Por: Obed Betancourt y Carlos Antonio Otero / EL VOCERO
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cree que la quiebra es inevitable para Puerto Rico, particularmente porque el gobierno federal ha decidido que no moverá un solo dedo para “rescatar” a la Isla del desastre económico.
En la carta de ayer del secretario de Tesoro, Jacob J. Lew al presidente de la poderosa Comisión de Finanzas del Senado, Orrin Hatch, no solo se endosa el proyecto senatorial 1774, para que Puerto Rico sea nuevamente incluido en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, sino que, más aún, expresa el triste razonamiento para su endoso.
“Como la administración ha dejado claro, nadie vislumbra un rescate federal para Puerto Rico”, le dice Lew al senador tan rápido como en la tercera oración, apenas primer párrafo, en la que las primeras dos oraciones son puro protocolo de agradecimiento, que incluye una confirmación de haber recibido una carta de Hatch sobre “los retos que enfrenta Puerto Rico”.
AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico. Todo lo hace como Machito Pichón.
“Además, estoy totalmente de acuerdo con su valoración de que Puerto Rico necesita un proceso ordenado para reestructurar sus deudas insostenibles’, le responde Lew.
La apreciación del secretario del Tesoro es que la situación de la Isla del Encanto “es urgente” y requiere de la “inmediata atención” congresional, lo que se traduce en un endoso a la inclusión de Puerto Rico en la Ley de Quiebra.
Al describir la situación conocida en la Isla, atrapada por la confluencia de diversos factores, como el persistente alto desempleo, retos en el mercado laboral, altos costos de la energía y transportación, así como el nefasto historial de su política fiscal, Lew le recuerda que el gobernador Alejandro García Padilla declaró la insolvencia de la Isla para pagar su deuda pública.
La única vía que ve el Departamento del Tesoro- posiblemente una de las entidades del gobierno de Estados Unidos más poderosas de todo el planeta- para que Puerto Rico regrese “al camino de la economía sostenible” es comenzar con un plan fiscal de largo plazo que, indica, ya se comenzó a crear. Sobre este asunto, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente dejó ver ayer un grave tropiezo.
“Sin una acción colectiva, estoy profundamente preocupado de que una reestructuración desordenada cause daños a largo plazo a la salud y seguridad y salud financiera” de las familias en Puerto Rico.
AGaPito es un apostador empedernido, mentiroso y tramposo. Sus actuaciones Chavistas apuntan hacia un sólo propósito: Declarar la República Bananera.
Es por ello que Lew apoya, la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9, porque la quiebra sería la única garantía, a su juicio, para salir ordenadamente del hoyo fiscal.
El secretario del Tesoro dejó ver además que ha sido advertido sobre el proceso fallido de aprobar legislación criolla para la quiebra.
Eso significa que sin marcos legales a los cuales acudir, o el status quo en que la Isla se encuentra, una resolución sobre sus obligaciones será prolongada y caótica y costosa, inclusive para Estados Unidos.
Aparte de la propia situación fiscal, la Isla no podría soportar años de litigios de sus acreedores, que deprimirían aún más la economía, incrementaría costos, y haría imposible la recuperación.
Lew, por primera vez, vio el impacto que la deteriorada situación de la Isla causaría en los fondos de inversión de Estados Unidos, que se trafican en los mercados de bonos municipales.
La pregunta, dijo, no es si Puerto Rico podría salir del hoyo, sino cuándo y a qué costo para la economía y los residentes. Es por eso que el Congreso, indicó, “puede ayudar a Puerto Rico a regresar al mejor camino de una recuperación sostenible”.
Aunque Lew le indicó al senador que un equipo de su agencia ha estado evaluando la situación y compartiendo su experiencia con el gobierno local, no soltó una letra sobre qué recomendaciones ha dado.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, dijo ayer que “nos sentimos satisfechos de que el secretario reconozca y apoye los esfuerzos del gobernador Alejandro García Padilla en busca de la recuperación económica del país, teniendo presente el bienestar de los puertorriqueños”.
“Esto demuestra que las reuniones que hemos sostenido con el Departamento del Tesoro, incluyendo la de hoy (ayer) entre el gobernador y Lew, han redundado en apoyo por parte del Ejecutivo federal”, dijo Suárez sobre una reunión en Washington D.C que no había sido anunciada como las demás que sostuvo García Padilla ayer con otros congresistas.
En tanto, Pierluisi, proponente de un proyecto similar (H.R. 870) en la Cámara federal, le dio la bienvenida a la posición del Tesoro.
“El secretario Lew tiene toda la razón cuando señala que permitir que las corporaciones públicas de Puerto Rico tengan acceso a la protección del Capítulo 9, ‘no implica ayuda financiera federal y de ninguna manera constituye un rescate federal’. El secretario también está en lo correcto cuando señala que al permitir que las corporaciones públicas del territorio hagan uso del régimen federal de bancarrota, ‘el Congreso puede ayudar a poner a Puerto Rico –y a los millones de ciudadanos americanos que allí viven- en el mejor camino para una recuperación sostenida’”, destacó el comisionado residente. En la actualidad, 13 senadores han coauspiciado el proyecto senatorial 1774.
