El secretario de la gobernación, Víctor Suárez, justificó que el gobernador Alejandro García Padilla esté de vacaciones, en momentos en que el gobierno caerá por primera vez en impago, al no tener fondos para cumplir con sus obligaciones con la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).
Suárez dijo que “no hace diferencia” que el primer mandatario esté en la Isla cuando ocurra el impago de $57.9 millones a los bonistas, entre ellos las cooperativas locales. Otra expresión que realizó al preguntársele quién ‘daría la cara’ el 1 de agosto, cuando vence la fecha para emitir el pago, fue: “eso es algo que siempre ha manejado el Banco Gubernamental de Fomento”.
“Las vacaciones se programan”, dijo Suárez en entrevista radial (NotiUno) al tiempo que aseguró que está en constante comunicación con gobernador entre dos a tres veces al día.
Mientras, el gobierno intentará sacarle al país un billón de dólares adicionales con impuestos de todo tipo, como parte de su reforma fiscal, según tiene ante su consideración el Grupo de Trabajo de Recuperación Fiscal.
La Junta de Control Fiscal de cinco años que establecería el Grupo de Trabajo tendría el control para aprobar el presupuesto, decidir los contratos y los gastos de gobierno, reducir la jornada laboral y pudiera imponer gerentes de emergencia en las corporaciones públicas, un control del dinero tan grande que tendría que buscarse una manera constitucional de hacerlo pues es la Rama Legislativa la que tiene dicho poder.
Esta Junta tendrá entre sus componentes hasta dos miembros de la Junta de Reserva Federal de Nueva York seleccionados por García Padilla, más 3 o 4 designados por el Senado.
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El Grupo de Trabajo tiene ante sí una hoja de ruta titulada: “Economical and Fiscal Adjustments Plan Workstreams, Responsabilities and Update”-en poder de EL VOCERO- que impone fuertes medidas de austeridad y cambios en cuatro renglones: reforma estructural (que a su vez contiene una reforma para reducir costos laborales); reforma fiscal; infraestructura y privatización, y reforma institucional.
El recién nombrado secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, indicó que esa información “surge de un bosquejo que se utiliza como partida para la discusión del grupo de trabajo. Son recomendaciones contenidas en el informe Krueger que, junto a propuestas de otros sectores, serán evaluadas. No representa el informe final del grupo de trabajo”. El “bosquejo”, sin embargo, parece algo más que una reelaboración reducida del Informe Krueger.
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó, en conversación con EL VOCERO, puso el grito en el cielo cuando se enteró que el “bosquejo” propone crear un nuevo Departamento de Finanzas y Economía.
“Eso sería una barrabasada porque lo único que está proveyendo actividad económica y proveyendo frutos es el crecimiento en turismo, el crecimiento en manufactura en nuevos proyectos. No sé de donde sale”, señaló.
“El que plantee una locura como eso, pues lo deben amarrar y tirar en medio del mar”, sentenció.
Más aún, nadie en el gobierno le ha compartido esa información, aceptó, mientras abandonaba La Fortaleza luego de una reunión.
“Al revés, hay que darle más recursos a Desarrollo Económico, y en eso hay acuerdo con todo el sector privado”, indicó. “Por cada $1,000 que se invierte en promover y atraer compañías como Lufthansa e inversionistas como Paulson, eso genera $100,000”, aseguró.
Igualmente, criticó que se pueda estar considerando fusionar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con el Departamento de Hacienda.
“Eso también son ideas que surgen y alguien las escribe y salen por ahí. Eso tampoco está sobre la mesa”. Este dijo que eso solo “está en un papel”. Este “papel” identifica a R. Barrios como el contacto en el Banco, a A. García como el contacto de la agencia y a una persona de apellido Conway como el asesor externo.
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Según la hoja, los asesores externos de reforma laboral son el bufete Fiddler González & Rodríguez, junto al secretario del Trabajo, Vance Thomas; y la asesora laboral de La Fortaleza, Mariangelys Medina. Fiddler ya está redactando un memorando legal, se indica.
La reforma laboral pretende reducir costos privados y públicos eliminando vacaciones hasta dejarlas en 15 días, reducir la licencia por enfermedad, eliminar los bonos, ajustar los requisitos de la “justa causa para despido”, es decir, flexibilizarlos de tal manera que los patronos no tengan demasiados contratiempos para despedir a un empleado, aumentar el período probatorio a dos años para lograr la permanencia, flexibilizar las leyes de empleo de los jóvenes que entran al mercado de trabajo y calcular de otra manera el tiempo extra, que ahora es a las 8 horas de trabajo diario.
“Está fuerte. Es inaceptable”, dijo en reacción el dirigente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí. Este destacó que Panamá tiene protecciones laborales similares a Puerto Rico y tiene un crecimiento cercano al 10%. El también líder de la Unión Independiente Auténtica (UIA), el mayor sindicato en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), sostuvo que un aumento a las corporaciones foráneas y eliminar las exenciones de los decretos contributivos pondrían a aportar a los recaudos.
