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En los pasados 10 años, Puerto Rico dejó de serlo. Según estimados de economistas publicados en exclusiva ayer en El Vocero, del 2006 para acá todos nos hemos vuelto más pobres.

La crisis económica y fiscal de la década se limpió $55,000 millones del valor neto de nuestros activos ($30,000 millones del valor de nuestras casas y otras propiedades; $10,000 millones del valor de nuestros bonos en planes de retiro; $15,000 millones en el valor de nuestro sector bancario) y otros $30,000 millones en ingresos anuales perdidos al éxodo masivo de puertorriqueños durante el decenio. El estimado es conservador; las pérdidas totales probablemente son mucho mayores.

Y los próximos cinco años traerán más de lo mismo. Con el valor de nuestras casas e inversiones mermadas, el IVU del 11.5%, el IVA que nos van a espetar el año que viene como quiera, los inminentes aumentos en la luz, la posible reducción de la jornada laboral del gobierno, y el continuo éxodo a los estados de más y más puertorriqueños en búsqueda de empleo y mejor calidad de vida, en los próximos cinco años seremos aún más pobres.

Sencillamente, esto se va a poner peor a no ser que cambiemos de rumbo.

Y con “cambio de rumbo” no nos referimos al esfuerzo mediático del Gobernador García Padilla la semana pasada. Decepcionantemente, bastó apenas un fin de semana largo de playa para que se hicieran sal y agua el llamado al consenso, a la unión de voluntades y a la inclusión patriótica.

El acuerdo apadrinado por el secretario de Estado Bernier con alcaldes de ambos partidos para el recaudo del IVU, por ejemplo, fue desautorizado por el Secretario de Hacienda. La elaboración de un Plan Fiscal a cinco años—en el cual el Presidente del PNP se ofreció a colaborar—aún no tiene agenda estructurada. Y la gran transformación en las agencias parece que se va a limitar a asignar temporeramente ciertos empleados “excedentes” del Departamento de Educación y la Compañía de Parques Nacionales a funciones oficinescas en la Policía.

Y para colmo, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, uno de los cinco miembros del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, chiquiteó ayer la iniciativa diciendo que “no es nada nuevo”, que su participación en el grupo “ni me añade ni me resta” y que a ella “pueden asistir técnicos del Senado”. ¡Y eso que este era el grupo que iba a tener la responsabilidad de implantar las recomendaciones del informe que la Dra. Krueger bajó del Monte Olimpo para evitar que Puerto Rico se convierta en Grecia!

La devaluación de Puerto Rico a Puerto “Pobre” es tan grande, tan profunda, y tan devastadora que reversar su curso requerirá cambios fundamentales a nuestro ordenamiento económico y social.

Un estimado del economista Elías Gutiérrez, por ejemplo, dicta que para que la economía de Puerto Rico recobre su competitividad y vuelva a crecer de manera sostenida hará falta la inversión de no menos de $10,000 millones anuales por los próximos 12 años. Eso no se logra con ajustes marginales al quebrado modelo que nos trajo hasta aquí.

Por eso decepciona, frustra y hasta enfogona oír a políticos, ciertos sectores de la prensa y comentaristas de toda estirpe hablar de cosas tan marginales como el costo de la escolta de los exgobernadores mientras se rehúsan a abordar el tema medular de la relación de Puerto Rico con el gobierno federal sobre la cual está basado todo nuestro ordenamiento económico y social.

Ya es tiempo de reconocer que si vamos a hacer un nuevo “plan de país”, tenemos que empezar por ahí. De lo contrario, pobre Puerto Rico.

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La administración García Padilla está en su peor momento.La incompetencia de su equipo fiscal en los pasados dos años y medio ha sumido a Puerto Rico en el peor abismo económico de su historia. La torpeza con la que el propio gobernador ha tratado de comunicar en las pasadas 72 horas le ha costado a los puertorriqueños más de $3,000 millones en pérdidas en apenas tres días. Tras bambalinas, hasta el liderato de su partido lo tiene políticamente desahuciado.

Y aun así, todo el liderato político, municipal, empresarial y sindical del país ha acudido a su llamado de unir voluntades en búsqueda de soluciones a la presente crisis.

Que aun en su peor momento, todos respondan al llamado de un gobernante desahuciado 18 meses antes del fin de su mandato constituye de por sí la evidencia más contundente de que Puerto Rico sí tiene futuro y podrá salir adelante. Porque la esperanza no admite condiciones.

Pero también nos lleva a preguntar, ¿por qué, gobernador, no habrá usted empezado por ahí? Si desde el principio de su mandato usted hubiera adoptado esa actitud, probablemente no estaríamos en la apocalíptica catástrofe en la que nos ha metido.

También nos obliga a cuestionar si todo esto no es “muy poco, muy tarde”. No vamos a caer en el cinismo de quienes ven en las convocatorias de García Padilla un mero espectáculo mediático o de otro modo cuestionar la legitimidad de sus intenciones. Pero aun presumiendo la buena fe de todos, convocante y convocados, tenemos serias reservas de que la iniciativa de diálogo que se comenzó esta semana vaya a dar resultados eficaces.

