Tras el plebiscito de 2012 y ante el reclamo de los estadistas de que en momentos en que se enfrenta a una gravísisima crisis fiscal la solución para Puerto Rico debería ser encaminarse a la estadidad, la respuesta de la Casa Blanca es que ese es un asunto que los puertorriqueños tiene aún que resolver.
En la sesión de informativa de ayer de la Casa Blanca, además de reiterar el rechazo a un rescate financiero para Puerto Rico, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, fue preguntado sobre expresiones del exgobernador Luis Fortuño de que sería más fácil resolver los problemas fiscales bajo la estadidad.
“¿Cuál es la posición del presidente sobre la estadidad para Puerto Rico?”, se le preguntó a Earnest.
“Nuestra posición ha sido de que esta es una decisión que tiene que tomar el pueblo de Puerto Rico. Sé que han habido unas series de estructuras, estructuras políticas que se han creado en las últimas dos décadas para tratar de resolver este asunto. Pero, nuestra posición sigue siendo de que esto es una decisión que tiene que tomar el pueblo de Puerto Rico”, respondió Earnest.
Tras el plebiscito de noviembre 2012, en el que el 54% de los electores rechazó el actual status territorial y el 61% apoyo la estadidad frente al Estado Libre Asociado soberano y la independencia – porcentaje que baja al 45% si se toman en cuenta los votos dejados en blanco-, la Casa Blanca del presidente Obama ha tenido sus tropiezos en torno a cómo lidiar con el tema de la estadidad.
Unos 24 días después del plebiscito, los entonces copresidentes del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico indicaron que los puertorriqueños expresaron en las urnas su interés en resolver el debate de status.
Tres días después, a principios de diciembre de 2012, preguntado el entonces secretario de Prensa de la Casa Blanca Josh Earnest, si los resultados de la consulta ameritaban echar hacia delante la plena anexión de Puerto Rico, mantuvo que las cosas no estaban tan claras.
Unas horas más tarde, bajo la presión de estadistas y por medio del entonces portavoz hispano, Luis Miranda, la Casa Blanca afirmó que las cosas sí estaban claras, pues “el pueblo de Puerto Rico quiere resolver el tema del status y que una mayoría seleccionó la estadidad en la segunda pregunta”.
La respuesta oficial vino por medio de un lenguaje federal incluido en el proyecto de presupuesto federal de 2013-2014, que ha sugerido vincular a la persona a cargo de la Secretaría de Justicia de EEUU con el examen sobre la constitucionalidad de las alternativas de status de un próximo plebiscito, a cambio de $2.5 millones para ayudar con la campaña educativa sobre la consulta que desarrolle la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ese lenguaje se convirtió en ley en enero de 2014.
(El actual presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Rob Bishop (Utah), admitió, sin embargo, que se enteró de ese lenguaje cuando El Nuevo Día le entrevistó sobre el asunto en noviembre pasado).
En mayo de 2013, la asesora de Asuntos Domésticos de la Casa Blanca y excopresidenta del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico Cecilia Muñoz advirtió que pese a ese lenguaje federal propuesto por el presidente Obama, las alternativas de status – incluso si debe incluirse en la papeleta el ELA territorial -, deben surgir de la Isla. “En el informe del Grupo de Trabajo (sobre Puerto Rico de 2011) se encuentra el listado de las alternativas que son legales, pero esto es algo que el pueblo de Puerto Rico debe decidir”, indicó entonces Muñoz.
Sin hablar del lenguaje federal que vincula al Departamento de Justicia estadounidense con una próxima consulta legislada en Puerto Rico, Earnest ahora reafirma que los reclamos de estadidad aún tiene que hacerse en San Juan, no en Washington, donde en última instancia se tomará la decisión.
Suspenden los pagos mensuales a la deuda del Gobierno central
El Banco Gubernamental de Fomento procedió según lo dispuesto en la Ley 102 de este año aprobada por García Padilla
El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) informó esta tarde que ha suspendido “temporalmente” los depósitos mensuales al Fondo de Redención a donde se envía el pago de las Obligaciones Generales (GOs, en inglés).
El agente fiscal informó la suspensión de la aportación mensual en los GOs -que a los ojos del mercado sería otro impago por parte de Puerto Rico- en un informe ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, por sus siglas en inglés). En este, el BGF informó que procedió con la suspensión de los depósitos al Fondo de Redención a la luz de lo dispuesto a la Ley 102 de este año.
El BGF plantea que no cumplir con la Ley 39 de 1976, no constituye un impago. Con todo, la no aportación al Fondo de Redención de los GOs supone el primer incumplimiento de ese estatuto en casi 40 años.
El anuncio se produce al tiempo en que la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, informó que, en definitiva, el gobierno puertorriqueño no pagará hoy lunes unos $58 millones en principal e interés correspondiente a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés).
La ley 102, aprobada por el gobernador Alejandro García Padilla, deja sin efecto una ley aprobada en 1976 y que establecía que cada mes, el Gobierno enviaría al Fondo de Redención de GOs, una sexta parte del pago de intereses y principal que se remite a los bonistas dos veces al año. La medida, según el Gobierno, se aprobó para proteger la escasa liquidez que padece el Fondo General y que terminó el año fiscal 2015 con un sobregiro de unos $600 millones.
Desde finales de junio, luego de que García Padilla informara que la deuda del gobierno puertorriqueño “es impagable”, los bonos de Puerto Rico han ido a la baja registrando nuevas bajas históricas. Esa caída se refleja en el índice de bonos de la Isla que maneja la firma Standard & Poor’s Dow Jones Indices. En apenas 34 días, el SAPI PR ha menguado en casi 11%, pérdida que se sumaría a la que registran las acciones de la Isla agrupadas en el Puerto Rico Stock Index (PRSI, en inglés) y que en lo que va de año, ha perdido otro 18%, aproximadamente.
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