Lluvia de acciones legales por el impago – AGP Estudio derecho pero lo único que ha practicado es lo izquierdozo

{AGP es Voluntarioso, Caprichoso, Irracional y Apostador Apasionado. Inexperto e Inepto. Estudio derecho pero lo único que ha practicado es lo izquierdozo. Con los nombrados Igual que él. Anti-USA y Chavista. Su estrategia es Igual a la de Venezuela y Argentina con Iguales Resultados.}

Lluvia de acciones legales por el impago

Las casas de corretaje que vendieron los bonos del PFC a bonistas individuales y a entidades en Puerto Rico, deberán reunirse mañana para unificar el reclamo de al menos un 20% de los acreedores
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EL VOCERO/Agustín Santiago
Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Decenas de bonistas que dejarán de recibir sus rendimientos ante el impago de la deuda moral de los bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) le reclamarán al fideicomisario de la emisión el cumplimiento del contrato de compra, lo cual podría desemboscar en acciones legales contra el gobierno.
La decisión del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de no pagar los denominados bonos de apropiación, se espera que provoque una cadena de reclamos, lo cual desde ya pone en alerta a los demás acreedores ante los intentos de reestructuración de toda la deuda pública de $73 mil millones.

Las principales casas de corretaje en la Isla y que habrían vendido el instrumento financiero de los bonos del PFC a bonistas individuales y a entidades en Puerto Rico, deberán reunirse mañana para unificar el reclamo de al menos un 20% de los acreedores, supo EL VOCERO.

Esa es la cantidad mínima necesaria para poder levantar un reclamo ante incumplimiento de pago, aun en una deuda como la del PFC, de la cual el equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla insiste en que no hay un impago porque es una deuda moral.

Según el portal Nasdaq, esta deuda se define como bonos de exención de impuestos emitidos por un municipio o un intermediario financiero estatal, el cual está respaldado por la obligación moral -no legal- de un gobierno estatal para asignar fondos en caso de incumplimiento. Son bonos de mayor riesgo y por lo tanto dejan mejores rendimientos.PPD Otro Pivazo
Como en este caso la Asamblea Legislativa no consignó en el presupuesto los $93.6 millones que se deben pagar el PFC para este año fiscal (del total de principal de $1,090 millones), los acreedores tienen que reclamar primero al fideicomisario, que es US Bank. Esta es la entidad en cuyo fondo no se recibió la asignación para ser pagada.
EL VOCERO intentó conseguir una reacción del US Bank, en términos de si el PFC les ha notificado que no pagarán, pero Pat Swanson, de comunicaciones corporativas de esa institución se limitó a decir que “respetuosamente declinamos hacer comentarios”.

Como en el documento de venta de los mencionados bonos aparece una carta de crédito, esto será un recurso que utilizarían los bonistas para buscar el cumplimiento de la obligación. La carta se activa cuando no se ha consignado la apropiación (separación) del dinero al no aprobarse un presupuesto para el nuevo año fiscal. En este caso sí hubo la aprobación de un presupuesto pero no la asignación de fondos para la deuda.

Otro aspecto es que en ningún lugar del documento se utiliza el lenguaje de “moral obligation bonds”, pero siempre están identificados como “Commonwealth Appropriation Bonds”, que por definición se entiende que es una deuda moral.
Un punto que pudiera ser debatible en este asunto que apenas comienza a discutirse, es si los bonistas locales fueron bien informados, ya sea por los intermediarios del gobierno o las casas de corretaje que les vendieron los bonos del PFC. Eso incluye orientación referente al nivel de riesgo de la emisión y las implicaciones de una deuda moral.

La última emisión del PFC fue en junio de 2012, por $410,665,000 y se estableció que sería únicamente pagada en su principal e intereses por asignación legislativa, y se especificó en el escrito que “la Legislatura de Puerto Rico no está legalmente obligada a asignar fondos para dichos pagos”.

En la transacción participaron como intermediarios UBS FS Puerto Rico, BofA Merrill Lynch, Popular Securities, Santander Securities, Barclays, BBVAPR MSD, Citigroup, FirstBank PR Securities, Oriental Financial Services, Ramirez & Co. Inc, Raymond James/Morgan Keegan y Scotia MSD.

Esta deuda también fue comprada por las cooperativas de ahorro y crédito, por lo cual un impago colocaría en aprietos a varias cooperativas cuyas finanzas podrían peligrar. La Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), que mediante una estrategia gubernamental alentó a las cooperativas a comprar hasta más de $1,000 millones en deuda pública en el pasado, reconoce ahora que estas podrán recibir un golpe financiero, pero insiste que lo podrán manejar.Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.

Víctor Suárez dice gobernador “no hace la diferencia”

Según el secretario de la Gobernación es irrelevante que AGP esté de viaje mientras ocurre el primer impago
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Secretario de la gobernación, Víctor Suárez. Carlos Giusti / EL VOCERO
Por Obed Betancourt, Especial para EL VOCERO

El secretario de la gobernación, Víctor Suárez, justificó que el gobernador Alejandro García Padilla esté de vacaciones, en momentos en que el gobierno caerá por primera vez en impago, al no tener fondos para cumplir con sus obligaciones con la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).

