A su llegada al país, tras unas vacaciones que coincidieron con la fecha del hecho sin precedentes del vencimiento del plazo del pago de $57.9 millones a los bonistas de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), el gobernador Alejandro García Padilla aseguró que tal impago no era un incumplimiento de las obligaciones del gobierno.
“Jurídicamente no es un incumplimiento por el modelo de contratación que tiene esa corporación en particular”, defendió el primer mandatario, en sus primeras declaraciones tras el impago que cobró efectividad el 3 de agosto.
Además, reiteró que su deber como gobernador es “garantizar que el gobierno tenga el flujo de efectivo, dinero necesario para que la policía opere, para que el Centro Médico opere y eso para mi es de suma importancia, que la gente reciba los servicios”.
Durante una entrevista con la prensa en La Fortaleza, García Padilla, quien estuvo fuera del país 11 días, dijo esta tarde que tomó la decisión con conocimiento de que el presupuesto aprobado por la legislatura no incluía esa partida. El gobierno solo pagó $628,000 de la totalidad de la deuda con los bonistas de la PFC correspondientes al pago parcial de intereses.
AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico.
“Es importante que el país sepa que no todas las obligaciones son iguales, en este caso jurídicamente no es un incumplimiento”, repitió a los periodistas.
Así las cosas, minimizó el impago y dijo que los dos elementos importantes que afectan la vida cotidiana de los puertorriqueños, la criminalidad y el desempleo, están en un mejor estado que el pasado cuatrienio.
“Aquí hay dos elementos, el crimen sigue bajando y cuando comparas los numero de desempleo también, eso es lo mas que afecta la vida cotidiana de la gente. En cuanto a la deuda publica, pues la información es la que conocen”, sostuvo.
Sobre el plan del Grupo de Trabajo para reestructurar la deuda, dijo que recibe un reporte del secretario del Gobernación, Víctor Suárez con cada reunión y que el plan estará listo para el 30 de agosto.
Además, mencionó que ha sostenido reuniones informales con los acreedores y que la disposición de la mayoría de estos “es muy buena, pero necesitan ver que va a hacer Puerto Rico para que no vuelva a suceder”.
“Vamos a presentar cuál es el camino para que el país salga de la crisis que heredamos”, manifestó, al asegurar que en para atender este tipo de crisis se requería medidas extraordinarias. “Es un plan de control fiscal pero es un plan que permite a los purtorriqueños, saber a ciencia cierta, a dónde va a ser el resultado a dónde nos va a llevar”, agregó.
De otro lado, hizo un llamado a la unión, tanto a miembros de su partido, como de la oposición, para unirse en este plan de reestructuración.
Respecto a la salida de la delegación del Partido Nuevo Progresista, aseguró que “es importante que regresen por Puerto Rico”.
“Tenemos que desvincularnos de ese sombrero de división partidista y ponernos la ropa de Puerto Rico, él (Pedro Pierluisi) y todos los que se desenvuelven, no es política es matemática, las puertas están abiertas”, afirmó García Padilla.
Al inicio de sus declaraciones justificó su ausencia en la isla, tras visitas a Colorado, Washington y luego unas vacaciones personales con su familia al asegurar que “uno es gobernador, pero también es papá y esposo”.
“El 99.99 % del país sabe la importancia de ser papá y esposo. Me siento muy orgulloso de la atención de Wilma (Pastrana) con mi familia. Creo que tanto ellos como yo lo necesitábamos. El viaje, en realidad, fue buena parte de reuniones de trabajo y unos cuantos días con mis hijos”, 
puntualizó.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
¿Cómo la Isla acumuló una deuda tan cuantiosa?
Puerto Rico se tambalea bajo una deuda pública de 72.000 millones de dólares que su gobernador dice no puede pagar y debe reestructurar.
La isla ya dejó de hacer un pago de su deuda y su declinante situación económica ha ahuyentado a los inversionistas, que temen se encamine a una mora de pagos, sin opciones para un rescate ni una declaración de bancarrota.
A continuación presentamos una explicación de cómo Puerto Rico acumuló una deuda tan cuantiosa, cómo su estatus territorial complica el asunto y cómo pudiera salir de una crisis de casi una década.
Un territorio con una deuda creciente
Puerto Rico se convirtió en territorio de Estados Unidos en 1898 y ganó una autonomía política limitada cuando el Congreso aprobó su Constitución en 1952. Pero algunos argumentan que el complicado estatus político de la isla ha acelerado su declinación económica, porque recibe menos fondos federales que los estados norteamericanos, y debe recibir aprobación de los legisladores para ciertas acciones en momentos en que trata de controlar su deuda.
Alguna vez el café y el azúcar fueron el motor de su economía, pero a medida que la agricultura disminuyó Puerto Rico comenzó a recibir incentivos fiscales federales que atrajeron a fabricantes, especialmente compañías farmacéuticas, de Estados Unidos.
El Congreso eliminó gradualmente esos incentivos para el 2006. Entonces la economía cayó en picada, y empeoró al estallar la crisis financiera estadounidense en el 2008. Los gastos gubernamentales continuaron sin control y se recurrió a los préstamos con el fin de tratar de cubrir los crecientes déficits. Los puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses, pueden mudarse libremente a Estados Unidos, y aproximadamente una tercera parte de las personas nacidas en la isla ahora viven en el país, lo que deja una reducida base de recaudación de impuestos.
La bancarrota no es una opción
La deuda de Puerto Rico se ha triplicado en apenas 15 años. Pero al igual que los estados y territorios estadounidenses, no puede declararse en bancarrota bajo la ley federal. Sin embargo, las municipalidades en Estados Unidos y las empresas públicas sí pueden declararse en quiebra.
Las empresas públicas de Puerto Rico están fuertemente endeudadas y el gobierno de Alejandro García Padilla está presionando para que tengan derecho a declararse en bancarrota. La propuesta no tiene apoyo de los republicanos en el Congreso, cuya aprobación necesita. García firmó una ley de reestructuración de la deuda el año pasado, pero un juez federal la declaró inconstitucional luego que dos compañías estadounidenses que representaban a tenedores de bonos presentaron una demanda.
¿Qué va a pasar?
La Casa Blanca dice que no se está ponderando un rescate federal. Funcionarios del territorio afirman que podrían iniciarse negociaciones serias con los acreedores una vez que se presente el plan de reforma fiscal de cinco años para el 30 de agosto.
Mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico pudiera enfrentar demandas si continúa dejando de hacer pagos de su deuda. La isla no efectuó este mes uno de 58 millones de dólares de sus bonos, la primera vez que no lo hace. El gobierno advierte que sus fondos generales pudieran agotarse para noviembre.
Los partidarios de que la isla se convierta en un estado norteamericano dicen que la crisis económica muestra por qué Puerto Rico debe pasar a ser el 51er estado de la unión, mientras que los independentistas consideran que la situación respalda su causa.
Por su parte, los economistas creen que Puerto Rico debe estimular su sector turístico y modernizar su infraestructura. Líderes puertorriqueños dicen que, si el territorio pudiera quedar exento de la Ley Jones de 1920 —la cual afirma que solamente barcos propiedad de un estado norteamericano, y construidos y operados por éste, pueden transportar carga hacia y desde la isla_, eso generaría empleos marítimos, reduciría su deuda y rebajaría el costo de algunos productos, especialmente el crudo.
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