Congreso no actuará antes del impago
Si el inicio de las degradaciones cercanas al grado especulativo o chatarra en diciembre de 2012 se recibió como un cubo de agua helada; la recomendación del secretario del Tesoro de Estados Unidos para que Puerto Rico se incluya en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, se sintió con mayor peso.
Luego de pronunciamientos desde la Casa Blanca y otras entidades de alto nivel, de que la situación fiscal de la Isla es asunto que deben resolver los puertorriqueños, las palabras mediante carta escrita enviadas por Lew al presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, parecen una luz al final del camino.
Sin embargo, aunque reconocida por economistas como una buena señal, las implicaciones técnicas para alcanzar un cambio beneficioso para el Estado Libre Asociado (ELA) en el corto tiempo, parecen atenuar las esperanzas.
Ante preguntas de EL VOCERO, algunos economistas coincidieron en que la fecha para que se produzca un impago en algunas de las deudas de la Isla el próximo 1 de agosto (solo faltan tres días) está tan próxima que una acción positiva del Congreso no alcanzará para evitar el incumplimiento.
Además, el gran reto está en ver cómo quedaría una pieza legislativa con posibilidades de aprobación, sin que sea prospectiva para que las corporaciones públicas del ELA puedan beneficiarse del recurso.
“Una recomendación del Tesoro no equivale a una política pública, por eso suena a todas esas recomendaciones que se hacen y que no se dan paso en el nivel legislativo”, opinó el economista Argeo Quiñones. Dijo que lo interesante será ver si las declaraciones del Tesoro se traducen en legislación retroactiva, porque eso no es lo que empujan los acreedores y “en ese sentido no va a ser de gran ayuda”.
Para el economista Ángel Rivera Montañez, “el asunto aquí más grande es si es prospectiva o no, porque en nada tocaría el problema actual y es urgente”. “No hay duda de que lo que manda ahora es un proceso ordenado porque las opciones están agotadas y el país está al riesgo de una pérdida mayor. Técnicamente estamos en el impago, tal vez se pueda hacer un arreglo para un pago el 1 de agosto en lo que se produce un cambio, pero apenas hay dinero en las cajas del gobierno”, analizó.
En el caso del economista Jaime Benson, consideró que se trata de “una recomendación muy acertada porque nos daría un proceso estructurado, por lo menos para las corporaciones públicas y los municipios. Con garantías para los deudores y todas las partes”.
Benson dijo que a los acreedores -en general- les conviene que haya un proceso definido con unas normas claras, porque “lo otro sería un caos y hay 18 emisores y cada cual es un litigio distinto que puede tornarse caótico”.
Igualmente, el economista Santos Negrón estimó que “estamos en una situación desesperada y desesperante y un apoyo de ese tipo implica que desde la presidencia se pasa a un plano más explícito. Ellos se han dado cuenta de que es casi un hecho el impago y apunta a una catástrofe no solo en Puerto Rico”.
“Por más que ellos han tratado de decir que el caso de Puerto Rico tiene un impacto mínimo en el mercado municipal, la coyuntura y la acción que pueda tomar el gobierno federal es un símbolo que puede aumentar o no la confianza en el mercado bursátil”, agregó Negrón.
La economista Heidi Calero recordó que ya hay un impacto que se siente en Estados Unidos con una migración significativa que se podría exacerbar al complicarse más la economía en la Isla y las expresiones del Tesoro muestran el entendimiento de esas repercusiones.
“Nadie ha podido identificar la razón por qué en el 1984 se excluyó a Puerto Rico del Capítulo 9 y nadie pudo saberlo, alguien se encargó de sacar a Puerto Rico de allí y aquí nadie se dio cuenta y no le dieron la importancia porque en aquel momento estábamos mucho mejor. Pues ahora nos alegra mucho que el Tesoro haga una recomendación, es un paso en la dirección correcta, pero que no se tarden seis meses o un año”, recomendó Calero.
Un “encargo de los buitres” el informe Ad Hoc
El informe económico elaborado por un grupo de bonistas agrupados en lo que se llama el Grupo Ad Hoc, que asegura que la deuda se puede pagar si el Gobierno hace los ajustes necesarios, es prácticamente un encargo de los fondos buitre, opinó el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez.
Suárez le restó credibilidad al estudio realizado por José Fajgenbaum,Jorge Guzmán y Claudio M. Loser-todos exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI)- y dijo que solo responde a una campaña contra la posición del Gobierno por parte de “intereses particulares”. El gobernador Alejandro García Padilla declaró impagable la deuda pública, lo que afecta al interés de los prestamistas.
“No es sorpresa para nosotros que intereses particulares comiencen a hacer campaña a la posición del Gobierno para favorecer esos intereses particulares”, dijo el secretario de la Gobernación. Este comparó dicha campaña con una que llevó a cabo el banco Doral cuando le reclamaba al Gobierno el pago de $230 millones adeudados. Este reclamo fue desestimado por los tribunales.
