La secuela del incumplimiento en el pago a los acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) incluye llamadas constantes de los bonistas a las casas de corretaje, publicidad negativa a
nivel internacional y mayor incertidumbre de qué ocurrirá con los obligaciones pendientes en el calendario de deudas del Estado Libre Asociado (ELA).
Los teléfonos no han dejado de sonar en todas partes (oficinas de corredores, bufetes de abogados y en el gobierno), mientras los rendimientos en torno al 5% o 6% de los acreedores locales, esta vez no se aproximan a sus destinatarios.
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Es solo el comienzo de la renegociación que intenta llevar a cabo el gobierno, con un aviso contundente de que a los términos originales, no habrá cumplimiento cabal.
Standard & Poor´s ya sentenció la deuda de $1,000 millones del PFC con una nota de D, que supone la imposibilidad de cobro, lo cual a todas luces hacen de este instrumento uno con menos valor del que ya arrastraba con la deteriorada calidad crediticia de la deuda local, que en conjunto suman $73,000 millones.
En el marco de la reestructuración que deberá despegar a partir de septiembre, de por medio está la amenaza de un recorte de hasta 30% de la deuda para los tenedores de bonos del ELA y de sus dependencias públicas (en el menos malo de los casos), y la espera de un tiempo más prolongado para empezar a recibir lo convenido.
Arturo Estrella, profesor de economía en el Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York, dijo a EL VOCERO que “en cuanto al impago, lo más importante para los mercados financieros es la información. El hecho de que ocurriera un impago en general no debe representar nueva información después del anuncio del gobernador a fines de junio de que la deuda pública es impagable”.
Sin embargo, destacó que “el pronunciamiento de junio –del gobernador Alejandro García Padilla- no hizo claro los pasos concretos que va a tomar el gobierno y por lo tanto hizo poco para reducir el nivel general de incertidumbre, posiblemente lo aumentó”.
En el informe de Standard & Poor´s, al degradar la deuda del PFC, se sostiene que “este primer impago de Puerto Rico sobre la deuda tributaria representa una desviación importante de la práctica anterior
de Puerto Rico en la financiación oportuna del servicio de su deuda”.
S&P presagia que llegarán otros incumplimientos porque lo que está demostrado es la falta de liquidez del ELA, que seguirá en picada y –como ocurrió- lleva al gobierno a elegir qué deuda pagar y cuál no.
Según el analista de mercados Triet Nguyen, gerente director de la firma de asesoría financiera NewOak en Nueva York, “ya no necesitamos una prueba de que el Estado es, para efectos prácticos, insolvente”.
“A pesar de todos los titulares sensacionalistas, creemos que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo para conservar efectivo, puesto que ya no tiene acceso a los mercados. Es alentador que ellos están tratando de priorizar la deuda pagando sólo la deuda garantizada por el gobierno (incluyendo la deuda del BGF) y no la deuda de apropiación como PFC”, analizó Nguyen, y agregó que en ese sentido “creemos que es una buena señal para las próximas negociaciones de reestructuración de toda la deuda”.
A la pregunta de cuál podría ser el impacto del incumplimiento de la Isla en el mercado municipal de bonos, donde es el tercer emisor más grande, Nguyen contestó que “el default de la deuda del PFC no debería tener un efecto
inmediato en el mercado de bonos municipales en general, pero puede obligar a los inversores a volver a evaluar lo que llamamos ´riesgo de no apropiación´ para ciertos bonos de obligación moral”.
Nguyen explicó que, por ejemplo, el estado de Nueva Jersey realiza la mayor parte de su endeudamiento a través de deuda apropiación, pero en el pasado “los inversionistas han sido un tanto complacientes al ver esos bonos como si fueran GO´s. Ahora, de cara al futuro, podrían requerir una prima de rendimiento muchomás alta para dicha deuda”.
La llamada deuda moral o de apropiación depende de que la Legislatura realice la asignación de fondos para su pago, pero no cuenta con garantía alguna.
En vista del nuevo escenario y al observar la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que el gobierno inició hace un año, Nguyen dijo que ese trabajo se encuentra en una etapa muy avanzada “por lo que no deberían verse afectada” las negociaciones con el primer incumplimiento de deuda en Puerto Rico.
“El único problema es que los acreedores de la AEE aún no entienden la necesidad política para que puedan compartir la carga, en otras palabras, tener un recorte más grande”, declaró el analista.
A petición de EL VOCERO, la AEE reaccionó por escrito y argumentó que “en estos momentos, la Autoridad de
Energía Eléctrica mantiene reuniones constantes con sus acreedores, en un esfuerzo para cumplir con el plazo de los acuerdos de reestructuración, propuesto para el 1 de septiembre de 2015”.
