Si el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico adopta medidas urgentes para una reforma fiscal y estructural, puede allegarse el dinero que necesita para cumplir con los vencimientos de su deuda de $72,000 millones, concluyó un estudio comisionado por el grupo de acreedores Ad Hoc, y realizado por la firma Centennial Group.

Elaborado por José Fajgenbaum, Jorge Guzman y Claudio M. Loser (todos exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional), el documento de 17 páginas destaca que el problema financiero de la Isla se debe a los déficits presupuestarios y no a su abultada deuda con los bonistas, por lo cual puede solucionarlo como lo han hecho otros gobiernos, sin tener que reestructurar la misma como propone el gobernador Alejandro García Padilla y su equipo económico.

En una entrevista previa con EL VOCERO, Loser destacó que la idea no debe ser dejar de pagar y recomendó que haya un plan a largo plazo  donde la deuda no aumente y empiece a reducirse. ¨Hay que cortar gastos en algunas áreas de la administración  pública y en educación. Y si lo hacen con una visión holística, eso les va a atraer beneficios. Con lo que ya se ha hecho hay mucho pero deben seguir los cambios y manejarlo por los próximos 18 a 24 meses, pero tienen que ser desde ya¨, opinó entonces.

Para alcanzar un nivel mucho más alto en sus ingresos, el estudio indica que se debe reducir el gasto en unos $2,000 millones inicialmente y procurar diferentes medidas como alzas en impuestos, prácticamente a todos los niveles, y establecer medidas más contundentes de fiscalización.

En ese sentido, el mismo estudio puntualiza que esas sugerencias están a tono con la reciente radiografía que realizó la economista y exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Puerto Rico, Anne Krueger. De hecho, Loser también es un exfuncionario del FMI y recientemente estuvo aquí en un panel de discusión sobre Puerto Rico, organizado por el analista Kike Cruz.

¨La ruta trazada por el gobernador tiene riesgos significativos y no es la respuesta al problema del déficit de Puerto Rico¨, plantea el documento, y agrega que las acciones propuestas por el gobierno, como una posible reestructuración de deuda, ignoran las limitaciones legales del ELA y las protecciones constitucionales de una parte de la deuda. Se refiere a la garantía constitucional de los bonos de las obligaciones generales (GO´s).

En reacción al informe, el secretario de la gobernación, Víctor Suárez, dijo que ya han tomado medidas drásticas.

¨Ya hemos promulgado reformas fiscales significativas, incluyendo la reforma del sistema de pensiones, reducción en los gastos y aumento de los impuestos, y el Grupo de Trabajo está considerando otras medidas difíciles para hacerle frente a nuestra crisis financiera. Sin embargo, el simple hecho es que la austeridad extrema a cargo de un grupo de constituyentes y un esfuerzo menor de los tenedores de bonos no es una solución viable para una economía que ya está en sus rodillas¨, expresó Suárez. El plan del menciomado Grupo designado por el gobernador, debe estar listo el último de agosto próximo.

Entre tanto, el documento resalta, que al haber 18 emisores diferentes de deuda en Puerto Rico ¨cada entidad tiene sus propias particularidades legales y medios económicos, y por lo tanto cada uno debe ser considerado de manera individual¨.

El grupo Ad Hoc integra a unos 38 fondos de inversión, principalmente fondos de cobertura o ¨hedge fund¨, los cuales poseen alrededor de $5.2 mil millones en bonos de Puerto Rico.

En el asunto de alzas en los impuestos para aumentar los ingresos al Fondo General, propone mayores ingresos provenientes de la tributación individual al aumentar la tasa de participación laboral, un Impuesto de Ventas y Uso (IVU) más alto, impuesto sobre la renta de las empresas que reciben exenciones, y la intensificación de los impuestos a la propiedad mediante la revalorización, ya que no se hace desde 1958.

En otros asuntos, incluye recortes en la cantidad de educadores en el sistema de educación, reducir la subvención a la Universidad de Puerto Rico y recortar el exceso de beneficios a los usuarios de Medicaid. Igualmente habla de enmendar las leyes laborales para reducir horas extras, tiempo de vacaciones, bonificaciones y otros beneficios adquiridos.

Hace alusión a las leyes de cabotaje, para sacar a la Isla de esa cláusula y reducir los costos de transporte marítimo. Por el lado de la energía, propone reducir los costos a través de una reforma de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Y hace alusión a los beneficios de las Alianza Público Privadas, la consolidación de agencias y a un impulso de la agricultura para reducir las importaciones por más siembras y cosecas de comestibles locales.

Se menciona a la banca local y a los bonistas locales, como sectores e individuos que resultarían ampliamente lesionados con una reestructuración de  deuda. De la banca aduce que Banco Popular, First BanCorp y Oriental ¨perdieron $900 millones en capitalización de mercado¨, de manera combinada, luego que el gobernador anunció que la deuda era impagable a los términos pactados. Y sobre los acreedores individuales, recuerda que muchos son de la Isla, sobre todo con participación en los GO´s.