Suárez dijo que “no hace diferencia” que el primer mandatario esté en la Isla cuando ocurra el impago de $57.9 millones a los bonistas, entre ellos las cooperativas locales. Otra expresión que realizó al preguntársele quién ‘daría la cara’ el 1 de agosto, cuando vence la fecha para emitir el pago, fue: “eso es algo que siempre ha manejado el Banco Gubernamental de Fomento”.

“Las vacaciones se programan”, dijo Suárez en entrevista radial (NotiUno) al tiempo que aseguró que está en constante comunicación con gobernador entre dos a tres veces al día.

Mientras, el gobierno intentará sacarle al país un billón de dólares adicionales con impuestos de todo tipo, como parte de su reforma fiscal, según tiene ante su consideración el Grupo de Trabajo de Recuperación Fiscal.

La Junta de Control Fiscal de cinco años que establecería el Grupo de Trabajo tendría el control para aprobar el presupuesto, decidir los contratos y los gastos de gobierno, reducir la jornada laboral y pudiera imponer gerentes de emergencia en las corporaciones públicas, un control del dinero tan grande que tendría que buscarse una manera constitucional de hacerlo pues es la Rama Legislativa la que tiene dicho poder.

Esta Junta tendrá entre sus componentes hasta dos miembros de la Junta de Reserva Federal de Nueva York seleccionados por García Padilla, más 3 o 4 designados por el Senado.

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El Grupo de Trabajo tiene ante sí una hoja de ruta titulada: “Economical and Fiscal Adjustments Plan Workstreams, Responsabilities and Update”-en poder de EL VOCERO- que impone fuertes medidas de austeridad y cambios en cuatro renglones: reforma estructural (que a su vez contiene una reforma para reducir costos laborales); reforma fiscal; infraestructura y privatización, y reforma institucional.

El recién nombrado secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, indicó que esa información “surge de un bosquejo que se utiliza como partida para la discusión del grupo de trabajo. Son recomendaciones contenidas en el informe Krueger que, junto a propuestas de otros sectores, serán evaluadas. No representa el informe final del grupo de trabajo”. El “bosquejo”, sin embargo, parece algo más que una reelaboración reducida del Informe Krueger.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó, en conversación con EL VOCERO, puso el grito en el cielo cuando se enteró que el “bosquejo” propone crear un nuevo Departamento de Finanzas y Economía.

“Eso sería una barrabasada porque lo único que está proveyendo actividad económica y proveyendo frutos es el crecimiento en turismo, el crecimiento en manufactura en nuevos proyectos. No sé de donde sale”, señaló.

“El que plantee una locura como eso, pues lo deben amarrar y tirar en medio del mar”, sentenció.

Más aún, nadie en el gobierno le ha compartido esa información, aceptó, mientras abandonaba La Fortaleza luego de una reunión.

“Al revés, hay que darle más recursos a Desarrollo Económico, y en eso hay acuerdo con todo el sector privado”, indicó. “Por cada $1,000 que se invierte en promover y atraer compañías como Lufthansa e inversionistas como Paulson, eso genera $100,000”, aseguró.

Igualmente, criticó que se pueda estar considerando fusionar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con el Departamento de Hacienda.

“Eso también son ideas que surgen y alguien las escribe y salen por ahí. Eso tampoco está sobre la mesa”. Este dijo que eso solo “está en un papel”. Este “papel” identifica a R. Barrios como el contacto en el Banco, a A. García como el contacto de la agencia y a una persona de apellido Conway como el asesor externo.

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Según la hoja, los asesores externos de reforma laboral son el bufete Fiddler González & Rodríguez, junto al secretario del Trabajo, Vance Thomas; y la asesora laboral de La Fortaleza, Mariangelys Medina. Fiddler ya está redactando un memorando legal, se indica.

La reforma laboral pretende reducir costos privados y públicos eliminando vacaciones hasta dejarlas en 15 días, reducir la licencia por enfermedad, eliminar los bonos, ajustar los requisitos de la “justa causa para despido”, es decir, flexibilizarlos de tal manera que los patronos no tengan demasiados contratiempos para despedir a un empleado, aumentar el período probatorio a dos años para lograr la permanencia, flexibilizar las leyes de empleo de los jóvenes que entran al mercado de trabajo y calcular de otra manera el tiempo extra, que ahora es a las 8 horas de trabajo diario.

“Está fuerte. Es inaceptable”, dijo en reacción el dirigente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí. Este destacó que Panamá tiene protecciones laborales similares a Puerto Rico y tiene un crecimiento cercano al 10%. El también líder de la Unión Independiente Auténtica (UIA), el mayor sindicato en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), sostuvo que un aumento a las corporaciones foráneas y eliminar las exenciones de los decretos contributivos pondrían a aportar a los recaudos.

“Qué más nos van a sacar” (a los trabajadores), cuestionó. Irene Maymí aseguró que estas medidas seguirán arrinconando la capacidad de sobrevivir de los trabajadores “y nada garantiza que funcionen”.

