable que una funcionaria como la secretaria de Salud, doctora Ana Ríus Armendáriz, prefiera jugar a la política partidista en vez de administrar responsablemente los fondos para los Centros 330. Estar tratando de jugar con la salud de un pueblo es un acto vergonzoso”, opinó el legislador.
Explicó que “existe una deuda que el Departamento pudo haber argumentado sobre ella durante el proceso, ahora que existe una sentencia es que la secretaria alega lo de la auditoria interna, comisionada por ella y la que dice que la deuda con los 330 es de 5.4 millones de dólares y no de 9.4 millones como reclaman las instituciones afectadas. Ante esta discrepancia reclamamos la intervención de la secretaria de Justica inmediatamente y que se ordene una auditoria federal sobre el uso de estos fondos”.
En 2009, se llegó a una estipulación en el caso que establecía un programa de pagos periódicos, divididos en cuatro trimestres al año. Esos pagos deberían incluir un abono a la deuda acumulada, así como una parte “corriente” sobre los servicios prestados.
Los Centros Comunitarios 330 son instituciones que ofrecen todo tipo de servicio primario y preventivo bajo un mismo techo para atender al paciente de manera integral, como lo hacían hasta 1992 los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) que se vendieron como parte de la Reforma de Salud.
La mayoría de los pacientes de esos centros son personas de escasos recursos en comunidades rurales del País.
Ríus dijo el viernes pasado que apelará a la decisión del juez federal Gustavo Gelpí de embargar los fondos del Departamento para adjudicarlos el pago del primer trimestre del año a los Centros de Salud Primaria 330.
Martínez Santiago cuestionó la necesidad de emitir pagos parciales y con fecha de cambio de cheque para el 30 de junio, cuando se supone que esos dineros, asignados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal para el pago exclusivo a los centros 330.
“Si en realidad los dineros no están disponibles, como dice ahora la secretaria, es porque seguramente se han utilizado para otros propósitos, como pagar a suplidores. Esto es una clara violación de ley. De hecho, los recursos asignados por el gobierno federal no pueden ser empleados para ningún otro fin que no sean los autorizados por la ley o el reglamento federal vigente”, señaló.
Y se preguntó “¿dónde se encuentran esos dineros y por qué es que un juez federal tiene que ordenar que se desembolsen los mismos cuando se supone que están disponibles?”.
El político recalcó que la “mera falta de esos fondos”, corroborado por el Departamento de Hacienda, “es una señal clara de que fueron desviados para otros propósitos”.
En su referido a Lynch, el senador del PNP dejó claro que pudo haber serias violaciones de ley por parte de la titular de salud, incluyendo al título 18 del Código Penal Federal (USC), entre otras normas federales.
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