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Por: Larry Seilhamer Rodríguez/Portavoz PNP en el Senado

Ciertamente, los inicios de este mes de junio no han sido nada halagadores para nuestro estatus colonial y por consiguiente para todos aquellos que todavía lo defienden. La Isla atraviesa por una difícil sequía, pero para el continuo reducido número de los adeptos a la colonia, llueve y no escampa. Veamos.

El jueves 4 de junio de 2015, el Hon. Juez Gustavo A. Gelpí de la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, emitió una opinión en el caso United States of America vs. Jorge Mercado-Flores, CRIM No. 14-466 (GAG). No obstante ser una opinión en un caso criminal, la misma tendrá serias implicaciones para el estatus de Puerto Rico.

En síntesis, el Juez Gelpí desestimó una acusación y posterior declaración de culpabilidad contra el Sr. Mercado-Flores, aduciendo que no tenía jurisdicción, ya que la Sección 2421 del Título 18 de U.S.C. no es de aplicación para Puerto Rico. Fundamenta su razonamiento que el texto del estatuto indica que la actividad criminal debe ocurrir, y citó en inglés, “…in interstate or foreign commerce, or in any territory or possesion of the United States”.

Después del análisis de los casos resueltos por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, el Juez Gelpí señala que esos casos han dicho que Puerto Rico es un “Commonwealth” y por no haberse incluido ese vocablo en el estatuto por el cual el gobierno federal acusó al Sr. Mercado-Flores, no procede la acusación ni la declaración de culpabilidad.

Resulta en extremo interesante, que el Juez Gelpí intima que a su juicio Puerto Rico continúa siendo un “territorio” de los E.U.A. ya que en el periodo de 1950 al 1952 el Congreso no tuvo intención de ceder sus poderes plenarios sobre la Isla a tenor con la cláusula territorial de la Constitución Federal. Resulta aún más interesante, el hecho de que esa es la postura de los representantes del gobierno (fiscales federales) que alegaron que el estatuto, al incluir el vocablo “territorio” se refería a Puerto Rico por lo que procedía la acusación y declaración de culpabilidad del Sr. Mercado-Flores.

Así las cosas, le tocará ahora resolver al Tribunal del Primer Circuito si Puerto Rico es un territorio bajo la cláusula territorial de la Constitución Federal, como alegaran y defendieran los fiscales federales o si por el contrario el nombre de “Commonwealth” es algo diferente a un mero territorio. Caso novel y no muy simpático para los defensores de la colonia.

Un día después, el viernes 5 de junio de 2015, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia resolvió el caso de Tuaua vs. USA No. 13-5272. El Sr. Tuaua y un grupo de personas nacidas en el territorio no incorporado norteamericano conocido como American Samoa, presentaron un caso ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia. Las personas nacidas en dicho territorio adquieren un estatus conocido en inglés como “non-citizen nationals”. Inconformes con dicha condición alegaron y le solicitaron a la Corte que a tenor con la cláusula de ciudadanía de la decimocuarta enmienda de la Constitución Federal se les debe reconocer como ciudadanos de los Estados Unidos por nacimiento. La Corte del Distrito Federal falló en contra de la petición de los demandantes al resolver que la cláusula de ciudadanía no le extiende o concede la ciudadanía norteamericana a los nacidos en American Samoa.

La Corte del Circuito de Apelaciones confirmó la decisión y en un análisis detallado, incluyendo los tristemente conocidos Casos Insulares, resuelve en síntesis que las personas nacidas en los territorios no incorporados de los E.U.A. no pueden reclamar el derecho fundamental a la ciudadanía. Dicho de otra manera, la ciudadanía americana otorgada por legislación a las personas nacidas en los territorios no incorporados no tienen rango constitucional, por lo que puede ser revocada legislativamente. Los lectores podrán llegar a sus propias conclusiones en torno al efecto de esta decisión para las personas nacidas en Puerto Rico. Una de esas conclusiones pudiera ser que bajo el sistema actual de Puerto Rico no se puede garantizar la permanencia de la ciudadanía americana.

Finalmente, el 8 de junio de 2015, el Departamento de Salud Federal, HHS por sus siglas en inglés, por conducto de los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid, CMS por sus siglas en inglés, ratificaron darles un trato diferente a Puerto Rico en comparación con los 50 estados de la Unión.

En un análisis en extremo técnico, los funcionarios federales justificaron la reducción de los fondos para los beneficiarios en Puerto Rico, entre otras razones, por lo siguiente: “As you know, Puerto Rico has a unique health care market, with many low-income individuals in both medicare and medicaid…” Resulta obvio que la comparación de los bajos ingresos de los puertorriqueños es con el ingreso de los residentes de los estados. Sabemos que el ingreso promedio del puertorriqueño es la mitad del que recibe un residente de Mississippi, el estado de menos ingresos en la Nación. Los distinguidos lectores podrán concluir igualmente que la única alternativa para comenzar a reducir esa inequidad es terminar con la condición colonial que nos agobia y conseguir la estadidad para nuestra Isla.

El último golpe a la colonia de este mes de junio se lo infligió mi compueblano y último alcalde del Partido Popular de Ponce, el Dr. Ico Zayas al afirmar en entrevista radial “…las personas en el Partido Popular no se han dado cuenta que el Estado Libre Asociado ya no funciona”.
Como dirían mis amigos abogados, admisión de parte, relevo de prueba.