Entre otras medidas, el Grupo de Trabajo considera extender hasta el 2025 la Ley 66, mediante la cual las corporaciones ya recortaron beneficios a los empleados.

“Y cuando se queden sin dinero otra vez, qué otros impuestos van a poner”, agregó el líder sindical.

También se vislumbra abrir la generación eléctrica a la competencia para que baje la tarifa y reestructurar la deuda. El lenguaje adoptado en la hoja de ruta en este apartado parece descartar los proyectos de energía renovable ya aprobados, estrechando la producción de energía al petróleo.

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Lo que tiene ante sí el Grupo de Trabajo que preside el secretario de la gobernación Víctor Suárez, contempla también medidas que solo el Congreso puede intervenir, como eliminar la ley de cabotaje, y darle la autoridad a Puerto Rico para que decida si implanta cualquier aumento en el salario mínimo. Igualmente el Grupo de Trabajo considera eliminar los servicios sociales que los gobiernos federal y estatal tienen para los sectores más desprotegidos.

Ese esfuerzo incluiría reducir la cobertura de la tarjeta de salud,recortarle costos al Medicaid.

En el caso de la legislación federal, Puerto Rico lleva seis meses tratando de que el Congreso apruebe una enmienda a la ley de quiebras para que el ELA pueda acogerse a su capítulo 9, y no ha tenido éxito. Tampoco se ve promisoria esa legislación. La ley de cabotaje tiene el respaldo de la poderosa marina mercante norteamericana, y protege y crea empleos de buen sueldo, que en Puerto Rico son bien recibidos por las miles de personas que se emplean en los muelles locales.

Aunque en este momento el gobierno de Puerto Rico busca activamente la paridad con los estados en la aplicación del capítulo 9 y el Medicare, en la hoja de ruta se busca lo contrario, que se elimine a Puerto Rico de la aplicación automática de ciertas leyes federales, como del salario mínimo, el Medicaid.

Otra reducción de costos operacionales se buscaría liberalizando la competencia y eliminando la fijación de tarifas del transporte, un área que los camioneros han sido militantes en defender, sobre todo después de los varios impuestos al petróleo que han encarecido para ellos sus operaciones.

Como parte de la reforma fiscal, se buscará incrementar y ampliar más aún el impuesto de consumo hasta finalmente convertirlo en un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aunque la legislación actual no permite ese cambio sin un estudio. Igualmente se elevarían los impuestos a la propiedad hasta obtener alrededor de $350 millones y se comenzaría una retasación. Igualmente impondría $600 millones adicionales en impuestos a las empresas. En esta sección de ingresos se busca por lo menos $1,000 millones en impuestos. Otros $50 millones provendrían de amnistías contributivas.

Otras reformas fiscales, las que buscan ahorrarle gastos al gobierno, se resolverían según la hoja de ruta del Grupo de Trabajo, además de extendiendo la ley 66, congelando las formulas de asignación de fondos para la Universidad de Puerto Rico, la Rama Judicial y los municipios.

Los subsidios a la UPR deben reducirse, se cerrarían varios recintos y la matrícula se ajustaría al ingreso. Estas medidas, que ya han sido discutidas con el presidente de la institución, Uroyoán Walker, buscan reducirle $400 millones a esa casa de estudios, que podría incluir la eliminación de programas académicos y de centros de investigación.

También se congelarían los salarios y beneficios del gobierno central, y tampoco se llenarían las vacantes que ocurran.

Otra medida es reducir el número de maestros mediante atrición e incentivar el retiro, así como consolidar escuelas.

Igualmente, se busca la consolidación de agencias y corporaciones.

En cuanto a la infraestructura, se recomienda un plan de inversiones de $1,500 millones a cinco años. Este plan lo debe aprobar la Junta de Control Fiscal.

En el último renglón, de reforma institucional, se pretende recortar en $300 millones el pago de la deuda. También se busca fusionar el BGF con Hacienda. Pide además que el presupuesto se haga desde una base cero, idea que se ha levantado anteriormente pero ha fallado sistemáticamente en aplicarse

Otros funcionarios de gobierno que intervienen, según la hoja, son Luis Cruz Batista (OGP), Juan Zaragoza (Hacienda), Walker (UPR), Thomas (Trabajo), Nery Adames (DACO), Rafael Román (DE). Otros asesores externos son el CPA Juan Flores, el economista M. Bhatia, Luis Cao, el bufete O’Neil & Borges, y el economista Vicente Feliciano, entre otros.

El plan debe estar listo para el 30 de agosto.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene constante comunicación con La Fortaleza en asuntos de materia fiscal y en la discusión de los pasos que continúa dando el grupo de trabajo designado por el gobernador, indicó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza a EL VOCERO. Ofrecen asesoramiento técnico en cuanto a la creación de la Junta de Control Fiscal y el Plan de Ajuste Fiscal que debe elaborar el Grupo de Trabajo.

(Stephanie Gómez Álvarez colaboró en este reportaje)

 

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