El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, determinó respetar la autoridad del Congreso al excluir a Puerto Rico del Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
“Al denegar a Puerto Rico el poder de seleccionar el remedio del capítulo 9, el Congreso ha retenido para sí mismo la autoridad de decidir la mejor solución a navegar en el caso de Puerto Rico… debemos respetar la decisión del Congreso de retener su autoridad”, expresa la orden del panel de jueces compuesto por el juez presidente Jeffrey Howard, Sandra Lynch y Juan Torruella.
Los jueces concluyeron que la enmienda de 1984 al estatuto federal le garantiza la habilidad de prevenir que Puerto Rico se acoja al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
El gobierno de Puerto Rico planteaba que aunque la Isla estuviera excluida de la Ley de Quiebras, tiene la autoridad para legislar localmente para permitir a las instrumentalidades del estado reestructurar su deuda y así poder trabajar con la insolvencia.
El Estado Libre Asociado (ELA) insistía en su derecho a tener un marco jurídico que le permita cumplir con sus obligaciones, sin afectar la continuidad de los servicios.
A su vez, argumentaban que la Ley 71 de 2014 es producto del ejercicio válido del poder de razón de estado que ostenta Puerto Rico para legislar ante la posible insolvencia de corporaciones públicas que no pueden acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
El 28 de junio del 2014 algunos inversionistas radicaron la demanda en el Tribunal Federal y pidieron al juez Besosa que declarara inconstitucional la “Ley para el Cumplimiento de las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas”, mejor conocido como la “Quiebra Criolla”.
Los demandantes, 23 gestores de fondos de Estados Unidos, particularmente las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer y Blue Mountain Management, alegan que la Quiebra Criolla es un campo ocupado por las leyes federales.
Los jueces del Apelativo acogieron los planteamientos de los demandantes en el sentido de que el Congreso ha dispuesto que los estados no tienen el poder para aprobar sus propias leyes para el ajuste de deudas y han excluido a las instrumentalidades de Puerto Rico de participar en el sistema de quiebra federal.
Más retos para la reestructuración
Con esta decisión, el gobierno de Puerto Rico se enfrenta a un reto mayor en su intención de reestructurar la deuda pública que asciende a $73,000 millones y que el gobernador Alejandro García Padilla ya dijo que es ¨impagable¨ a los términos originales con los diferentes acreedores.
En momento cuando el gobierno ha designado un grupo para proponer ideas fiscales a cinco años, mientras buscan negociar con los bonistas, la decisión de Boston le otorga más fuerzas a grupos de fondos de inversiones como Oppenheimer Fund, que ya advirtió que defenderá la permanencia y cumplimiento del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) con los bonistas.
Al presente, está pendiente en el Congreso de Estados Unidos una enmienda propuesta por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, para que se incluya a las corporaciones públicas en el Capítulo 9, una gestión que ha ganado adeptos en los últimos días.
Sin la posibilidad de acogerse a la quiebra, el gobierno descansará en la negociación con los acreedores para alcanzar acuerdos y no llegar al impago de sus obligaciones. Para el 15 de julio están pendientes de pago unos $94 millones de bonos bonos de la Corporación para el Financiamiento Público, cuya fuente de repago depende de asignaciones legislativas, pero que no fueron otorgadas.
La semana pasada se pudieron cumplir con las obligaciones que vencían, pero esto dejó con menos liquidez al Departamento de Hacienda y al Banco Gubernamental de Fomento, por lo que existe alta expectativa de si el gobierno podrá cumplir con los pagos de la Corporación para el Financiamiento Público.
*El periodista Carlos Antonio Otero contribuyó con esta historia
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Apelativo reitera decisión de que quiebra criolla es inconstitucional
Confirma la decisión del juez federal Francisco A. Besosa
El Primer Circuito de Apelaciones de Boston confirmó este lunes que la llamada «quiebra criolla» es inconstitucional, validando de esta forma la decisión del juez federal en Puerto Rico, Francisco A. Besosa.
