Según fuentes, la AEE es la que está poniendo reparos porque en los escenarios para cumplir sus obligaciones con los bonistas se propone un aumento en la tarifa de luz o algún tipo de cargo adicional a la tarifa que serviría como colateral para el pago de los bonos, algo que podría afectar a los consumidores ya agobiados por el alza en algunos impuestos.
“Esto es algo más bien político”, sostuvo acerca de la renuencia de la AEE.
Otra fuente aseguró que ambas partes no se están reuniendo con la frecuencia deseada por al menos un grupo de bonistas poder llegar a un consenso. Se tiene que llegar a un acuerdo para el 1ro de septiembre, o el acuerdo de indulgencia de pagos extendido varias veces terminaría de forma automática.
Las declaraciones de las fuentes acerca de las negociaciones no se pudieron confirmar de forma inmediata con la AEE pero parecen corroborar algunas declaraciones que han hecho los bonistas a medios de negocios en los Estados Unidos. Timothy Coleman, de ‘Blackstone Group’, uno de los grupos que negocia con la AEE dijo a Bloomberg TV que si la AEE sube las tarifas podrá cumplir con sus obligaciones.
Esto es debido a que en agosto del 2014, la AEE cobraba unos 28 centavos el kilovatio hora y ahora cobra unos 22 centavos el kilovatio hora. Si la tarifa se aumentase en tres o cuatro centavos, la AEE, que tiene una deuda de $9 mil millones, podría aumentar su solvencia.
La corporación pública tiene que implantar otras acciones para tener solvencia, como reestructurar sus operaciones y renovar sus plantas.
Según Coleman, la AEE tiene problemas con la oferta de recuperación hecha recientemente por los bonistas aunque está dispuesta a aceptar algunas áreas. Sin embargo, aseguró que tanto las aseguradoras como los bonistas están preparadas para llegar a un acuerdo.
“No entendemos por qué no quieren aceptar un acuerdo ahora”, sostuvo.
La AEE ha recibido varias ofertas de acuerdos pero la más reciente, hecha por el Grupo Ad Hoc, proponía un intercambio de deuda de $8 mil millones, una moratoria en el pago de deuda y unos $2,500 millones en dinero para mejoras capitales. La oferta fue rechazada por la AEE.
Moody’s Investor’s Service en un informe esta semana advirtió que de concretarse un acuerdo, forzosamente tendría que incluir algún tipo de intercambio de deuda con los acreedores, que constituiría un impago. La agencia también advirtió que los bonistas incurrirán en pérdidas.
Una resolución que sirvió de base para otorgarle al exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan Alicea, una pensión tipo ‘Cadillac’ va en contra del propio Reglamento de Retiro de la AEE.
Según el director de Recursos Humanos de la AEE, Víctor Oppenheimer, la Resolución 3655 de la Junta de Gobierno del 22 de septiembre de 2009 que establece que todo jubilado que reingrese a la AEE para ejercer funciones en el servicio de confianza o de carrera se le garantice, luego de prestar los servicios, todos los derechos y beneficios que le concedieron la Autoridad y el Sistema de Retiro al momento de su jubilación o jubilaciones, la que fuera mayor. A Alicea se le dio una pensión de $9,361, superior a los $5,849 que recibía.
Sin embargo esa resolución violenta el propio reglamento que establece en la página 61 que un miembro de la AEE que después de estar recibiendo pensión decide reingresar al servicio como empleado, se considerará para todos los efectos un nuevo empleado y miembro del sistema. Una vez reingrese a la AEE se le deja de pagar la pensión.
A la fecha de su segunda jubilación, el miembro recibirá una pensión igual a la recibía antes de su reingreso al servicio más la pensión que acumule como nuevo miembro por el servicio acreditado con posterioridad a su ingreso. En la página 91, el Reglamento establece que la aportación al sistema se computará sobre el salario básico bruto hasta un máximo de $50 mil anuales. No se considerarán aumentos anuales que excedan el 10%.
Esta disposición aplicaba a Alicea, quien se retiró de la AEE en el 2009 y regresó en el 2013 ya que la misma fue incluida en el 1993, más de una década después que llegara a la AEE. Alicea comenzó a trabajar en la AEE cuando se graduó de la universidad y ya para el 1983 era jefe de operaciones y gerente de mantenimiento y conservación en la Planta de Aguirre.
Sin embargo, según fuentes, el Sistema de Retiro de la AEE, cuyas decisiones son ratificadas por la Junta de Gobierno, compuso una pensión base a Alicea que se le computo su pensión en base a todos los años de servicio en vez de dejarle la pensión que ya tenía y sumarle lo que había acumulado luego de reingresar en el 2013 hasta volver al retiro este año.
“Cogieron los tres años mas altos, los dividieron y lo multiplicaron por 75%”, sostuvo una fuente.
El vicepresidente de la UTIER, John Cestare, dijo que hasta donde conoce las resoluciones tienen que ir a la par de los reglamentos y no conoce que se hayan hecho excepciones. Sin embargo, un pasado director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, también se supo que recibió una pensión jugosa de la AEE. La pensión que se llevó el exdirector Josué Colón de $9,000 fue posteriormente retractada.