Para empezar, sonó y se recibió como un chiste que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico lo compongan tres funcionarios de su administración—incluyendo a la Principal Oficial Financiera—y los dos presidentes camerales. ¡Pero si esos son los que han estado a cargo hasta ahora!

Este grupo de trabajo tendrá la encomienda de formar otro grupo, una Junta Fiscal “que trascienda líneas partidistas” que empezará a trabajar en septiembre. No sabemos quiénes compondrán dicha junta ni cuál será su plan de trabajo. Pero esto ya empieza a sonar desde el principio como otro más de los incontables “grupos amplios” que esta administración ha convocado a través de los pasados dos años y medio y que no han llegado a nada. Ojalá este no sea el caso. Porque aquí lo que hace falta es acción correctiva inmediatamente.

A pesar de tan tibio augurio, aplaudimos no solo la iniciativa del gobernador, sino también la actitud, el discurso y la acción de los diferentes líderes que acudieron a su llamado. Sin dejar de lado sus posturas particulares, marcando claramente su desacuerdo con las políticas del gobernador y exigiendo verticalmente respeto por las aportaciones que puedan hacer, esos líderes se han crecido en la coyuntura en que Puerto Rico más los necesita.

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Eric Rojas / EL VOCERO

Quién le habrá dicho al Gobernador que Puerto Rico quiere tirar la toalla?

Porque eso fue lo que hizo, a nombre de todos nosotros, cuando se fue a Nueva York a anunciar la quiebra del ELA.

Luego de meses de negarlo y renegarlo aquí en la Isla, García Padilla le dijo al mundo a través del New York Times—no la prensa puertorriqueña—que Puerto Rico no “puede” pagar sus deudas.

La reacción de los mercados fue inmediata y devastadora: ayer el valor de las acciones de los bancos locales se desplomó entre un 10% y 15%; los bonos de Puerto Rico se traficaron a descuentos históricos; expertos calculan que el valor de nuestras casas se habría reducido otro 20%; y la evaluadora Fitch degradó a sub-chatarra el crédito del gobierno atribuyendo dicha acción directamente a los comentarios del gobernador de que el ELA no va a pagar su deuda.

Con todo lo que ha llovido de “me vale” para acá, alguien ya debería haberle explicado al gobernador que cuando un funcionario en su posición abre la boca, lo que diga acarrea consecuencias.

Y que esas consecuencias pueden resultar—y en efecto han resultado—en grave daño al valor de nuestros ahorros e inversiones, al valor de nuestras casas, en fin, a nuestro patrimonio material y al bienestar económico de nuestras familias.

Y peor aún, grave daño moral y emocional a nuestro ánimo individual y colectivo. A nuestro espíritu de lucha y superación. A nuestra capacidad como Pueblo de afrontar las adversidades y  vencerlas.

Adelante, gobernador, si usted se siente como que quiere tirar la toalla. Pero, con todo el respeto, usted no es quien para tirarla por nosotros.

Aun si fuese cierto que Puerto Rico no “puede” pagar su deuda acumulada—cosa que disputamos de plano—es evidente que la manera en que el gobernador y su administración escogieron para comunicar sus intenciones adoleció de toda la improvisación e incapacidad de ejecución que ha plagado el desempeño de toda la agenda fiscal y económica de su gobierno.

Y nada ejemplifica mejor dicha incompetencia que la arrogante pretensión de que un informe económico de 30 páginas dado a conocer de la noche a la mañana—no importa quién lo haya firmado—pueda de golpe y porrazo invalidar lo que el mismo gobernador y todo su equipo fiscal llevan diciendo con sus boquitas de comer por los pasados dos años y medio.

O fueron falsas las representaciones que hicieron durante ese tiempo, y engañosas cada una de las aseveraciones de que Puerto Rico en efecto pagaría sus obligaciones según dispone la mismísima constitución, o el informe de la doctora Krueger es uno de encargo que no nos merece credibilidad alguna.

Y la comedia de errores que con vergüenza ajena todo Puerto Rico presenció ayer tarde todo lo que logró fue certificar el Informe Krueger como natimuerto—desde su presentación a una diezmada audiencia hasta el inexplicable mensaje televisado del Gobernador en el que el propio García Padilla se distanció de varias de las recomendaciones fundamentales de Krueger como la reducción de gastos en el gobierno, reforma laboral y hasta la posible reducción del salario mínimo federal.

Independientemente de sus méritos—algunos tiene, aunque ninguna de sus conclusiones o recomendaciones sea novedosa—es evidente que el Informe Krueger se encargó para justificar una decisión previamente tomada de incumplir con el pago de la deuda, invitando con ello una crisis constitucional de proporciones mayores y un largo y costoso via crucis en los tribunales del cual la reputación de Puerto Rico saldrá aún más mancillada.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.