Besosa declaró que la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, aprobada en junio de 2014, es nula, de acuerdo a los preceptos de la Ley de Quiebras Federal.
Por lo tanto, el 6 de febrero pasado ordenó que no se pusiera en vigor, dado a que la Ley de Quiebras ocupó el campo e impide a Puerto Rico legislar su propio estatuto.
Los abogados del gobierno sostenían que la Ley 71 de 2014 era necesaria por haber sido excluidos del capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
El caso fue atendido por los jueces apelativos Juan Torruella, Sandra Lynch y Jeffrey Howard.
Lea decisión del Tribunal oprimiendo el siguiente enlace: 1- Decisión Quiebra Criolla.pdf
Identifican el detonante del impago
Lo que parece una deuda insignificante en comparación con otras obligaciones más cuantiosas, podría convertirse en el primer detonante de un impago para el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), si al próximo 15 de julio no se identifican $94 millones de principal e intereses en notas de la Corporación para el Financiamiento Público (FPC, por sus siglas en inglés).
Muy cerca están en agenda otros $36.5 millones del primer pago de los bonos de 2012 Serie A del FPC, para ser pagados el primero de agosto y cuya emisión fue por $410.6 millones.
Ninguna de las emisiones del PFC, algunas de las cuales se hicieron para financiar déficits en el pasado, cuentan con garantías del gobierno y solo dependen de asignaciones legislativas, pero en el nuevo presupuesto no fue consignada ninguna partida para sus repagos.
Aunque luce como una cantidad mínima frente a los $876 millones en notas que deberá honrar este año el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y para lo cual tampoco tiene asignación de fondos, los vencimientos del FPC están lejos de pagarse porque los recientes desembolsos por $790 millones de las obligaciones generales (GO´s) y de los pagarés en anticipación e ingresos de 2014 (TRAN´s), secaron más la cajas de Hacienda y el BGF.
Según el informe trimestral de las finanzas públicas del ELA, publicado la semana pasada, el balance en efectivo (sin contar la liquidez neta, que incluye otros activos) era de $20 millones en Hacienda y $72 millones en el BGF. Además, hay otros vencimientos de deudas y están los gastos ordinarios del gobierno, sobre todo la cuantiosa nómina de empleados públicos.
Fuentes financieras consultadas por EL VOCERO, aseguraron que además de la situación con la deuda de $9,000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en el radar inmediato de la comunidad inversora y de los acreedores del ELA, están los pagos por realizar del FPC, debido al ¨timing¨ en que vencen y a la situación en el flujo de caja.
De hecho, cuando el domingo 28 de junio The New York Times sorprendió al mundo al citar al gobernador Alejandro García Padilla, quien admitió que la deuda de $73,000 millones de Puerto Rico era impagable a los términos originales de los acuerdos, la única deuda citada y que podría enfrentar dificultades (además de la AEE), fue precisamente la del FPC.
A preguntas de EL VOCERO, el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Rafael ¨Tatito¨ Hernández Montañez, dijo que el dinero del FPC no se presupuestó por la situación económica actual, pero reiteró que ¨al gobierno y al BGF se le han dado las herramientas necesarias para manejar estos asuntos y decidir lo que pueden hacer¨.
¨Nosotros estamos más que liberados y ese ha sido el mensaje desde el primer día. Las herramientas están ahí para ejecutarlas, pero si ese pago (del FPC) que es el que menos garantías tiene y no lo logran negociar, no podrán negociar ninguna otra deuda. Todo el mundo está mirando ahí¨, expresó Hernández Montañez.
Fuentes de EL VOCERO, aseguraron que esta situación de obligaciones sin presupuestar y que podría iniciar un efecto dominó al ocurrir un primer impago de deuda pública, fue lo que aceleró la renuncia hace unas semanas del entonces presidente de la junta del BGF, el banquero David Chafey.
¨En este momento la deuda más riesgosa es esa de la Corporación para el Financiamiento Público¨, sentenció Hernández Montañez, y dijo que ¨con esa deuda tienen que sentarse a negociar desde ya con los bonistas¨.
Al cierre de la edición no fue posible lograr comunicación con el BGF.