De esa manera, rechazaron algún impacto por el impago del PFC y reiteraron que “la AEE se mantiene enfocada en su proceso de reestructuración, por lo que no estará haciendo comentarios sobre la situación fiscal general del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
https://youtu.be/T2s06dwpnAw https://www.youtube.com/watch?v=T2s06dwpnAw&feature=youtu.be
Para este año fiscal que comenzó el 1 de julio, el ELA y sus dependencias públicas tienen vencimientos en principal e intereses por $5,000 millones, de una deuda de $61,500 millones (de los $73,000 millones de deuda total), lo cual no incluye préstamos ni líneas de crédito.
En GO´s, que es la deuda garantizada por la constitución y sobre la cual existe mayor preocupación, esta totaliza $12,470 millones y el servicio para este año es $1,127 millones.
El BGF tiene pendiente $1,069 millones, de su deuda total de $4,241 millones en notas y en días recientes pagó $169.6 millones. En cuanto a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), con una deuda total de $15,223.8 millones, sus pagos para este año suman $654.4 millones, y de los $8,107.9 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), su pago en agenda es de $616 millones.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Retumba el impago
Luego que agencias internacionales de noticias y diversos diarios estadounidenses reseñaron en primera plana el impago de Puerto Rico -primero en la historia de la Isla- la administración de Alejandro García Padilla pareció minimizar la cobertura y el efecto que pueda tener en los mercados financieros y en la situación fiscal del país.
El diario USA Today tituló ayer: “Puerto Rico defaults on $58M debt” (Puerto Rico incumple un pago de $58 millones), en referencia al incumplimiento con el pago a la Corporación de Financiamiento Público (CFP).
Mientras, la cadena internacional de noticias Deutsche Welle publicó “Puerto Rico fails to make loan payment; Moody’s calls it a default” (Puerto Rico no realiza el pago de la deuda; Moody’s lo llama impago) y la cadena internacional de noticias CNN envió alertas telefónicas y anunció: “Puerto Rico goes into default for the first time in its history” (Puerto Rico entra en default por primera vez en su historia).
En entrevista con EL VOCERO, Jesús Manuel Ortiz, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, dijo que en la administración García Padilla “no estamos viendo la cobertura como una positiva o negativa sino más bien es el reflejo de la situación fiscal que heredamos”.
“Estamos concentrando los esfuerzos en atender esta realidad, llevar la información correcta de la situación que atraviesa Puerto Rico en términos económicos”, sentenció.
Sobre el efecto de la cobertura de medios en el mercado y la imagen de Puerto Rico, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, se limitó a decir, en declaraciones escritas a pedido de EL VOCERO, que “una vez este el Plan de Ajuste Fiscal, comenzaran las reuniones con los bonistas para dialogar sobre reestructurar la deuda. PFC (CFP) será uno de los grupos con quienes nos reuniremos”.
El secretario de Asuntos Públicos apostó también al Plan de Ajuste Fiscal que prepara el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica designado por el primer ejecutivo.
“Las noticias que han estado saliendo, esas que me comentas en particular, reflejan la realidad fiscal que hay. El enfoque es llevar la información correcta tanto a los mercados como a los medios y trabajar para salir de la situación que encontramos”, agregó.
En cuanto a la decisión de Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) de degradar a su nivel más bajo, “D” (de imposible cobro), la clasificación de la deuda de la CFP, Ortiz indicó que “ese tipo de reacción del mercado muchas veces es impredecible, pero siempre está dentro del marco de posibilidades”.
“El Plan (de Ajuste Fiscal) es el inicio del proceso. Se tomó como base el Informe Krueger, obviamente hay recomendaciones del informe que serán parte del plan y otras no lo serán. Hay recomendaciones que vienen de otros sectores de la sociedad. Así que una vez se termine ese trabajo estará más clara la ruta que se estará siguiendo para atender la situación”, apuntó al tiempo que dijo que todavía no se han iniciado conversaciones formales con ningún acreedor.
Mientras, Acosta Febo indicó que, “precisamente, trabajando para reestructurar la deuda de PFC (CFP), se buscará un periodo de moratoria en los pagos de principal, parecido a lo que ocurre en PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica)”.
Crucial la liquidez para pagar GO’s
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, informó, a preguntas de EL VOCERO, que el próximo pago de las Obligaciones Generales (GO’s por sus siglas en inglés) debe emitirse en enero de 2016 por la cantidad de $375 millones.
Acosta Febo no pudo garantizar el pago de esta deuda asegurada por la Constitución de Puerto Rico, pero indicó que “seguimos trabajando para mejorar la liquidez del Gobierno central para que se pueda hacer los pagos”.
Las declaraciones de Acosta Febo están a tono con las que hizo hace dos semanas el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, quien aseguró que aunque el pago de los GO’s está asignado en el presupuesto dependerá de la liquidez.
El funcionario dijo a EL VOCERO que el Gobierno tendrá que hacer un balance entre el compromiso constitucional que tiene el país con esta deuda y la responsabilidad que tiene el Estado de prestar los servicios de seguridad, salud y educación a la ciudadanía.