Al reiterar el argumento de que Puerto Rico puede pagar, el informe ilustra con gráficas que el déficit estimado para 2015 es de apenas 1.3% del PNB. Lo contrasta con el nivel de gasto público, el cual para la última década incrementó un 29% o $4.4 mil millones, mientras la población se redujo en un 6% en el mismo periodo.

Otrso gastos que se apuntan señalan al sector de la educación, con un crecimiento de 39% en los últimos diez años, al tiempo en que las matrículas en las ecuelas públicas registraron una baja de 25%.

Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.

Puerto Rico no tiene necesidad de reestructurar su deuda pública como un todo y ese curso de acción hará más daño a la economía de la Isla que los beneficios de intentar negociar una moratoria con sus acreedores.

De igual forma, en el entorno económico y fiscal que exhibe Puerto Rico en la actualidad es factible una nueva ronda de recortes en el gasto público de hasta $2,000 millones. Además, hay espacio para adoptar estrategias para atajar la evasión contributiva y sacar mejor partido a los activos de infraestructura que opera el estado.

Ambas premisas son las principales conclusiones de un estudio de Centennial International Group, comisionado por The Ad Hoc Group, el grupo de 38 firmas de inversión que, en conjunto, poseen unos $5,200 millones de los casi $72,000 millones en deuda del gobierno puertorriqueño.

El estudio estuvo a cargo de los también execonomistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ejecutivos de Centennial Latin America, José Fajgenbaum, Jorge Guzmán y Claudio Loser, quienes aseguraron que “no hay evidencia” que respalde la propuesta que hizo el gobernador Alejandro García Padilla hace poco más de dos semanas, para reestructurar la deuda del gobierno puertorriqueño.

“Hay un mejor camino para Puerto Rico que el actual plan que propone el gobernador García Padilla”, indicó Loser, quien junto a sus colegas conoce de cerca los procesos de reestructuración que se han dado en prácticamente toda la América Latina.De acuerdo con Loser, contrario a la proyección hecha por la administración de García Padilla, la deuda del gobierno puertorriqueño no es “monolítica” sino que se trata -tal como ha reportado El Nuevo Día en múltiples instancias- de 18 emisores diferentes con reglas diferentes y que estas deben verse según los distintos contratos que apliquen.

The Ad Hoc Group divulgará el informe en su totalidad mañana lunes, informaron los economistas.

Una violación a la Constitución

“Subrayo que una moratoria en la deuda pública sería una violación a la Constitución”, insistió Loser.

Según Loser, desde que García Padilla anunció su intención de renegociar la deuda se “ha erosionado la confianza” en la economía puertorriqueña que ya atravesaba por una situación de incertidumbre y anticipó que proceder con un repudio de la deuda y en especial de las obligaciones generales (GOs, en inglés) agudizará la caída en la inversión en la Isla y disparará la tasa de desempleo.

A manera de ejemplo, manifestó que el repudio de la deuda argentina a principios de la centuria, ha significado una caída en la inversión directa extranjera en el orden de unos $150,000, una baja en esa economía suramericana y un aumento en los niveles de pobreza.

A junio pasado, la tasa de desempleo en Puerto Rico se ubicaba en 12.5%, más del doble de la tasa de desocupados en Estados Unidos.

La inversión interna bruta en Puerto Rico ha menguado un 18% entre los años 2004 y 2013, según datos de la Junta de Planificación.

Espacio para más impuestos

“Puerto Rico puede evitar el impago”, dijo por su parte Fajgenbaum.

Según Fajgenbaum, incluso el informe comisionado por el gobierno de Puerto Rico a la exdirectora gerencial del IMF, Anne O. Krueger y a los homólogos Andrew Wolfe y Ranjit S. Teja, hacen factible que la Isla proceda con un programa de austeridad fiscal y que ello permitiría un superávit en el presupuesto gubernamental tan pronto como en el año fiscal 2017.

A diferencia del informe Krueger, Fajgenbaum puso en duda que el gobierno federal estadounidense “penalice” a Puerto Rico, sea con un ajuste tras la expiración del Affordable Care Act (el llamado Obamacare) o modificando el reconocimiento del arbitrio a las corporaciones foráneas (el llamado arbitrio del 4%) como un crédito, lo que en la actualidad reconoce el Servicio de Rentas Internas federal.

Indicó que es factible hacer recortes por unos $2,000 millones y a su vez, lograr unos $1,000 millones en recaudos con mejor fiscalización tributaria.

“No hay duda que Puerto Rico debe mejorar sus recaudos por impuestos”, agregó Fajgenbaum al subrayar que la tasa de captación del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) apenas ronda un 56%.

Hay dinero para pagar

Loser indicó que el análisis efectuado por él y sus colegas se hizo desde una perspectiva “amplia” y que el grupo no tuvo acceso a todos los datos que fueron provistos por el gobierno puertorriqueño al grupo Krueger, Wolfe y Teja.

No obstante, subrayó que antes de modificar la deuda con garantía constitucional, Puerto Rico podría recurrir a los ingresos sujetos a la cláusula de retención (“clawback”) en corporaciones públicas y que rondan unos $1,000 millones.