Al examinar algunos documentos de las emisiones del FPC, además de hacer claro que no cuentan con garantías como es el caso de las obligaciones generales y otra deuda garantizada contra el Fondo General, se establece también que ¨los bonos (del FPC) no están sujetos a mecanismos de aceleración una vez ocurriera un evento de impago¨. Eso significa que sus tenedores no poseen acuerdos para recobrar la totalidad de lo prestado en caso de incumplimiento, aunque está el derecho de levantar casos legales.
El peligro es que de todas formas sería un impago y por ende acabaría de sepultar el crédito del ELA al arrastrar otras deudas por efecto indirecto y llegarían reclamaciones.
Cabe recordar que el pasado 21 de mayo Moody´s Investor Service degradó notas del BGF y de otros créditos del gobierno, que involucró deuda por $54.8 mil millones, y adelantó que ¨según recientes revelaciones, recursos en efectivo en el BGF pueden quedar totalmente agotados a finales de agosto, en ausencia de medidas de acceso al mercado o de emergencia para conservar efectivo¨. Indicó que el BGF enfrenta un aumento de 53% en el servicio de la deuda para este año fiscal que empezó el 1 de julio y los retiros de depósitos por la AEE y la Administración de Vivienda en las próximas semanas ¨acelerarán la erosión de liquidez del BGF¨.
Como consecuencia, Moody´s dijo que el banco estará ¨obligado a tomar medidas de conservación de efectivo para tratar de aplazar el reembolso del principal a los tenedores de bonos que no están protegidos por las promesas de ingresos más fuertes o disposiciones constitucionales, como serían las notas del BGF y la deuda del gobierno sujeta a apropiación¨. Ahí se cuentan los $876 millones que le maduran en notas al BGF y para lo cual buscará realizar un intercambio de notas para alargar vencimientos y la deuda del FPC.
Por orden ejecutiva, el gobernador creó la semana pasada el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico, que deberá ¨lograr una moratoria negociada con los bonistas para posponer por un número de años los pagos de la deuda¨.
Sin embargo, el Grupo de Trabajo tendrá hasta el 30 de agosto para desarrollar el plan que impulse reformas económicas y fiscales para atacar la insolvencia, y el mismo no será considerado hasta el inicio de la sesión legislativa que comienza a mediados de agosto. Esto sugiere un tiempo extra que podría ser contraproducente para las negociaciones que se realicen con la deuda del FPC.
Cuando en junio de 2012 se colocó la emisión de bonos Serie A del FPC, casi la totalidad se vendió a nivel local, lo cual significa que entre sus compradores la mayoría son puertorriqueños, fondos mutuos y cooperativas de ahorro y crédito.
Con las continuas degradaciones del ELA, la calidad crediticia se hunde cada vez más en el terreno especulativo y los tenedores de bonos han sentido el golpe con la pérdida de valores y son muchos los puertorriqueños quienes han perdido bastante. Igual ocurre con las cooperativas que en el pasado cercano invirtieron –por invitación del estado- unos $1,000 millones en bonos del gobierno.
El FPC, que se creó en 1984, le provee a las agencias públicas un método alterno para satisfacer sus necesidades de financiamiento. Constituye una instrumentalidad gubernamental del ELA, independiente y separada del BGF, aunque es una subsidiaria del banco. Al 30 de junio de 2013, la FPC tenía aproximadamente $1,090 millones en bonos pendientes de pago, y esta deuda es parte de las denominadas obligaciones de apropiaciones del ELA, que en total suman $4,038 millones y podrían correr igual suerte en su cumplimiento.
La primera emisión que realizó el FPC fue para el refinanciamiento de la deuda de la Corporación Azucarera en 1985 y más adelante, en 1995 y tras la venta de la Autoridad de las Navieras, la deuda que asumió el gobierno central se colocó en el mercado de bonos a través de este instrumento financiero. Le siguieron otras transacciones y la última fue la de 2012.
¨Los próximos días serán cruciales¨, puntualizó el legislador Hernández Montañez.
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