La mayoría de los fondos del Sistema de Retiro de la AEE se nutren de las aportaciones de los propios empleados e inversiones del sistema. La salida de Alicea de la dirección de la corporación pública se dio en medio de supuestos forcejeos por las propuestas de la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, con la que al parecer tanto él como otros miembros del organismo no estuvieron de acuerdo.
En aquel entonces, renunciaron el director de Finanzas, Luis Figueroa Báez, la secretaria de la Junta, María Méndez, y el director de la División de Asuntos Jurídicos, Jorge Concepción Rivera porque el plan de reestructuración supuestamente promueve que un operador independiente se haga cargo de la Autoridad, y por cambios en la forma en que se escoge a los miembros de la Junta. No obstante, la versión oficial de la AEE fue que se acogieron a la jubilación. A su vez, dos fuentes cercanas a los bonistas aseguraron que no pidieron la renuncia de ningún miembro de la Junta. Uno de ellos incluso acusó a La Fortaleza de querer culpar a los bonistas para tapar la movida promovida por la Mansión Ejecutiva. Otra fuente dijo que los bonistas estaban molestos por la forma en que la gerencia maneja las finanzas de la AEE.
Días después, el presidente de la Junta de Gobierno, Harry Rodríguez, anunciaría la jubilación inmediata de Alicea asegurando que la Junta no le pidió que se quedara porque la decisión de retirarse es personal “y no intervenimos en eso”. La Junta es la que toma la decisión de remover al director ejecutivo.
Agravia de nuevo la AEE al fisco y al pueblo
Muy poca comprensión y apoyo a sus difíciles decisiones de reestructuración fiscal puede recibir la actual administración pública cuando el pueblo se enfrenta, no a una ilegalidad, sino a la inmoralidad institucional que constituye la pensión de por vida de más de $9,300 mensuales otorgada al exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El monto de la pensión de que disfrutará el ingeniero Juan Alicea Flores contiene además todos los elementos agravantes de un derroche de dinero público: la concesión ocurre en momentos en que la corporación pública que este dirigió por apenas dos años y cinco meses padece su peor crisis fiscal y operacional. Ello ha requerido cantidades millonarias de dinero para buscar cuando menos atenuar los efectos de la grave su situación.
Esta movida, aprobada por la Junta de Gobierno de la AEE, representa un aumento de por vida de $45,206.40 sobre la pensión original del ingeniero Alicea, otorgada cuando se jubiló en el año 2009 y la que le representa poco más de $300 diarios de ingresos, prácticamente la media de las pensiones que reciben los servidores públicos -incluidos maestros- cuando se retiran luego de ingentes años de buen servicio a su pueblo.
A la exorbitante cantidad de la pensión hay que agregar los costos de un plan médico y los demás beneficios que asisten a los retirados de la atribulada Autoridad de Energía Eléctrica. Además, en su momento, Alicea Flores recibirá el equivalente a 300 horas de vacaciones acumuladas y cerca de $58,000 correspondientes a un año de sueldo.
Las condiciones del retiro de Alicea Flores se conocían desde inicios del año 2013 cuando la junta de gobierno de la Autoridad, compuesta aún por miembros nombrados por el gobernador Luis Fortuño, aprobó la Resolución 4009 que dispuso para el retiro.
Dicha resolución fijó en $170,000 el salario anual del director ejecutivo y estableció que a éste le aplicarían las disposiciones de otra resolución de 2009 a los efectos de que a todo jubilado que reingrese a la autoridad para ejercer funciones de confianza o de carrera se le garanticen todos los derechos y beneficios que le fueron reconocidos al momento de su jubilación original.
De ahí que Alicea Flores, con 28 años de servicio, se vaya de la AEE con la jugosa y descomunal pensión y el costoso plan médico, privilegio que en la actualidad no disfruta ningún empleado público con menos de 30 años de servicios.
Irónicamente, la Resolución 4009 se aprobó por aquella junta de gobierno justamente en medio de la controversia surgida en torno a la pensión de $38,439 mensuales que se otorgó mediante artimañas al entonces saliente director ejecutivo Josué Colón, quien -forzado por una opinión pública indignada- se vio obligado a devolver el dinero que la junta de gobierno le había facilitado.
En aquella ocasión, el gobernador Alejandro García Padilla solicitó al Departamento de Justicia que investigara a los miembros delcuerpo rector de la Autoridad, a quienes de paso les exigió prudencia a la hora de otorgar beneficios.
Los resultados de la solicitud del primer ejecutivo no fueron conocidos, pero es obvio que lo menos que ha incursionado en esa corporación pública ha sido la moderación en la concesión de privilegios a sus altos ejecutivos.
Desligándose de todo tecnicismo legal, los funcionarios correspondientes deben sentirse obligados a condenar, agregando a la condena las consecuencias que sean de rigor, el ejercicio de inmoralidad con rubro de Estado que constituye ese dispendio de dinero y actuar para que, por fin, en la Autoridad de Energía Eléctrica y en cualquiera otro ente gubernamental, se ponga un firme detente a ese desfile de agravios al fisco.
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