La verdad sobre la lucha contra el crimen – Por Thomas Rivera Schatz, Ex presidente del Senado

La verdad sobre la lucha contra el crimen

Decir que Alejandro García Padilla y su combo de incompetentes son los que han reducido la actividad criminal en Puerto Rico, es una falsedad
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Carlos Giusti / EL VOCERO
Por Thomas Rivera Schatz, Ex presidente del Senado

Cuando el liderato popular no puede ocultar su incompetencia frente a los problemas de Puerto Rico, dice que todo es culpa de las pasadas administraciones. Cuando creen que algo parece estar bien o mejorando, entonces dicen que son los logros de sus gestiones durante dos años.

En el tema de la criminalidad mienten, a sabiendas, y utilizan las apariencias para atribuirse logros que no les corresponden. Un mero repaso de las estadísticas, desde el último año (1992) de la administración de Don Rafael Hernández Colón, nos permitirá conocer la realidad histórica. La incidencia criminal se mide por la cantidad de delitos Tipo I que se cometen anualmente. ¿Qué es un delito Tipo I? Estos son los delitos más graves de violencia como los asesinatos, las violaciones sexuales, las agresiones agravadas; y los delitos contra la propiedad como los robos, los escalamientos, las apropiaciones ilegales y los hurtos de automóviles.

Generalmente, los medios de prensa se enfocan en proyectar el nivel de actividad criminal a base de los asesinatos pues constituye el más despreciable de los delitos; la privación de la vida ajena con la violencia. Los asesinatos, sin embargo, no son los únicos delitos de violencia ni los únicos que afectan a los ciudadanos. Haya muchos o pocos asesinatos, lo cierto es que los delitos que afectan a la mayor parte de la población decente y trabajadora son las agresiones agravadas, las violaciones, los escalamientos, los hurtos y los robos. Son decenas de miles los ciudadanos que sufren las heridas o las pérdidas por esos delitos. Por lo tanto, la criminalidad hay que medirla en su alcance total y no en elementos parciales que se ajusten a las conveniencias políticas de cada momento.

El peor año de incidencia criminal de nuestra historia fue en 1992 cuando Rafael Hernández Colón le entregó el gobierno a Pedro Rosselló con 128,874 delitos Tipo I. La verdad absoluta es que a partir de la administración del PNP en 1993, la incidencia de delitos Tipo I en Puerto Rico ha continuado una tendencia descendente de manera consistente hasta el día de hoy, durante todos los cuatrienios siguientes a 1992. Esa, es la realidad histórica que nadie discute.

En el año 2000, la administración de Pedro Rosselló entregó el gobierno con 75,379 delitos Tipo I; 53,495 delitos menos que los 128,874 registrados durante RHC en 1992. Ese fue el avance histórico más grande que Puerto Rico haya logrado contra el crimen. Cuando el PPD le entregó el poder al PNP en 2008, esos delitos también se habían reducido a 68,738. Y cuando Luis Fortuño salió de la Fortaleza, los delitos Tipo I habían continuado bajando a 61,732. Es importante subrayar que durante los últimos cuatro años de gobierno PNP se logró reducir los delitos Tipo I en 7,006, mientras que en los ocho años juntos de Sila Calderón y Acevedo Vilá solamente se redujeron en 6,641 delitos.

Decir que Alejandro García Padilla y su combo de incompetentes son los que han reducido la actividad criminal en Puerto Rico, es una falsedad y sus propias estadísticas históricas los desmienten. Realmente, la tendencia descendente en la incidencia de delitos graves se trata de esfuerzos y logros durante años que este desgobierno no puede reclamar como suyos, máxime cuando se toman en consideración su incompetencia, su desorden y la brevedad de solo dos años y medio en el poder. ¿Puede una persona sensata creer el cuento de que el avance contra los delitos graves Tipo I que continúa consistentemente desde hace 22 años se debe a este desgobierno? En diciembre de 2013, a solo once meses de llegar al poder, reclamaron autoría exclusiva por la reducción de asesinatos y delitos Tipo I. Un desgobierno que acababa de llegar y que al cabo de su primer año ni siquiera había podido nombrar a una tercera parte del gabinete gubernamental. Incluso, retuvieron como Superintendente al mismo que tenía el PNP, el señor Héctor Pesquera.

Claro está, para arrimar la brasa a su sardina, los personajes de este desgobierno solo utilizan las estadísticas de asesinatos para hacerle creer al pueblo que la incidencia criminal comenzó a bajar cuando ellos llegaron en 2013; y que ellos son los únicos autores de ese supuesto logro. Nunca han explicado que la incidencia de asesinatos, mayormente vinculada a las disputas del oscuro mundo del narcotráfico, se debe a distintos factores que se presentan de manera cíclica o circunstancial. Si bien es cierto que para el año 2011 la cifra de asesinatos sobrepasaba los mil debido, principalmente, a las guerras entre organizaciones criminales, también es cierto que el 2012 el plan anticrimen del PNP logró establecer una tendencia descendente de asesinatos que continúa hasta hoy.

Aunque la administración Fortuño logró reducir la incidencia de los delitos graves Tipo I al doble de los que se habían reducido durante los dos cuatrienios del PPD entre 2001-2008, la situación de los asesinatos por las guerras del narcotráfico era inaceptable. El plan anticrimen del PNP fue amplio y decisivo. Por ejemplo, se legisló para establecer un sistema tecnológico de “escaneo” de furgones en los puertos para cerrarle el paso a la entrada festinada y oculta de armas y drogas que hubo durante décadas. El entonces senador García Padilla y su partido le votaron en contra a esa legislación del PNP. Hoy, sin embargo, han visto sus resultados y continúan utilizando el sistema del PNP.

Como parte de nuestro plan anticrimen, en el 2011 establecimos un acuerdo con las agencias federales de ley y orden para fortalecer ampliamente la persecución, la investigación y el procesamiento judicial a nivel federal de muchas actividades criminales violentas en las calles, principalmente relacionadas con las gangas del narcotráfico, sus guerras y gatilleros. No perdamos de vista que los agentes, fiscales y jueces federales cuentan con recursos que no tenemos en la jurisdicción estatal. Esa integración de esfuerzos establecida por el PNP ha sido el factor determinante en la lucha contra el crimen y la reducción de la incidencia criminal.

Cuando el PNP formalizó ese acuerdo con las agencias federales en 2011, el entonces candidato García Padilla se opuso y dijo: “mientras menor intervención de los federales en la isla, mejor”. Cuando llegó a La Fortaleza en el 2013, vio los resultados y las tendencias positivas que había logrado el PNP con ese acuerdo, entonces se tragó sus palabras durante la campaña política. En enero de 2013, a pocos días de asumir su mandato, García Padilla firmó la renovación del acuerdo del PNP con las agencias federales. Realmente, los líderes populares lo único que han hecho es oponerse a las iniciativas de nuestra administración PNP, que hoy rinden los frutos y ellos pretenden atribuírselos. Después de todo, el mayor crimen durante este cuatrienio ha sido la mentira, el abuso y la incapacidad de García Padilla, Bathia, Perelló y el gobierno popular.Thomas Rivera Schatz, Ex presidente del Senado

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