“Reconocemos la prioridad de los GO’s sobre otras deudas y la diferencia con otras deudas, pero
también hay que reconocer que hay un deber del Estado de mantener unos servicios de salud, unos servicios de educación y seguridad a nuestro pueblo, esos elementos hay que mirarlos. Así que es parte del proceso en una
negociación, que ambas partes acuerden modificar unos términos y condiciones de unos pagos que hoy se hacen sumamente difíciles”, sentenció.
¿Y si los tenedores de los GO’s no aceptan renegociar los términos de pago? ¿Cómo garantizar ahora que los servicios de salud, seguridad y educación no se van a afectar si la decisión de renegociar no cae solo en el Gobierno de Puerto Rico? ¿Por qué mejor no preparar a la gente sobre lo que puede pasar?, preguntó EL VOCERO.
“Te entiendo. Esto va ser un proceso la mar de interesante y va ser un proceso difícil, en el sentido de que hay ‘issues’
legales y sociales. Es un ‘issue’ del Estado cumpliendo con lo que tiene que hacer desde el punto de vista legal, moral y social. Esa va ser la ecuación que tendremos que balancear en los próximos meses. Ese es el gran reto. Por esos decimos que hay que mirar esto como un gran todo”, respondió.
“Hay que llevar un mensaje de que el Gobierno tiene que seguir operando, de que hay unos servicios que dar y que tienes que buscar la forma de que esta negociación entre los bonistas y Puerto Rico, al final del día sea positivo. También tenemos que de alguna forma lograr que ese dólar se invierta para que la economía se siga desarrollando”, apuntó.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Advierte TRS
Los funcionarios de la actual administración podrían enfrentar cargos criminales por las decisiones que están tomando ahora respecto a los bonos del país, según el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz, quien opinó que estas decisiones violentan la Constitución y las leyes que protegen a los ciudadanos contra la negligencia de sus gobernantes.
“Hay negligencia crasa y responsabilidad criminal en muchos de los funcionarios de la actual administración que están tomando estas decisiones y el gobierno del PNP va a tener que fijar responsabilidades si el pueblo le da la oportunidad de gobernar”, dijo Rivera Schatz en entrevista con este rotativo.
Cuando se le preguntó si en estas expresiones incluye al gobernador, Alejandro García Padilla, el expresidentes senatorial dijo que “hay que fijar responsabilidad criminal contra todos los que tengan vinculación directa por este acto claramente negligente”.
El gobierno incurrió ayer en el primer impago de su deuda al no pagar los casi $60 millones en bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PCF, en inglés). Esto, a pesar de que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sí pagó otros bonos por $169 millones.
“Me parece que es un acto de negligencia crasa del ejecutivo primero porque el dinero fue identificado y separado en el presupuesto y así lo ha expresado el presidente de la Comisión de Hacienda (José) Nadal Power. En primer lugar, me parece que es un acto de negligencia crasa sobre el cual debe fijarse responsbilidades”, dijo Rivera Schatz. “En segundo lugar, creo que el Partido Popular tiene a su haber la muy bochornosa situación de dos eventos muy lamentables. Primero, bajo Aníbal Acevedo Vilá se cerró el gobierno por su incapacidad de administrar y ahora el impago de la deuda”.
Mencionó específicamente dos artículos del Código Penal – 262 y 263 – que hablan de omisión en el cumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber. Ambos pueden ser considerados delitos menos grave con penas de hasta tres años.
Aseguró que la noticia del impago le da “vergüenza a los puertorriqueños porque los puertorriqueños no son así”.
“Ciertamente, si había dificultad con el pago, aun cuando se puso en el presupuesto, como ha dicho Nadal Power, el gobernador pudo haber convocado una extraordinaria para atender eso”, dijo Rivera Schatz. “Pero prefirió irse de vacaciones, al igual que el secretario de Estado, sin atender esto con la seriedad que amerita un asunto tan complicado y que puede tener una consecuencia por muchos años para la reputación de Puerto Rico”.
A su entender, la decisión de un impago tiene consecuencias en todos los frentes.
“Se afecta todo el mundo. Todo lo que es servicio. De igual manera, empiezan a afectarse todos los sectores porque siguen cerrando puertas al gobierno para operar ante el impago y la ausencia de financiamiento para que el gobierno pueda continuar como corresponde”, dijo Rivera Schatz.
Cuestionó además que el gobierno decidiera incumplir con este pago, cuando ha gastado la misma cantidad en asesores y mucho más -$12 mil millones– en contratos.
“Incumplir con un pago que es mucho menor de lo que le pagaron a asesores financieros demuestra incapacidad y la negligencia crasa de este gobierno”, dijo. “El Vocero publicó que han gastado $12 mil millones en contratos mientras alegan que no hay fondos”.
La decisión del gobierno de no pagar estos bonos ha sido criticada incluso desde adentro del Partido Popular. El representante popular Luis Raúl Torres dijo a este rotativo que no sabía por qué decidieron irse al impago y recordó que la opción era acudir ante la Asamblea Legislativa para pedir acceso al dinero puesto en un fondo.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
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