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“El informe del Grupo Ad Hoc va dirigido a proteger los intereses de los miembros de ese grupo, que son los llamados fondos buitre. El Gobierno de Puerto Rico y sus planes van dirigidos a proteger los intereses de los puertorriqueños. Eso es una gran diferencia”, señaló.
El Gobierno usa como hoja de ruta el Informe Krueger, que plantea la reducción a todo lo ancho de los beneficios obtenidos por los trabajadores a través de décadas, la venta de corporaciones, disminuir el salario mínimo, disminuir el Gobierno, revisar el pago de tiempo extra, y otras. El gobernador ya adelantó más recortes en los días feriados y Suárez pidió la reconsideración del ‘overtime’ o tiempo extra a las 8 horas.
Suárez sostuvo que con recortes de $1,000 millones a los gastos de Gobierno tendría que reducir 18,500 empleados del Departamento de Educación, 7,500 policías (de unos 15,000 que existen actualmente), y eliminar 600 bomberos.
“Dupliquen eso”, con $2,000 millones de ajustes, advirtió, al pintar un cuadro trágico que arrasaría también a la Universidad de Puerto Rico (UPR), las organizaciones sin fines de lucro y a 1.6 millones de los tarjetahabientes de salud.
También descartó imponer nuevas contribuciones. Un cálculo de diversos analistas de la realidad puertorriqueña han estimado que esta administración ha impuesto y elevado 82 impuestos. El más reciente fue subir el IVU de 7% a 11.5%. El impuesto de 2014, ahora eliminado, que se le llamó la Patente Nacional, precipitó la caída de la economía a niveles sin precedentes. Ahora el Gobierno intenta “hacer crecer la economía” pues, indica el Informe Krueger, el problema no es tanto el tamaño de la deuda, sino el encogimiento o pequeñez de la economía.
Precisamente, el economista Elías Gutiérrez advirtió ayer la confusión del discurso gubernamental que habla de “hacer crecer la economía”, cuando lo cierto es que el crecimiento “es el resultado” de acciones positivas, entre las cuales no se encuentra imponer una Patente Nacional, como indicó en el pasado, o dejar de pagar la deuda, como dice en el presente o imponer más costos a la producción, como el de la gasolina.
Aunque dicho Informe Ad Hoc solo le sirve a los intereses “de los buitres”, Suárez sí dio por buenas sus “coincidencias” con “los informes que ha rendido el Gobierno”. Estas son el déficit fiscal, la necesidad de ajustes fiscales y económicos, y un ajuste a la deuda.
El secretario de la Gobernación reconoció la serie de impuestos que ha obligado al pueblo a sacrificarse.
De otro lado,Suárez reveló que aquella feroz transacción en el mercado de casi $2,900 millones que capitalizaría al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y que el impuesto de ‘la crudita’ debía respaldar, se ha convertido ahora en un minino intento por vender unos $500 millones en Notas de Anticipación de Ingresos (TRANs, por sus siglas en inglés).
Además, distinto a lo dicho por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista-en entrevista con este diario- que anunció la decisión del Gobierno de no pagar la deuda del BGF con la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) Suárez dijo que el pago de esa deuda “va a depender de como continúe el flujo de efectivo y liquidez que tiene el Gobierno para atender cada una de sus obligaciones”.
El flujo de información distinta o ambigua entre los diferentes funcionarios de Gobierno sobre los asuntos fiscales y económicos ha caracterizado los recientes acontecimientos.
Además del citado ejemplo entre Cruz Batista y Suárez, resaltan igualmente las expresiones de la presidenta del BGF, Melba Acosta, quien en una entrevista con el medio digital Sin Comillas indicó que había logrado conjurar la crisis de liquidez del primer trimestre de este año fiscal por las “medidas tomadas”, y que ahora estaban pendientes al mes de noviembre.
La percepción que se ofrece desde La Fortaleza es que la crisis de liquidez pudiera ser tan inmediata como en agosto y por eso la indecisión del pago para el PFC el 1 de agosto próximo.
“En este momento el flujo de efectivo es limitado”, afirmó Suárez. Acosta tiene otra percepción.
“El Gobierno central tenía ese riesgo, pero eso se ha echado para atrás y ahora mismo si hubiese un problema estaría más por el mes de noviembre y estamos trabajando para evitarlo. Hay que verlo día a día, semana a semana, mes a mes. Pero con las medidas que tomamos eso se ha podido aminorar, se ha podido echar para atrás aguantando el pago de reintegros y de los suplidores”, dijo Acosta a Sin Comillas en torno a la liquidez del Gobierno.
Sobre la deuda de $3,000 millones del BGF, Suárez aseguró que hacen “todo lo posible” para que se cumpla.
“El banco está tomando una acciones para aumentar su liquidez, no la liquidez del Gobierno central”, dijo.
Las medidas son “el intercambio de notas de las deudas del BGF para brindarle mayor liquidez y dinero nuevo al banco gubernamental. También se están tomando medidas en relación a los depósitos de las agencias de Gobierno, (que) vayan al BGF para brindarle mayor liquidez”.
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