“Qué más nos van a sacar” (a los trabajadores), cuestionó. Irene Maymí aseguró que estas medidas seguirán arrinconando la capacidad de sobrevivir de los trabajadores “y nada garantiza que funcionen”.
Entre otras medidas, el Grupo de Trabajo considera extender hasta el 2025 la Ley 66, mediante la cual las corporaciones ya recortaron beneficios a los empleados.
“Y cuando se queden sin dinero otra vez, qué otros impuestos van a poner”, agregó el líder sindical.
También se vislumbra abrir la generación eléctrica a la competencia para que baje la tarifa y reestructurar la deuda. El lenguaje adoptado en la hoja de ruta en este apartado parece descartar los proyectos de energía renovable ya aprobados, estrechando la producción de energía al petróleo.
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Lo que tiene ante sí el Grupo de Trabajo que preside el secretario de la gobernación Víctor Suárez, contempla también medidas que solo el Congreso puede intervenir, como eliminar la ley de cabotaje, y darle la autoridad a Puerto Rico para que decida si implanta cualquier aumento en el salario mínimo. Igualmente el Grupo de Trabajo considera eliminar los servicios sociales que los gobiernos federal y estatal tienen para los sectores más desprotegidos.
Ese esfuerzo incluiría reducir la cobertura de la tarjeta de salud,recortarle costos al Medicaid.
En el caso de la legislación federal, Puerto Rico lleva seis meses tratando de que el Congreso apruebe una enmienda a la ley de quiebras para que el ELA pueda acogerse a su capítulo 9, y no ha tenido éxito. Tampoco se ve promisoria esa legislación. La ley de cabotaje tiene el respaldo de la poderosa marina mercante norteamericana, y protege y crea empleos de buen sueldo, que en Puerto Rico son bien recibidos por las miles de personas que se emplean en los muelles locales.
Aunque en este momento el gobierno de Puerto Rico busca activamente la paridad con los estados en la aplicación del capítulo 9 y el Medicare, en la hoja de ruta se busca lo contrario, que se elimine a Puerto Rico de la aplicación automática de ciertas leyes federales, como del salario mínimo, el Medicaid.
Otra reducción de costos operacionales se buscaría liberalizando la competencia y eliminando la fijación de tarifas del transporte, un área que los camioneros han sido militantes en defender, sobre todo después de los varios impuestos al petróleo que han encarecido para ellos sus operaciones.
Como parte de la reforma fiscal, se buscará incrementar y ampliar más aún el impuesto de consumo hasta finalmente convertirlo en un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aunque la legislación actual no permite ese cambio sin un estudio. Igualmente se elevarían los impuestos a la propiedad hasta obtener alrededor de $350 millones y se comenzaría una retasación. Igualmente impondría $600 millones adicionales en impuestos a las empresas. En esta sección de ingresos se busca por lo menos $1,000 millones en impuestos. Otros $50 millones provendrían de amnistías contributivas.
Otras reformas fiscales, las que buscan ahorrarle gastos al gobierno, se resolverían según la hoja de ruta del Grupo de Trabajo, además de extendiendo la ley 66, congelando las formulas de asignación de fondos para la Universidad de Puerto Rico, la Rama Judicial y los municipios.
Los subsidios a la UPR deben reducirse, se cerrarían varios recintos y la matrícula se ajustaría al ingreso. Estas medidas, que ya han sido discutidas con el presidente de la institución, Uroyoán Walker, buscan reducirle $400 millones a esa casa de estudios, que podría incluir la eliminación de programas académicos y de centros de investigación.
También se congelarían los salarios y beneficios del gobierno central, y tampoco se llenarían las vacantes que ocurran.
Otra medida es reducir el número de maestros mediante atrición e incentivar el retiro, así como consolidar escuelas.
Igualmente, se busca la consolidación de agencias y corporaciones.
En cuanto a la infraestructura, se recomienda un plan de inversiones de $1,500 millones a cinco años. Este plan lo debe aprobar la Junta de Control Fiscal.
En el último renglón, de reforma institucional, se pretende recortar en $300 millones el pago de la deuda. También se busca fusionar el BGF con Hacienda. Pide además que el presupuesto se haga desde una base cero, idea que se ha levantado anteriormente pero ha fallado sistemáticamente en aplicarse
Otros funcionarios de gobierno que intervienen, según la hoja, son Luis Cruz Batista (OGP), Juan Zaragoza (Hacienda), Walker (UPR), Thomas (Trabajo), Nery Adames (DACO), Rafael Román (DE). Otros asesores externos son el CPA Juan Flores, el economista M. Bhatia, Luis Cao, el bufete O’Neil & Borges, y el economista Vicente Feliciano, entre otros.
El plan debe estar listo para el 30 de agosto.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene constante comunicación con La Fortaleza en asuntos de materia fiscal y en la discusión de los pasos que continúa dando el grupo de trabajo designado por el gobernador, indicó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza a EL VOCERO. Ofrecen asesoramiento técnico en cuanto a la creación de la Junta de Control Fiscal y el Plan de Ajuste Fiscal que debe elaborar el Grupo de Trabajo.
(Stephanie Gómez Álvarez colaboró en este reportaje)
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